En la práctica clínica suele plantearse con relativa frecuencia el caso en el que un paciente rechaza una propuesta de intervención sanitaria que se estima puede ser beneficiosa para el paciente y de bajo riesgo. Según la Ley General de Sanidad, y la Ley de Autonomía del Paciente es el paciente quien tiene que expresar su voluntad, y esta debe ser respetada por el equipo asistencial.
Existen un conjunto de criterios establecidos para determinar como debe obtenerse un consentimiento informado. Y uno de los más importantes es la capacidad del paciente. Por ello es necesario en situaciones conflictivas realizar una valoración de la capacidad del paciente para otorgar consentimiento. En estos casos en el Grupo Senes realizamos un informe pericial.