La salud mental penitenciaria se ha convertido en un problema de primera magnitud en nuestro país, aunque nadie parece darse cuenta de ello. He hablado con profesionales que trabajan en las grandes prisiones que se encuentran en la Comunidad de Madrid, y me han contado que algunas áreas de la prisiones han convertido en auténticas unidades psiquiátricas. Hay muchos internos que están siendo tratados con litio, u otros estabilizadores del ánimo, por padecer un trastorno afectivo grave.
La atención en salud mental que reciben es ínfima, a pesar de los esfuerzos que realiza el personal sanitario que trabaja en los centros penitenciarios. A pesar del gran número de casos la Dirección General de Instituciones Penitenciarias no parece muy sensible a este problema. Cuestión aparte es lo que ocurre en Cataluña, donde las competencias de la administración han sido transferidas y se ha avanzado enormemente, en comparación con el resto de España.
Hay un problema estructural y político de fondo que influye decisivamente en todo esto: la sanidad depende de las administraciones autonómicas, mientras que la administración penitenciaria depende del gobierno central. Cada uno tiene que responder a sus votantes en elecciones diferentes, aunque los votantes, en realidad, son los mismos.
En todos los países desarrollados la atención a los delincuentes enfermos mentales depende de las administraciones sanitarias, y no de instituciones penitenciarias. Hace unos años hice una visita a Chile donde me explicaron como cambió la atención a esta población a raíz de una sentencia del tribunal constitucional que ordenó que no dependiera de la administración sanitaria. Esta es una cuestión importante: cada administración tiene sus prioridades, y está claro que la salud no siempre es una cuestión prioritaria en el mundo penitenciario. Muchas veces prima la seguridad pública antes que la salud del interno.
Pero además hay otro problema: el rechazo que produce en la administración sanitaria la atención al preso enfermo mental. Muchas prisiones y jueces de vigilancia penitenciaria se encuentran con el problema de que presos que se encuentran en tercer grado, que padecen enfermedades mentales graves, y que deberían ser transferidos a unidades de media estancia dependientes de la administración sanitaria, y esta los rechaza sistemáticamente.
Es auténticamente vergonzoso observar cómo responsables políticos de algunas comunidades autónomas se vanaglorian de lo avanzado y la calidad de los recursos de salud mental de qué disponen y, cuando se les pide que den una respuesta a un caso concreto de un preso responden que no pueden admitir el caso porque el personal del recurso protestaría y no quieren tener conflictos.
Pero esto no queda sólo en una cuestión de recursos humanos (los del preso enfermo mental que necesita un tratamiento digno y de calidad). Sino que también está repercutiendo en el conjunto de la sociedad. Las prisiones ponen en libertad el preso enfermo mental cuando ha cumplido su condena. En muchos casos intentan ponerse en coordinación con la administración sanitaria competente para que se hagan cargo de un enfermo mental y, muchas veces, se resisten o ignoran el caso.
El preso enfermo mental tiene la desgracia de llevar un doble estigma: el de preso por un lado y el de enfermo mental por otro. Resulta muy difícil que la administración penitenciaria no estigmatice por enfermo mental, y que la sanitaria no lo haga por la condición de preso. Algo habría que cambiar en cada una de ellas para que vean el problema de forma diferente.
Está claro que debería haber nuevos recursos, y no estamos en una situación económica boyante para emprender esta tarea. Pero algo habría que hacer. Algunas organizaciones de derechos humanos han denunciado la situación de los presos enfermos mentales. Las sociedades científicas han dado una tibia respuesta a este problema. Es de alabar el grupo de salud mental penitenciaria que ha creado la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Otras organizaciones profesionales deberían movilizarse para dar una respuesta a este problema.