La determinación de las secuelas neuropsiquiátricas suele ser un problema frecuente en los procedimientos judiciales. La entrada en vigor de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, y su baremo, ha supuesto un cambio importante en los criterios de determinación de daño.