Acabo de volver de una reunión patrocinada por la Comisión Europea dedicada a la prevención de la radicalización en la Unión Europea. Es evidente que en Europa ha habido una sucesión de ataques terroristas perpetrados por personas radicalizadas. En la mayoría de los casos se trata de una radicalización de tipo yihadista, aunque también ha habido otros en los que existía una radicalización de extrema derecha (Caso de Noruega en la isla de Utoya por Anders Breivik).
En la actualidad, el enfoque que se acepta en todo el mundo desarrollado frente a este problema se basa, además de las actuaciones policiales y la Administración de Justicia, en las actuaciones preventivas. En estos casos no son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (FCSE) los que tiene que desarrollar esta función, sino las administraciones que son más cercanas al ciudadano: los ayuntamientos. Los FCSE suelen detectar casos de personas vulnerables, proclives a caer en procesos de radicalización. Y suelen encontrarse con que les falta un interlocutor en los ayuntamientos, y dentro de éstos en los servicios sociales que se ocupe de esta tarea.
En la mayor parte de los países desarrollados, cuando la policía detecta un caso de alguien que está entrando en procesos de radicalización suelen contactar con diferentes administraciones. En la reunión que tiene lugar están presentes, además de la policía, los servicios sociales, el departamento de educación, representantes de la red de salud mental, etc. El caso es analizado entre todos y se buscan estrategias de prevención que se concreta en un plan de actuación.
En toda Europa la prevención de la radicalización es un tema prioritario, y la coordinación entre administraciones está por encima de otras consideraciones como puede ser la confidencialidad. En algunos países como Dinamarca hay excepciones en las leyes que regulan el secreto profesional y la policía puede mantener un diálogo franco con los profesionales de la red de salud mental o los servicios sociales sin cometer delito alguno.
En España la situación no se parece en nada a lo que vemos en otros países. Los intereses bastardos de la política evitan que haya una actuación eficaz. A nivel municipal muchos alcaldes se sienten incómodos con que se desarrollen actuaciones preventivas por miedo a perder votos. Por otro lado, los servicios sociales se sienten incómodos al trabajar con la policía, y lo mismo se puede decir de los profesionales de la salud mental.
En España tenemos un plan de prevención de la radicalización del Gobierno central. Pero los ayuntamientos apenas han dado pasos adelante en esta línea. Hay algunas excepciones como el Ayuntamiento de Málaga que tiene un magnífico plan de prevención de la radicalización. En ambos documentos se pone especial énfasis en la prevención. En toda Europa se está trabajando en esta línea, identificando las personas vulnerables. A destacar que un factor de vulnerabilidad importante son los problemas de salud mental.
Es una pena que España vaya tan atrasada en los programas de prevención de la radicalización, y que los intereses políticos y los problemas de competencias eviten que haya una colaboración eficaz. Los profesionales de los CFSE ven con tristeza cómo adolescentes terminan en prisión en pocos años por radicalización, algo que se podría haber evitado con actuaciones preventivas más eficaces.