El informe de la Comisión de prevención de la Tortura y de Tratos Inhumanos y Degradantes (CPT) sobre los hospitales psiquiátricos penitenciarios (HPP) en España es demoledor en todos los aspectos. El grupo inspector estaba constituido por personas expertas en la materia, y en él estaba la Profesora Birgit Völlm, presidenta de la sección de Psiquiatría Forense de la Asociación Mundial de Psiquiatría, con una larguísima trayectoria profesional en el Reino Unido, y ahora en Alemania. También estaba en el equipo inspector Celso Manata, Fiscal General Adjunto y ex Director General de Prisiones y Libertad Condicional de Portugal; y Olivera Vulić, psiquiatra y consultora de sanidad penitenciaria de Montenegro.
Entre la documentación que aparece en la web del CPT tiene mucho interés la respuesta que el Ministerio del Interior da ante las objeciones planteadas.
Las críticas del CPT se podrían resumir en los siguientes puntos:
Falta de personal: el informe recoge que hay numerosas vacantes de psiquiatras, psicólogos, enfermeras y terapeutas ocupacionales.
Nula integración del sistema de historia clínica de los HPP con el sistema de información del Sistema Nacional de Salud.
Existencia de un número excesivo de funcionarios de prisiones por lo que en los HPP predomina la cultura penitenciaria sobre la terapéutica.
Manejo incorrecto de psicofármacos y sobremedicación.
Escaso control de los jueces de vigilancia penitenciaria sobre las contenciones mecánicas.
Aplicación de contención mecánica como elemento punitivo.
No se respeta el principio de consentimiento informado según la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente.
El documento es muy extenso, por lo que solo me voy a centrar en analizar algunas cuestiones sobre los planes que tiene el Ministerio del Interior a medio largo plazo.
Llama la atención como los inspectores identifican un caso y reprochan que la contención mecánica se aplica de manera incorrecta y se golpea al interno. La escena es grabada en video y los inspectores revisan el vídeo. Dice literalmente el informe (página 98) (negritas en el original):
Además, mediante el examen de la correspondiente grabación de CCTV del recurso a los medios de contención, la delegación descubrió un caso de malos tratos a un paciente en el PPH de Sevilla. El 21 de julio de 2020, este paciente fue sometido a bofetadas y puñetazos por un miembro del personal de seguridad tanto en el momento de su sujeción como durante la fijación mecánica con correas a una cama en una celda de fijación del módulo 2. Diez compañeros del funcionario estaban presentes cuando se produjeron estos malos tratos. Una vez informado, el Director del Hospital denunció el caso a la SGIP. Se inició una investigación interna, se destituyó al subdirector de seguridad por no denunciar los hechos y se remitió el asunto al juez de guardia para que estudiara los aspectos penales del caso. Además, mediante comunicación del 19 de enero de 2021, el CPT fue informado por la SGIP de que se había iniciado un procedimiento disciplinario con respecto a los nueve miembros del personal que habían presenciado los malos tratos y que no los habían denunciado. El CPT desearía recibir información actualizada sobre el estado de la investigación judicial mencionada, así como de los procedimientos disciplinarios.
Otro dato importante que aparece en la documentación es el reconocimiento oficial que hace el Ministerio del Interior de los planes que tiene de trasladar el Hospital de Fontcalent a un nuevo centro en Valencia en un lugar denominado "Siete Aguas". Sobre esto se recoge en la respuesta al CPT lo siguiente:
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tiene entre sus objetivos la mejora de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad y, específicamente, de aquellas personas que se encuentran internadas en los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios con que cuenta en Sevilla y Alicante.
En este marco, se encuadra la previsión de construcción de un nuevo hospital psiquiátrico ubicado en la Comunidad Valenciana, “Siete Aguas”, el cual sustituiría al actual HPP de Alicante. No obstante, siendo necesario para culminar su construcción modificar previamente el Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios (PACEP) y estando actualmente aun trabajando en ello, en este momento no es posible facilitar datos acerca de un proyecto no definitivo y aventurar una fecha para iniciar su desarrollo.
La pretensión es que todo en este nuevo centro sirva al propósito de favorecer la práctica de programas de rehabilitación e integración psicosocial, permita el desarrollo de los diferentes tratamientos para conseguir la integración progresiva del enfermo y la recuperación de sus capacidades teniendo en cuenta para ello la situación de internamiento que acordó la autoridad judicial.
Que los dispositivos asistenciales psiquiátricos penitenciarios, como el de Siete Aguas, puedan ser utilizados como elementos sanadores y sustituya a los viejos y obsoletos edificios, donde actualmente se alojan personas que presentan patologías o enfermedades mentales. Que estos nuevos recursos posibiliten trabajar desde el primer día de ingreso para dotar a estas personas de las capacidades de reinserción que le permitan abandonar la institución lo antes posible, cumpliendo con las medidas de seguridad, pero también terapéuticas, que la autoridad judicial haya impuesto en sentencia.
Este mismo propósito es el que guía a la administración penitenciaria respecto del HPP de Sevilla, cuyo cierre está previsto una vez se hayan realizado las necesarias obras de acondicionamiento y rehabilitación de los espacios donde irá ubicado el nuevo centro, las instalaciones del actual Centro Penitenciario de Mujeres de Alcalá de Guadaira.
Como se puede apreciar, el Ministerio del Interior tiene entre sus planes mantener el modelo actual aunque trasladando a todos los pacientes a otros centros, los de Fontcalent a Siete Aguas, y los de Sevilla a Alcalá de Guadaira.
Por último, destacaremos que el Ministerio del Interior se lamenta del la actitud de la mayoría de las Consejerías de Sanidad que rechazan, o se muestran renuentes, a asumir las competencias de sanidad penitenciaria. Y explica la situación la situación actual respecto a las transferencias (las negritas son mías) (páginas 49 y 50 de la respuesta):
En este momento, julio del 2021, la situación actual en las CC.AA. es la siguiente:
Comunidad Foral de Navarra: concluido el proceso de transferencia, el pasado día 2 de junio de 2021 se realizó la transferencia de la competencia de sanidad penitenciaria a la misma (Real Decreto 494/2021, de 6 de julio, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de sanidad penitenciaria),
Gobierno de las Iles Balears: se ha enviado, desde esta Secretaría General, la documentación necesaria a la Subdirección General de Relaciones Bilaterales con las CCAA del Ministerio de Política territorial y Función Pública.
Gobierno de Aragón, Junta de Andalucía, Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha y Galicia: están en tramitación convenios de colaboración de asistencia sanitaria, telemedicina e interoperabilidad de historias clínicas digitales, previas al traspaso de funciones.
Comunidad Autónoma de Canarias y Generalitat Valencia: tras reuniones con ambas Consejeras de Sanidad en julio y septiembre de 2019, respectivamente, se les envía documentación preliminar para el traspaso sin recibir contestación.
Gobierno de Cantabria: en octubre de 2019 la Consejería de Sanidad contestó que no estaba interesada de momento en asumir las competencias.
Junta de Extremadura: en septiembre de 2019, se le comunica a la Consejería de Sanidad que debe manifestar su voluntad y disposición al Ministerio de Política Territorial contestando en octubre 2019 que sea esta administración la que lo comunique. Hablado con la DG de Cooperación Autonómica y local del Mº de Política territorial, comentaron que debe ser la propia C. Autónoma quien manifieste expresamente su voluntad.
Resto de CC.AA. (Asturias, Castilla y León, La Rioja, Madrid y Murcia): no han dado respuesta a la solicitud de reunión.
A la vista de lo recogido en el documento parece que la pelota está ahora en el tejado de las comunidades autónomas.