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  • Conducta suicida, atención telefónica y coordinación con psiquiatras de guardia y CSM

    La Ministra de Sanidad acaba de anunciar que se pone en marcha el 024, una línea de atención telefónica para las personas en riesgo de suicidio. En su primer día en funcionamiento ha atendido mil llamadas. Creo que es una buena iniciativa, pues se tiene experiencia en muchos países de servicios similares y de su eficacia. También en España ha habido ONGs que desde hace décadas han venido ofreciendo este servicio. ¡Bienvenido sea el 024! Se ha informado que será la Cruz Roja la que se encargará de prestar este servicio, una organización que ya tiene experiencia en la atención telefónica. El Ministerio ha creado un grupo de trabajo para implementar este proyecto y, con gran sorpresa, nos hemos enterado de que no se ha contado con las organizaciones representativas de los más de cuatro mil psiquiatras que trabajamos en España (aunque matizan). No hay psiquiatras ni en el grupo que está diseñando el servicio, ni está previsto que los haya entre quienes prestan la atención telefónica. Cada día entran de guardia cientos de psiquiatras, y médicos residentes, en nuestros hospitales públicos y privados. Entre las tareas de un psiquiatra en una guardia está el evaluar a personas que han realizado un intento de suicidio, o tienen ideas de suicidio. Los psiquiatras de guardia hacen una historia clínica, valoran factores de riesgo y de protección, identifican apoyos, hablan por teléfono con familiares y amigos del paciente, etc. Finalmente, se toma una decisión respecto a si precisa o no ingreso, y si se deriva a alguno de los canales establecidos para atención preferente. Cada comunidad autónoma tiene sus propias vías de derivación para evitar que el paciente que ha hecho un intento de suicidio no tenga que sufrir la lista de espera genérica en salud mental, y se le pueda ver en pocos días. Sobre la conducta suicida hay cuatro datos estadísticos que son incuestionables: Muchos de los pacientes que se terminan suicidando han hecho intentos previos. La gran mayoría de las personas que realizan intentos de suicidio luego no se terminan suicidando. La gran mayoría de las personas que son atendidas en urgencias por intentos de suicidio no son ingresadas. Si hubiera que ingresar a todas las personas que hacen un intento de suicidio, y son llevadas a urgencias, no habría camas psiquiátricas en toda España, incluso aunque se duplicara la capacidad actual. La valoración del riesgo de suicidio que realiza el psiquiatra de guardia es una tarea compleja, que lleva tiempo, y requiere experiencia clínica. Esta valoración suele efectuarse en un contexto de presión asistencial, con el clima de crisis y tensión que suele haber en las urgencias hospitalarias. Ahora muchos de los pacientes con intento/ riesgo de suicidio que lleguen a las urgencias habrán hablado antes con el equipo del 024. Supongo que los profesionales que atiendan al llamante harán una historia clínica, que es la que cabe esperar que se haga en un paciente de estas características. Supongo, también, que en algunos casos el profesional recomendará que la persona acuda a una urgencia psiquiátrica. Y si es un caso de riesgo inminente de suicidio, y no tiene claro que quiera, o pueda, acudir a la urgencia movilizará a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (CCFFSSE) y a los servicios de emergencia (el 024 incluye geolocalización), para que intervengan (así está recogido en los documentos de trabajo del Ministerio). El paciente termina en la urgencia siendo atendido por el psiquiatra de guardia. Ante este escenario me pregunto ¿Cómo podrá acceder el psiquiatra de guardia a toda la información que el profesional del 024 ha recogido? Hagamos ahora el ejercicio mental de ponernos en el lugar del psiquiatra de guardia. Tiene que atender a un paciente en el que el equipo del 024 ha gestionado su traslado urgente. Si no tiene información en un documento escrito redactado por el profesional del 024 tendrá que empezar de cero su evaluación. Esto supondrá que el paciente tendrá que contar otra vez su problema a otro profesional. Si el paciente ha sido derivado de forma urgente por el 024 sin informe supone un elemento distorsionador en la toma de decisiones (ingreso/ no ingreso). No olvidemos que el psiquiatra de guardia tiene una tarea importante a la hora de priorizar los ingresos psiquiátricos en función de la gravedad de los casos que tiene en la urgencia, y el número de camas disponibles. Que llegue un paciente del 024 sin informe es inaceptable. El profesional del 024 tiene que poner por escrito en un informe clínico por qué considera que el paciente tiene que ser valorado de forma urgente. Todos los que hemos hecho guardias de psiquiatría sabemos que cuando derivamos a un paciente de un hospital a otro lo hacemos con un informe de alta detallado. Ahora el 024 entra a formar parte de la red de salud mental. Cabe esperar que cuando el profesional del 024 atienda a un paciente (urgente o no urgente) emita el correspondiente informe, en el que se identifique el profesional, con un sello de tiempo, y que haya un sistema por el que el psiquiatra de guardia que atienda al paciente reciba, o pueda acceder, al documento antes de que llegue el paciente. No hay que olvidar que cada comunidad autónoma ha montado su historia clínica electrónica a su manera. En la actualidad (2022) no hay manera de que un psiquiatra de guardia de una comunidad autónoma pueda acceder a la historia clínica de un paciente de otra comunidad. El Ministerio de Sanidad da por descontado que habrá interoperabilidad, y que los profesionales del 024 podrán trasladar a la historia clínica electrónica del paciente toda la información del episodio. Según la información de que disponemos publicada en los medios de comunicación el servicio lo va a prestar la Cruz Roja a nivel nacional. Entiendo que los profesionales del 024 serán empleados de Cruz Roja y se encontrarán en un único centro de atención telefónica de esta institución. Me cuesta creer que desde allí puedan acceder a la historia clínica electrónica de los 17 sistemas sanitarios autonómicos que tenemos. Esto va a suponer la creación de “puntos de enlace autonómicos” en el 024 (más burocracia), según reconoce el Ministerio en sus documentos de trabajo. Finalmente, hay otra cuestión por aclarar: ¿qué formación van a tener los profesionales que trabajen en el 024?, ¿serán solo profesionales de la psicología o habrá otras profesiones?, ¿se exigirá que sean psicólogos especialistas en psicología clínica o también trabajarán psicólogos generales sanitarios? No entro a analizar la cuestión de protección de datos que la propia responsable de Cruz Roja reconoce en una entrevista reciente que es una cuestión por aclarar. Creo que el servicio del 024 tiene que implementarse de forma correcta, con unos procedimientos de trabajo homologables a los de las redes de salud mental de las diferentes comunidades autónomas. Estamos en la época de la telepsiquiatría y la telepsicología, y tratar con personas con riesgo de suicidio es una tarea clínica, y no sólo psicosocial, que implica una gran responsabilidad para el profesional que está al otro lado del teléfono. Todo tiene que estar debidamente documentado. Por todo lo expuesto creo que el Ministerio, y Cruz Roja, deben aclarar estos puntos, e incluir a psiquiatras en los grupos de trabajo sobre el 024. Y que éstos sean profesionales con años de experiencia haciendo guardias de psiquiatría, y tomando decisiones difíciles.

  • Prosumidores (pacientes expertos) en salud mental: pros y contras

    He encontrado un artículo interesante en la web de Psiquiatría crítica madinamerica.com sobre los prosumidores en la salud mental escrito por Max E. Guttman. Primero analicemos el concepto de prosumidor. Fue definido por el futurólogo Alvin Toffler en 1980, en un libro titulado La Tercera Ola, y se refiere a que la distancia entre los roles de productores y consumidores en una actividad económica se va reduciendo, hasta el punto de que hay situaciones en las que los agentes económicos pueden desempeñar ambos roles. Un ejemplo de prosumidores son los ciudadanos que en sus hogares han instalado paneles solares en sus casas, y en unos momentos compran electricidad a la compañía eléctrica, y en otros venden el excedente de electricidad que generan. El concepto ya existía antes de Toffler con el fenómeno de la autoayuda, que se hizo muy patente en los años 30 del siglo pasado durante la Gran Depresión. En una sociedad muy individualista como la americana en los momentos difíciles los sectores más desfavorecidos buscaban la ayuda mutua. Así surgieron los grupos de autoayuda en diferentes áreas de la vida social, y uno de ellos fue la salud mental. En el campo de las adicciones han tenido, y tienen, un gran protagonismo. En su aplicación a la atención en salud mental Guttman entiende que un prosumidor es alguien que presta servicios de salud mental como un profesional, pero a la vez ha recibido atención en salud mental como paciente. Para Guttman (graduado en Trabajo Social) el haber padecido, él mismo, un trastorno mental supone un valor añadido a su actividad profesional. En España se maneja ya desde hace algún tiempo el concepto de paciente experto. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay pacientes expertos que padecen enfermedades crónicas y que, en colaboración con un profesional sanitario participan en actividades educativas sobre cómo manejar los síntomas de la enfermedad. En el caso de las adicciones es frecuente encontrar centros de rehabilitación en los que ex-adictos a sustancias participan en el equipo asistencial. Guttman, en su artículo, se queja del poco protagonismo que se da a estos pacientes expertos, o prosumidores, en la red asistencial de su país. Afirma que ya existe una academia de formación de pacientes expertos, en la que están debidamente acreditados. Este grupo maneja el concepto del Intentional Peer Support - IPS (Apoyo intencional de iguales) y consideran que su actuación se diferencia de la intervención tradicional en salud mental. Así lo explican en su web: No comienza con la suposición de “un problema”. En cambio, a las personas se les enseña a escuchar cómo y por qué cada uno de nosotros ha aprendido a dar sentido a nuestras experiencias, y luego usar la relación para crear nuevas formas de ver, pensar y hacer. El IPS promueve una forma de relacionarse 'informada por el trauma': en lugar de preguntar 'qué está mal', pensamos en '¿qué pasó'? El IPS va más allá de la noción de individuos que necesitan cambiar y examina nuestras vidas en el contexto de nuestras relaciones y comunidades. Las relaciones de apoyo entre pares se ven como asociaciones que permiten que ambas partes aprendan y crezcan, en lugar de una persona que necesita "ayudar" a otra. En lugar de centrarnos en lo que debemos dejar de hacer o evitar hacer, se nos anima a avanzar hacia lo que queremos estar y hacia dónde queremos estar. No creo que en el ámbito de la salud mental se vaya a introducir el modelo de paciente experto. La razón fundamental es que en algunas profesiones de salud mental hay un gran paro estructural, y generaría un gran malestar entre los profesionales que se introdujera este modelo, cuyos participantes serían vistos como una competencia profesional inaceptable. El propio Guttman se queja de que a los prosumidores se les está dando un papel muy secundario en la actividad asistencial, realizando sólo tareas de acompañamiento o gestión del caso a un nivel muy básico. Pero plantea la cuestión que me parece interesante ¿Cuál debería ser el papel de prosumidor o paciente experto en la red de salud mental? O dicho de otra manera ¿qué valor aporta el conocimiento vivencial de la patología en la que pretende ayudar? En un sistema asistencial cada vez más deshumanizado creo que podría tener un valor importante como persona de referencia. Por ejemplo, actualmente hay una gran movilidad de profesionales, por lo que es frecuente que los pacientes no tengan una relación de continuidad con el profesional. He visto muchos pacientes que se quejan de que en los últimos dos años han tenido cuatro o cinco psiquiatras diferentes. Con tanto cambio es difícil que se construya una alianza terapéutica sólida. Guttman se lamenta de que esta actividad de los pacientes expertos no sea retribuida, ni cree que lo vaya a ser en el futuro. Personalmente, creo que únicamente puede ser viable a nivel de voluntariado, o mediante un convenio con una organización sin ánimo de lucro. Además, estas intervenciones, sin la debida supervisión profesional, pueden derivar en situaciones complicadas. Los pacientes expertos tienen sólo su propia experiencia vital, pero carecen de experiencia profesional y formación. La práctica de la psicoterapia cuando no se tienen en cuenta conceptos como el encuadre, los límites, el manejo de la transferencia y contratransferencia, etc pueden derivar en daños al paciente que se pretende ayudar. Finalmente, hay también una consideración médico-legal. Los pacientes expertos no son profesionales colegiados, no tienen un código deontológico al que someterse, no estarían cubiertos por las pólizas de responsabilidad profesional colectiva de las administraciones sanitarias. Si se produjera un desenlace no deseado estaríamos en un terreno complicado. No obstante, creo que con el debido control y supervisión, los pacientes expertos en salud mental pueden ser de gran ayuda en la actividad asistencial. Nuestros sistema asistencial tiene deficiencias y huecos sin cubrir, sobre todo la falta de continuidad asistencial, y aquí pueden ser de gran ayuda.

  • Si se prohíbe por ley la hospitalización psiquiátrica involuntaria ¿Cuál es la alternativa?

    Desde hace décadas la cuestión de la hospitalización involuntaria en Psiquiatría salta al debate público de forma recurrente. Ya a principios de los años sesenta los grandes autores de la antipsiquiatría cuestionaban la necesidad del ingreso involuntario. En los años setenta en Italia el movimiento liderado por el psiquiatra Franco Basaglia consiguió que se aprobara una ley que limitaba la duración de los ingresos psiquiátricos, y prohibía los de larga estancia en los vetustos hospitales psiquiátricos. En los años setenta había un gran deterioro en la asistencia, y los entonces llamados manicomios eran auténticas instituciones totales, tal y como las definió Erving Goffman. En España hubo una gran reforma psiquiátrica en los años 80 que consiguió grandes avances. Uno de ellos fue la inclusión de la psiquiatría como una especialidad más en el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud (art 20 Ley General de Sanidad). Otro concepto innovador para la época que apareció en esta norma fue el consentimiento informado en toda práctica asistencial. También hubo cambios legales en el Código Civil en 1983 que introdujeron el control judicial de la hospitalización involuntaria en Psiquiatría. Este fue un cambio importante ya que, hasta entonces estaba vigente una norma dictada por el Gobierno de la República de 1931, en el que no había control judicial, y que el franquismo mantuvo. Desde los años 80 hasta hoy ha habido una progresiva mejora de la atención psiquiátrica en España, tanto desde el punto de vista de la calidad asistencial como desde el respeto a los Derechos Humanos de los pacientes. Seguramente habrá muchas cosas por mejorar, pero es incuestionable que se ha avanzado mucho. En los últimos cinco años se ha producido un resurgir por la preocupación por los derechos de las personas con enfermedad mental. Todo ello viene por una interpretación extensiva del concepto de discapacidad que deriva de la Convención para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este contexto en 2021 se ha aprobado un gran cambio legislativo (Ley 8/2021) por el que se elimina los conceptos de tutela y capacidad de obrar, que llevaban más de cien años en nuestra legislación. La aprobación de la Ley 8/2021 ha pasado desapercibida en los medios porque ha habido un consenso sorprendente entre todos los partidos políticos. Desde Vox hasta Unidas Podemos, todos los grupos políticos la han apoyado. ¿Quién se va a oponer a que las personas con discapacidad tengan más derechos? En la estela de este cambio ideológico viene ahora un intento de limitar, cuando no suprimir, la hospitalización involuntaria en Psiquiatría. En este sentido el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos presentó un proyecto de ley de salud mental en 2019, y otro en 2021 en el que suavizaba algunas de sus pretensiones iniciales. Existen diferentes grupos de presión que proponen la prohibición de la hospitalización involuntaria por trastorno mental. Entre ellos destaca el CERMI (Coordinadora Estatal de Personas con Discapacidad) que agrupa a cientos de organizaciones de personas con discapacidad de todo tipo. En unas declaraciones recientes publicadas en un medio generalista una representante del CERMI afirma que en la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 el Gobierno se compromete a modificar el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regula la hospitalización involuntaria. En el momento en el que redacto este post (8-5-2022) no he encontrado en la web del Ministerio Derechos Sociales y Agenda 2030 el texto de la Estrategia que se menciona. Supongo que tendrá el mismo enfoque que la recientemente aprobada Estrategia de Salud Mental 2022-2026, y el proyecto de Ley de Salud Mental que está actualmente en debate en la Comisión de Justicia del Congreso. Los defensores de una interpretación radical de la Convención insisten en que siempre hay que respetar la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona con discapacidad. Si entendemos que una persona con un trastorno mental grave tiene una discapacidad, no debemos discriminarla, hay que respetar su voluntad, deseos y preferencias, por lo tanto nunca se podría aplicar una hospitalización involuntaria. Todo esto está muy bien, como planteamiento general, pero vayamos a los casos concretos, a los que nos enfrentamos los profesionales de la Psiquiatría en nuestro quehacer cotidiano. ¿Qué tendría que hacer un psiquiatra, cumplidor de la ley y respetuoso de los Derechos Humanos, cuando atiende estando de guardia a un paciente con una depresión grave con riesgo de suicidio, y que debido a un delirio no quiere ingresar? ¿Qué tendría que hacer cuando atiende a un paciente con un trastorno bipolar, en un episodio maníaco, que está derrochando sus ahorros de toda la vida? ¿Qué tendría que hacer un psiquiatra cuando atiende a una paciente con anorexia grave, con alteraciones electrolíticas que implican un alto riesgo de una arritmia mortal, y rechaza recibir tratamiento por la negación de su enfermedad? ¿Qué tendría que hacer un psiquiatra cuando valora a un paciente diagnosticado de esquizofrenia que presenta una recaída con alucinaciones, y tiene un delirio en el que cree que le persiguen y le quieren hacer daño, y en su delirio quiere defenderse agrediendo a los que cree que son sus agresores? En casos como estos puede ser necesaria de una hospitalización involuntaria. Ojalá no fuera necesaria, pero lo es. A ningún psiquiatra le resulta agradable tener que tomar decisiones de este tipo cuando está de guardia, pero hay que hacerlo. Si no lo hiciéramos habría desenlaces catastróficos como cualquiera se puede imaginar. En todos estos casos hay un control judicial del ingreso involuntario, y el juez competente tiene que entrevistar al paciente, dictar un auto de ratificación, o denegación, de la hospitalización involuntaria. Siempre hay un control judicial. Los defensores de la interpretación radical de la Convención argumentan que es necesario que haya medidas alternativas. ¿Pero cuáles son esas medidas alternativas? También argumentan que con la hospitalización involuntaria se estigmatiza, y no se respetan los Derechos Humanos. Al final vienen a decir que los psiquiatras que tenemos que tomar estas difíciles decisiones no tenemos sensibilidad ante el sufrimiento que tiene la persona con discapacidad. Es cierto que hay algunas alternativas a la hospitalización como los hospitales de día, unidades abiertas, la hospitalización a domicilio, los centros de rehabilitación psicosocial, etc. pero en los trastornos mentales graves hay situaciones de crisis en las que la única solución es la hospitalización involuntaria. Ojalá no fuera necesaria pero lo es, excepcionalmente. En Estados Unidos hubo en los años 70 una “efervescencia legislativa” similar a la que estamos teniendo ahora en España. Surgieron muchas publicaciones sobre los criterios para la hospitalización involuntaria, y hay una de ellas que me llamó la atención (Treffert, D.A. (1973) «Dying with their rights on», The American journal of psychiatry, 130(9), p. 1041. doi:10.1176/ajp.130.9.1041). En esta breve carta al editor se señalaba la contradicción entre el respeto escrupuloso a los derechos de los pacientes aunque estos se terminaran muriendo, y concluían que era una situación absurda ¿No es un Derecho Fundamental el de la vida? Si aceptamos la voluntad del paciente y se termina muriendo ¿hemos respetado sus derechos? Nuestros bienintencionados legisladores, líderes de organizaciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad, periodistas, etc, no son los que tienen que tomar estas decisiones, somos nosotros, los psiquiatras, nadie más. Todo ello con el debido control judicial. Si nos encontramos con el caso de riesgo de suicidio que he mencionado y no lo ingresamos, y se suicida, nos pueden demandar por responsabilidad profesional. Y si lo ingresamos nos descalifican como autoritarios e insensibles ante los derechos de las personas con discapacidad. Cada día entran de guardia cientos de psiquiatras en las urgencias de los hospitales de toda España. Y cada día tienen que enfrentarse a situaciones como las que he planteado más arriba. ¿Qué tendrían que hacer en casos como los que acabo de exponer? Toda esta plétora de organizaciones bienintencionadas defensoras de los derechos de las personas con discapacidad ¿proponen alguna solución? Los psiquiatras que tomamos estas decisiones difíciles tenemos derecho a que haya unas reglas de juego claras respecto de lo que tenemos que responsabilizarnos, y de lo que no. Ahora hay muchos profesionales de la salud mental pero en la toma de decisiones difíciles los psiquiatras estamos solos. A nadie le gusta la tarea desagradable de tener que ingresar a alguien en contra de su voluntad por trastorno mental grave, ni siquiera a médicos de otras especialidades que legalmente también pueden ocuparse de esta función. Espero que nuestros políticos redacten una ley con unas reglas de juego claras. Y si piensan prohibir la hospitalización involuntaria que lo digan claramente, y nos digan cuáles son las alternativas. Nosotros los psiquiatras, analizaremos la situación, y actuaremos de acuerdo con nuestra ética profesional.

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  • Contacto | Alfredo Calcedo

    DR. ALFREDO CALCEDO BARBA ​ Alfredo Calcedo-Barba Calle O’Donnell 32, 2A 28009 Madrid Teléfono 91-4008885 alfredo@alfredocalcedo.net Web: https://alfredocalcedo.net MASTER EN PSIQUIATRÍA LEGAL La próxima edición del Master en Psiquiatría Legal empezará en Septiembre de 2023 y terminará en Junio de 2025. Aquellas personas que estén interesadas en cursarlo, y que cumplan los requisitos de admisión, deben dirigirse a la dirección del Master por correo electrónico a ​ masterpsiquiatrialegal@gmail.com Si desean contactar telefónicamente pueden hacerlo en el 915868137 (Secretaría del Servicio de Psiquiatría de Adultos, Hospital General Universitario Gregorio Marañón) Web: www.masterpsiquiatrialegal.com EVALUACIONES PERICIALES DEL GRUPO SENES Calle O’Donnell 32, 2A 28009 Madrid Teléfono 91-4008885 info@gruposenes.com Web: alfredocalcedo.net/sobre-nosotros

  • Dirección del Máster| Alfredo Calcedo

    Máster en Psiquiatría Legal Dirección Alfredo Calcedo Ordóñez es Catedrático de Psiquiatría y Psicología Médica (Jubilado) de la Universidad Complutense de Madrid, Ex-Director del Departamento de Psiquiatría de la UCM, Ex-Jefe del Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, fue Médico Forense de Categoría Especial, así como Médico de la Armada. Desarrolla una gran actividad pericial a nivel privado. Es el Presidente Fundador de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal , que cuenta con más de 240 miembros, y ha celebrado ya 27 congresos. ​ El Profesor Calcedo Ordóñez es un líder indiscutible en la psiquiatría legal en España. Durante los 20 años que fue Jefe del Departamento de Psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón, a la vez que Catedrático de la UCM. Acudieron a formarse con él decenas de psiquiatras que en la actualidad ocupan puestos de responsabilidad en el ámbito asistencial y de gestión, y muchos de ellos se dedican a la actividad pericial. En su larga trayectoria profesional destaca ser médico forense en excedencia con categoría especial, y comandante médico del Cuerpo de Sanidad Militar. ​ Después de años de experiencia crea el Master en psiquiatría Legal en la Universidad Complutense, y la primera promoción comienza su docencia en 1992. ha dirigido el Master hasta su jubilación. Alfredo Calcedo Barba (1961) se licenció en Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid en 1985. Ese mismo año obtuvo el Grado de Licenciado con una Tesina sobre el internamiento involuntario. Después de aprobar el examen MIR realizó la residencia en psiquiatría en el Hospital Universitario de San Carlos en Madrid (1987-1991). ​ Obtuvo el grado de Doctor en Medicina en 1991 con una tesis doctoral en la que estudió las conductas violentas en los pacientes que ingresaban en una unidad de psiquiatría. Desde 1991 hasta 1997 trabajó como psiquiatra en los Servicio de Salud Mental del Distrito Latina en Madrid, un recurso en el que se atendían a más de trescientas mil personas, obteniendo esta plaza por concurso-oposición. ​ Desde 1994 fue Profesor Asociado del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid. En 1997 obtiene por concurso-oposición plaza de Profesor Titular de Universidad en la Universidad Complutense dedicándose a la docencia de la Psicología Médica. En 2002 obtiene, también por concurso-oposición, la plaza de Profesor Titular de Universidad vinculado al Hospital Gregorio Marañón de Madrid. ​ Desde 2003 es el Director del Master en Psiquiatría Legal de la UCM, el único programa de formación en España en Psiquiatría Forense y que cuenta con alumnos en todas las comunidades autónomas y en numerosos países de Iberoamérica. Desde 2004 es el coordinador del Programa ATIENDE, un proyecto asistencial conjunto de la Consejería de Empleo y Mujer y la Consejería de Sanidad de Madrid en el que se crea un dispositivo de Salud Mental para las mujeres víctimas de violencia de género. ​ El Dr. Calcedo Barba ha realizado estancias en el extranjero en la Unidad de Psiquiatría Forense del Calgary General Hospital, University of Calgary; Department of Health Care of the Elderly, Queen’s Medical Centre, University of Nottingham; Hospital Psiquiátrico de Bel-Air, Université de Genéve, etc. ​ Cuenta con numerosas publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales entre las que destacamos: Schizophrenia Bulletin, International Journal of Geriatric Psychiatry, World Psychiatry, International Journal of Law and Psychiatry, General Hospital Psychiatry, Current Opinion in Psychiatry, Medicina Clínica, Actas Españolas de Psiquiatría, etc ​ Su principal área de interés es la Psiquiatría Legal y Forense, campo en el que es un especialista de reconocido prestigio. Es Presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, y fue miembro del comité organizador de la I Conferencia Temática Internacional de Psiquiatría Forense en Madrid en 2000, patrocinada por la Asociación Mundial de Psiquiatría. Fue el presidente del Comité Organizador de la II Conferencia Temática Mundial de Psiquiatría Legal y Forense que se celebró en Toledo en Junio de 2009. ​ Realiza una gran actividad pericial especialmente en casos relacionados con acoso laboral, valoración de la capacidad legal y del daño psíquico, incapacitación civil, valoración de la capacidad para ejercer la custodia de hijos, etc. Es consultor para Psiquiatría Legal y Forense en la Oficina de Salud Mental, y del Plan de Salud Mental de la Comunidad de Madrid. Volver

  • Curriculum Vitae | Alfredo Calcedo

    Curriculum Vitae Alfredo Calcedo Barba (1961) se licenció en Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid en 1985. Ese mismo año obtuvo el Grado de Licenciado con una Tesina sobre el internamiento involuntario. Después de aprobar el examen MIR realizó la residencia en psiquiatría en el Hospital Clínico de San Carlos en Madrid (1987-1991). ​ Obtuvo el grado de Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid en 1991 con una tesis doctoral en la que estudió las conductas violentas en los pacientes que ingresaban en una unidad de psiquiatría, obteniendo el Premio Extraordinario de Doctorado. Desde 1991 hasta 1997 trabajó como psiquiatra en los Servicio de Salud Mental del Distrito Latina en Madrid, un recurso en el que se atendían a más de trescientas mil personas, obteniendo esta plaza por concurso-oposición. ​ Desde 1994 fue Profesor Asociado del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid. En 1997 obtiene por concurso-oposición plaza de Profesor Titular de Universidad en la Universidad Complutense dedicándose a la docencia de la Psicología Médica. En 2002 obtiene, también por concurso-oposición, la plaza de Profesor Titular de Universidad vinculado al Hospital Gregorio Marañón de Madrid. ​ Desde 2003 es el Director del Master en Psiquiatría Legal de la UCM, el único programa de formación en España en Psiquiatría Forense y que cuenta con alumnos en todas las comunidades autónomas y en numerosos paises de Iberoamérica. Desde 2004 es el coordinador del Programa ATIENDE, un proyecto asistencial conjunto de la Consejería de Empleo y Mujer, y la Consejería de Sanidad de Madrid, en el que se crea un dispositivo de Salud Mental para las mujeres víctimas de violencia de género. ​ El Dr. Calcedo Barba ha realizado estancias en el extranjero en la Unidad de Psiquiatría Forense del Calgary General Hospital, University of Calgary; Department of Health Care of the Elderly, Queen’s Medical Centre, University of Nottingham, etc. ​ Cuenta con numerosas publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales entre las que destacamos: Schizophrenia Bulletin, International Journal of Geriatric Psychiatry, World Psychiatry, International Journal of Law and Psychiatry, General Hospital Psychiatry, Current Opinion in Psychiatry, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, Medicina Clínica, Actas Españolas de Psiquiatría, etc ​ Su principal área de interés es la Psiquiatría Legal y Forense, campo en el que es un especialista de reconocido prestigio. Ha sido Presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal , una organización con 230 miembros. Ha participado activamente en la organización de congresos científicos. Fue miembro del comité organizador de la I Conferencia Temática Internacional de Psiquiatría Forense en Madrid en 2000, patrocinada por la Asociación Mundial de Psiquiatría. Presidió el Comité Organizador de la II Conferencia Temática Mundial de Psiquiatría Legal y Forense que se celebró en Toledo en Junio de 2009. ​ Realiza una gran actividad pericial especialmente en casos relacionados con acoso laboral, valoración de la capacidad legal y del daño psíquico, incapacitación civil, valoración de la capacidad para ejercer la custodia de hijos, etc. Ha sido consultor para Psiquiatría Legal y Forense en la Oficina de Salud Mental, y del Plan de Salud Mental de la Comunidad de Madrid.

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