En los últimos meses he venido observando un cambio de criterio en los jueces a la hora de aceptar la prueba pericial psiquiátrica que propone la empresa. Me explico. En la mayoría de los casos que venía estudiando, hasta ahora, el trabajador había estado unos cuantos meses de baja por un problema psiquiátrico, que argumenta que es a consecuencia del entorno laboral (acoso). Durante los meses en que está de baja solicita que se le realice un informe pericial psiquiátrico, que luego va a adjuntar a la demanda que presenta en los juzgados de lo social.
En este contexto parece que se queda un círculo ya cerrado en cuanto a la prueba. Hay un médico del sistema público de salud que certifica que tienen un trastorno mental que le impide trabajar (baja laboral prolongada). Y hay una prueba pericial que establece el nexo de causalidad, lo que es necesario para definir el acoso. En estas situaciones las empresas demandadas se solían quedar indefensas para rebatir esta línea argumental. Por supuesto, se solía recurrir a testigos por ambas partes, con el fin de rebatir la disputa entre dos relatos sobre el conflicto (el del trabajador y el de la empresa). En el trascurso del juicio los abogados de la empresa tenían que ser muy hábiles, a la hora de desmontar con los testigos la línea argumental de los peritos.
Sin embargo, hay un cambio que he notado hace poco tiempo. Cuando los abogados del trabajador presentan la demanda, con los informes del médico del sistema público, y el del perito privado, la empresa solicita que un perito designado por ella pueda realizar un reconocimiento del trabajador demandante. En el ambiente proteccionista de la jurisdicción laboral esta petición solía ser rechazada, sin embargo, ahora parece que los jueces han cambiado de criterio. En uno de los casos de los que he tenido conocimiento, el juez aceptó la petición de la empresa, y ante las protestas de los abogados del trabajador respondió que había tomado esta decisión porque pensaba que muchas de las demandas de acoso laboral que veía no estaban justificadas. Este juez opinaba que las demandas de acoso eran, en la mayoría de los casos, una manera sencilla de romper el contrato laboral por parte del trabajador obteniendo una compensación económica.
Al ser un tema jurídico no entro en si lo que decía este juez era cierto o no. Simplemente señalo que esto supone un antes y un después en la práctica pericial, puesto que ahora el perito de la parte demandada tiene que evaluar e informar sobre el trabajador y su supuesta enfermedad. Esto va a suponer la realización de evaluaciones en un contexto hostil lo que va a requerir mejores habilidades de los peritos psiquiatras que se ocupen de estas tareas.
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