La psiquiatría perinatal en el banquillo: depresión posparto, filicidio y responsabilidad profesional en el caso de Lindsay Clancy
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Un caso que estos días está dando mucho que hablar es el de Lindsay Clancy, una madre de tres hijos a los que estranguló. Se debate si padecía una psicosis postparto o un trastorno bipolar cuando ocurrieron lo hechos. Clancy era enfermera matrona y estaba en tratamiento por videoconferencia con una psiquiatra a la que nunca vio cara a cara. Además estaba en tratamiento con una enfermera de práctica avanzada experta en salud mental perinatal y por una consejera. No hubo coordinación entre las diferentes profesionales. hubo cambios continuos en la medicación en las semanas anteriores a los hechos.
Además del juicio penal en el que se debate la inimputbilidad, Clancy, y su ya ex-marido, han demandado a las profesionales por mala praxis profesional profesional. Aquí surge la cuestión de hasta qué punto un psiquiatra es responsable de la conducta de los pacientes que trata.
Este caso es especialmente complicado ya que las enfermeras que intervinieron podían prescribir, y lo hacían, además de la psiquiatra. Nadie se coordinaba con nadie. Sorprendentemente la paciente era atendida en un programa muy especializado en salud mental perinatal, pero que estaba totalmente descoordinado en la actuación de cada uno de los profesionales. Lo que demuestra que el hecho de que haya muchos profesionales implicados actuando de manera autónoma puede resultar gravemente perjudicial.
Este caso está actualmente en evolución, el juicio penal se está desarrollando y están pendientes los procedimientos civiles. Los datos de este post están según la información disponible el 13 de agosto de 2026.
1. Introducción
El 24 de enero de 2023, en una vivienda de Summer Street, en la localidad costera de Duxbury (Massachusetts), murieron tres hermanos: Cora Clancy, de cinco años; Dawson Clancy, de tres; y Callan Clancy, de ocho meses. Los mató su madre, Lindsay Clancy, enfermera matrona en el Massachusetts General Hospital, que a continuación se cortó las muñecas y el cuello y se lanzó por la ventana de un segundo piso. Sobrevivió con una lesión medular irreversible.
Que ella causó esas muertes no está en disputa: su propia defensa lo admite. Lo que se debate —en dos tribunales distintos y con dos gramáticas jurídicas distintas— es qué significa lo ocurrido. Ante el Tribunal Superior de Plymouth, la pregunta es si Lindsay Clancy era penalmente responsable, es decir, si una enfermedad mental le privó de la capacidad sustancial de apreciar la ilicitud de su conducta o de ajustarla a la ley. Ante el Tribunal Superior de Norfolk, la pregunta es casi la inversa: si la red de profesionales que la atendió durante los cuatro meses anteriores incumplió el estándar de cuidado exigible y, con ello, causó tanto su daño personal como la muerte de los tres niños.
La coexistencia de ambos procesos es lo que convierte este caso en algo más que una tragedia doméstica de resonancia mediática. Estamos ante un experimento involuntario sobre los límites de dos instituciones. La primera es la doctrina de la responsabilidad penal, construida sobre la premisa de un sujeto que elige, y que se resiste a acomodar cuadros psiquiátricos episódicos, fluctuantes y frecuentemente invisibles para el observador externo. La segunda es la responsabilidad civil sanitaria, construida sobre la premisa de un profesional identificable cuya omisión puede aislarse causalmente del resultado, y que se resiste a acomodar fallos que no son de nadie en particular porque son del sistema: la fragmentación entre prescriptores, la ausencia de un responsable único del caso, la polifarmacia acumulada por adición sucesiva, el alta que se otorga porque no hay cama ni programa disponible.
La tesis que este ensayo defiende es doble. Primero: que el caso Clancy revela una asimetría estructural entre lo que la psiquiatría perinatal sabe y lo que los sistemas asistenciales están organizados para hacer, y que esa brecha no es un accidente sino un producto de diseño. Segundo: que ninguno de los dos procesos judiciales está bien equipado para nombrar esa brecha, porque el proceso penal necesita decidir sobre una mente y el civil necesita decidir sobre conductas individuales. El resultado previsible es que ambos veredictos, cualesquiera que sean, dejarán insatisfecha a la pregunta que el caso plantea.
2. Los hechos del 24 de enero de 2023
2.1 La secuencia
La reconstrucción que sigue combina lo alegado por la fiscalía en la lectura de cargos de febrero de 2023 con lo declarado en el juicio de 2026, señalando dónde las versiones difieren.
Aquella tarde de invierno, Lindsay Clancy había llevado a sus hijos a jugar en la nieve. Patrick Clancy, su marido, trabajaba en la oficina de la planta baja. Según él mismo declaró en el estrado, ella parecía estar mejorando desde su alta hospitalaria del 5 de enero. Horas antes, Lindsay había llevado a Cora al pediatra; el médico testificó en el juicio que nada le pareció fuera de lo habitual.
Alrededor de las cinco y media, Lindsay pidió a Patrick que saliera a recoger una medicación infantil en una farmacia CVS y comida para llevar en un restaurante de Plymouth. La fiscalía sostiene que el encargo fue instrumental: que ella había consultado previamente cuánto tardaría el trayecto para calcular de cuánto tiempo dispondría a solas. La defensa sostiene que fue un encargo ordinario. El trayecto duró entre veinte y veinticinco minutos.
Cuando Patrick regresó, lo primero que notó fue el silencio. Subió al dormitorio y encontró la puerta cerrada con llave. Al forzarla vio sangre frente a un espejo y la ventana abierta. Salió al exterior y encontró a su mujer en el suelo del patio trasero, consciente y gravemente herida. Llamó al 911 a las 18:10 aproximadamente. En la grabación de esa llamada —reproducida ante el jurado— se le oye preguntar a Lindsay qué había hecho; ella responde que había intentado matarse. Le pregunta dónde están los niños; ella responde que en el sótano. Se le oye después gritar al encontrarlos.
Los tres niños fueron hallados inconscientes con signos evidentes de traumatismo. Habían sido estrangulados con bandas elásticas de ejercicio. Cora y Dawson fueron declarados muertos esa noche en distintos hospitales. Callan, el bebé de ocho meses, murió tres días después.
Lindsay Clancy se había cortado las muñecas y el cuello antes de saltar. Las lesiones de la caída le produjeron una parálisis permanente; las fuentes públicas difieren sobre el nivel lesional exacto, situándolo unas en la cintura y otras en el tórax. Fue trasladada al Brigham and Women’s Hospital, donde permaneció en cuidados intensivos bajo custodia policial.
2.2 Los primeros días y la aparición del relato de las voces
Dos elementos de las semanas siguientes tienen relevancia procesal directa.
El primero es que, hospitalizada y sin poder recibir visitas de sus padres, Lindsay fue evaluada por el Dr. Paul Zeizel, psicólogo clínico y forense de Newton, a quien su abogado Kevin Reddington logró acceso mediante orden judicial. Desde el teléfono móvil de ese psicólogo, Lindsay llamó a Patrick y le dijo que la noche de los hechos había oído voces. Es la primera aparición documentada de un contenido alucinatorio en todo el expediente. La fiscal Jennifer Sprague lo señaló en la lectura de cargos: que Clancy nunca había mencionado oír voces hasta esa llamada.
El segundo es la consecuencia investigativa de lo anterior. Agentes de la policía estatal manejaron la hipótesis de que el propio psicólogo de la defensa hubiera sugerido a Clancy que dijera que oía voces. En el juicio, el 12 de agosto de 2026, el investigador Daniel Lawlor reconoció, primero en las deposiciones y después ante el jurado, que esa teoría se había discutido internamente pero que no existía base investigativa alguna que la sustentara: era especulación de un compañero. Lawlor precisó que estaba en el pasillo, fuera de la habitación, y que no oyó ni la conversación con el psicólogo ni la llamada al marido.
Que la defensa haya forzado esa admisión importa, porque el argumento más peligroso contra su tesis no es que la psicosis no existiera, sino que apareciera tarde y por sugestión.
2.3 Los cargos y la situación de la acusada
Lindsay Clancy fue procesada por tres cargos de asesinato y tres de estrangulamiento, además de agresión con arma peligrosa. Se declaró no culpable. Comprometida a Tewksbury State Hospital desde mayo de 2023, ha permanecido allí bajo supervisión constante recibiendo tratamiento psiquiátrico, y compareció por videoconferencia a la mayor parte de las vistas previas antes de su primera comparecencia presencial en febrero de 2026.
Si el jurado la condena por asesinato en primer grado, la pena en Massachusetts es prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Si concluye que no era penalmente responsable, será internada en un hospital psiquiátrico estatal en régimen de compromiso civil revisable periódicamente.
3. El itinerario clínico: mayo de 2022 a enero de 2023
Esta sección es el corazón fáctico de ambos procesos. En el penal, los registros clínicos son la única ventana contemporánea al estado mental de Clancy, porque ella no ha declarado. En el civil, esos mismos registros son el objeto directo del reproche.
3.1 Los antecedentes: 2018-2022
Según la demanda de Lindsay Clancy, los signos de alarma no empezaron en 2022 sino años antes. La demanda describe cierta ansiedad tras el nacimiento de su primera hija, Cora, y algo más específico tras el nacimiento de Dawson: un episodio de conducta que la demanda califica de maníaca, con obsesión por despejar y ordenar la casa, pensamientos acelerados y una sensación de presión por mantenerse activa. Un psiquiatra le ofreció entonces un antidepresivo que ella rechazó por no querer interferir con la lactancia.
Ese pasaje es jurídicamente estratégico. Si en 2020 hubo un episodio de activación con rasgos maníacos, entonces el diagnóstico correcto en 2022 no era depresión posparto sino trastorno bipolar con inicio en el posparto, y la prescripción de antidepresivos en monoterapia —sin estabilizador del ánimo— habría sido no solo insuficiente sino potencialmente iatrogénica, por el riesgo conocido de viraje a manía o a estados mixtos. Toda la teoría del caso civil de Lindsay Clancy descansa sobre esa inversión diagnóstica.
3.2 El nacimiento de Callan y el deterioro
Callan nació en mayo de 2022. En los meses inmediatos, según la demanda, Clancy se lanzó a la actividad física con intensidad inusual —corrió una carrera de cinco kilómetros pocas semanas después del parto, dato que la defensa penal introdujo en el juicio como posible signo de activación— y se implicó impulsivamente en un esquema de mercadeo multinivel de acondicionamiento físico. Alrededor de tres meses después, su estado de ánimo cambió bruscamente hacia la ansiedad y la depresión.
En el otoño de 2022 buscó ayuda. A partir de aquí, la reconstrucción se apoya en el testimonio prestado en el juicio.
3.3 Los prestadores, uno por uno
Dra. Jennifer Tufts, psiquiatra (Aster Mental Health). Primer contacto en septiembre de 2022. Fue su prescriptora principal y la última profesional que la vio: la atendió por videoconsulta el 23 de enero de 2023, el día anterior a las muertes. Declaró en el juicio que la vio catorce veces entre septiembre y enero, siempre por telesalud —reconoció no haberla visto nunca en persona—, y que redactó casi la mitad de las aproximadamente treinta prescripciones que Clancy acumuló en ese periodo. Sus notas documentan ansiedad grave, pensamientos acelerados, insomnio y preocupaciones sobre los niños. Registró también, el 16 de enero, que el vínculo con el bebé le resultaba forzado. Sostuvo con firmeza dos cosas: que Clancy nunca expresó ideación suicida ni homicida, y que nunca observó signos de psicosis. Negó además el diagnóstico de bipolaridad, afirmando haberlo evaluado y no haber constatado manía. Declaró que consideró para ella el Zulresso —una infusión intravenosa de sesenta horas aprobada para la depresión posparto— pero que no pudo recomendarlo porque solo estaba disponible en un centro de Rhode Island al que no tenía acceso. Y admitió, en un dato que la defensa explotó, que nunca había tratado un caso de psicosis posparto antes de conocer a Clancy.
Su paso por el estrado terminó con un intercambio tenso. Reddington le mostró una nota suya en la que figuraba una referencia al habla acelerada o presionada —signo clásico de manía— y ella respondió que sabía lo que había querido decir independientemente de lo que dijera el papel; la fiscalía repuso mostrando un cuestionario en el que había marcado el habla como apropiada.
Julie Paul, enfermera especializada en salud mental (Programa de Salud Conductual Perinatal, South Shore Health). Primer contacto en noviembre de 2022. Clancy llegó a ella por una amiga de la madre de Patrick. El cribado indicó ansiedad extrema y una puntuación de 23 sobre 30 en la Escala de Depresión Posnatal de Edimburgo —un valor muy alto: el punto de corte habitual para sospecha de depresión se sitúa entre 10 y 13—, aunque Clancy negó ideación suicida y alucinaciones. Días después, una nueva medición dio 17. Paul dejó de ejercer en diciembre de 2022 y transfirió el caso.
Paul es el único prestador al que la defensa penal no atacó. Reddington destacó que la atendió con profesionalidad, que la llamó en uno de sus días libres y que le facilitó su teléfono personal, y le agradeció expresamente su cuidado. Su contrainterrogatorio duró aproximadamente un minuto.
Rebecca Jollotta, enfermera especializada en salud mental (mismo programa). Primer contacto el 29 de noviembre de 2022, mediante evaluación virtual. Está certificada por Postpartum Support International y declaró haber tratado unos cinco casos de psicosis posparto en cinco años. La atendió tres veces, con mensajería intensa a través del portal MyChart entre visitas. Diseñó un plan para ansiedad, depresión e insomnio a finales de noviembre; según su testimonio, Clancy pedía modificaciones casi a diario, alegando que los fármacos le provocaban pensamientos intrusivos, insomnio y embotamiento, y expresó por escrito su temor a volverse dependiente de las benzodiacepinas. Jollotta declaró que creía que Clancy tenía síntomas de depresión posparto, pero que la propia paciente atribuía esos síntomas a la medicación y no a la enfermedad de base.
Su testimonio contiene la admisión más costosa del proceso: nunca se comunicó con la Dra. Tufts ni consultó sus registros, pese a saber que Clancy estaba en tratamiento simultáneo con ella. No tuvo conocimiento de una prescripción de hidroxicina del 26 de octubre, y hay prescripciones de enero que niega haber emitido. Reddington le planteó además que había resultado inaccesible durante unas vacaciones breves mientras el estado de su paciente se deterioraba; ella respondió que le pidió posponer la reducción de medicación y que Clancy dijo que acudiría a la psiquiatra. Su último contacto fue el 21 de diciembre de 2022.
Latiesha Dukes, consejera de salud mental licenciada (clínica perinatal de South Shore). Cuatro sesiones en diciembre de 2022. Su función, según describió, era elaborar un plan de tratamiento y trabajar habilidades de afrontamiento. Clancy le fue derivada por ansiedad posparto, falta de sueño, síntomas depresivos e ideación suicida pasiva frecuente: pensamientos de no querer seguir viva, sin plan estructurado. Dukes precisó que si hubiera habido un plan, habría tenido que manejarlo como una crisis. Registró también la ansiedad de Clancy por que algo les ocurriera a sus hijos, y declaró que no observó signos de psicosis.
Dukes aportó la segunda gran admisión sobre fragmentación: no revisó los registros de Paul ni de Jollotta, explicando que era práctica habitual entre terapeutas no consultar otros expedientes antes de la primera entrevista, para llegar con una mirada limpia. Fue ella quien, el 20 de diciembre, derivó a Clancy a un programa de hospitalización parcial del Women & Infants Hospital, más orientado a mujeres en el posparto y con posibilidad de que el bebé la acompañara. El programa, tras entrevistarla, decidió no admitirla. Su última interacción fue el 19 de diciembre; su nota de ese día registra a la vez que Clancy reía y estaba más animada y que persistían el ánimo bajo y el embotamiento, una aparente contradicción que Reddington usó para atacar el valor probatorio de las notas clínicas. Dukes respondió que las notas son un resumen de la visita, no una transcripción.
McLean Hospital (Belmont). Del 1 al 5 de enero de 2023, ingreso psiquiátrico voluntario de cinco días, decidido tras una llamada de Patrick al programa de South Shore el 30 de diciembre en la que dijo que su mujer estaba a salvo pero quería ir al McLean. La Dra. Alia Goodheart declaró que Clancy refirió sentirse embotada al llegar, detalló los diagnósticos, fármacos y terapias recibidos, y explicó que fue dada de alta la tarde del 5 de enero después de que Clancy manifestara a una trabajadora social que se sentía capaz de manejarse en casa, con entrega de recursos externos de apoyo. Otro psiquiatra del centro declaró que Clancy pidió que le retiraran un antipsicótico porque no lograba dormir y que no se observaron signos de psicosis durante el ingreso.
3.4 La medicación
Las cifras varían según la fuente y el criterio de recuento, y esa variación es en sí misma reveladora. La defensa penal habló inicialmente de hasta doce o trece fármacos distintos. Las demandas civiles cifran nueve medicamentos psiquiátricos en los meses previos, ocho de ellos dentro de un periodo de tres semanas. El testimonio de Tufts sitúa el total de prescripciones en torno a treinta, casi la mitad suyas.
Entre los principios activos mencionados en el estrado o en las demandas figuran sertralina (Zoloft), lorazepam (Ativan), buspirona, trazodona, quetiapina (Seroquel), diazepam, amitriptilina e hidroxicina. La secuencia relevante es la siguiente: la quetiapina —un antipsicótico— fue prescrita por un prestador distinto de Tufts; Patrick advirtió en diciembre a Tufts que su mujer no estaba bien y que él lo atribuía a ese fármaco; el programa de Women & Infants concluyó, según la demanda de Patrick, que los problemas de Clancy se debían a sobremedicación y a un diagnóstico erróneo, y trató de contactar a una de sus enfermeras prescriptoras sin obtener respuesta; y en el McLean, Clancy pidió que le retiraran el antipsicótico por insomnio.
Es decir: hay al menos tres momentos documentados en los que alguien —el marido, un programa especializado, la propia paciente— señala que el régimen farmacológico está haciendo daño, y ninguno de esos avisos produce una reevaluación diagnóstica.
3.5 Lo que nadie escribió
Conviene cerrar esta sección con la constatación que sostiene el caso de la fiscalía. En cuatro meses y a lo largo de al menos diecisiete contactos clínicos documentados con cinco profesionales distintos, más un ingreso hospitalario de cinco días y una evaluación en un programa de hospitalización parcial, ningún registro consigna alucinaciones, delirios ni diagnóstico de psicosis. Todos los prestadores que han declarado afirman no haber observado signos psicóticos. Todos afirman que Clancy negó tener plan alguno de dañarse o de dañar a sus hijos.
La defensa contesta con tres argumentos: que la psicosis posparto es un cuadro raro que estos profesionales no estaban entrenados para reconocer —Tufts admitió no haber visto ninguno antes—; que los pacientes con conciencia parcial de enfermedad ocultan sistemáticamente los síntomas más estigmatizantes, y la paciente, una enfermera que teme por la custodia de sus hijos, tiene motivos poderosos para no verbalizar pensamientos de dañarlos; y que lo que sí quedó registrado —pensamientos intrusivos, embotamiento, insomnio grave, ansiedad extrema respecto de los niños— es precisamente el pródromo que un clínico entrenado habría leído como una situación urgente. La demanda de Lindsay Clancy lo formula de manera explícita: sostiene que los pensamientos intrusivos que ella reportó eran en realidad alucinaciones auditivas no reconocidas como tales.
4. Marco conceptual: del blues posparto al filicidio
4.1 Un espectro, no una entidad
El lenguaje público confunde habitualmente tres cuadros que la clínica distingue con nitidez y cuyas implicaciones de riesgo son incomparables.
La tristeza posparto —baby blues— afecta a una mayoría de puérperas, aparece en los primeros días, es autolimitada y no requiere tratamiento específico.
La depresión posparto afecta aproximadamente a una de cada siete u ocho madres. Cursa con ánimo bajo, anhedonia, alteraciones del sueño y del apetito, ansiedad y, con frecuencia notablemente subestimada, pensamientos intrusivos de contenido agresivo relativos al bebé. Ese último punto merece énfasis: los pensamientos intrusivos egodistónicos —desagradables, indeseados, vividos como ajenos y acompañados de horror— son un fenómeno común en la depresión y la ansiedad perinatales y no predicen conducta violenta. Su presencia obliga a explorar, no a alarmarse.
La psicosis posparto es cualitativamente distinta. Su incidencia es de una a dos por mil nacimientos; en el juicio, la defensa citó un estudio del centro de salud mental de la mujer del Massachusetts General Hospital que sitúa la cifra en dos por mil. Suele instalarse en las primeras semanas tras el parto, aunque hay presentaciones más tardías, y se caracteriza por delirios, alucinaciones, desorganización, insomnio total y una fluctuación rápida del estado mental que constituye su rasgo más traicionero desde el punto de vista asistencial: una paciente puede presentarse lúcida y coherente en una consulta de media hora y estar francamente psicótica seis horas después. Es una urgencia psiquiátrica que en general requiere hospitalización.
El punto clínicamente decisivo para este caso es el siguiente: la psicosis posparto está estrechamente asociada al trastorno bipolar. Una proporción sustancial de mujeres con un primer episodio psicótico posparto tiene o desarrollará un trastorno bipolar, y el antecedente de bipolaridad es el factor de riesgo mejor establecido. De ahí que el diagnóstico diferencial entre depresión unipolar y bipolaridad con inicio en el posparto no sea una discusión nosológica académica sino una decisión con consecuencias inmediatas: cambia el tratamiento —estabilizadores del ánimo frente a antidepresivos—, cambia el umbral de hospitalización y cambia la vigilancia requerida.
4.2 El filicidio materno
La literatura forense sobre muerte de hijos a manos de la madre debe a Phillip Resnick su categorización clásica, propuesta en 1969 y todavía operativa. Resnick distinguió, entre otros tipos, el filicidio altruista —la madre mata creyendo, desde una convicción delirante, que libra a sus hijos de un sufrimiento peor, a menudo en el marco de un suicidio ampliado—, el filicidio agudamente psicótico, sin motivo comprensible, y el filicidio por niño no deseado o por maltrato fatal, que responden a dinámicas enteramente distintas y sin componente psicótico.
La distinción importa jurídicamente porque el filicidio altruista tiende a presentar un patrón reconocible: madres sin antecedentes de violencia, frecuentemente descritas como cuidadoras devotas, con enfermedad mental grave, que actúan con lo que desde fuera parece deliberación —eligen el momento, cierran una puerta, procuran privacidad— precisamente porque el delirio les impone una tarea que creen necesaria. Esa apariencia de planificación es, en el marco altruista, compatible con la psicosis y no la excluye. La fiscalía en el caso Clancy sostiene lo contrario: que la elección del momento, el envío del marido a hacer recados y la comprobación de la duración del trayecto evidencian una decisión racional. La defensa replica que ese mismo conjunto de conductas es exactamente lo que la literatura describe en el filicidio altruista.
El intento de suicidio inmediatamente posterior es, en este esquema, un dato de peso considerable. La fiscalía ha sugerido en el juicio que Clancy simuló el intento; la gravedad objetiva de las lesiones —cortes en muñecas y cuello, salto desde un segundo piso con resultado de parálisis permanente— hace de esa sugerencia una carga argumentativa difícil de sostener ante un jurado.
4.3 El derecho comparado y la anomalía estadounidense
Varios ordenamientos anglosajones y europeos reconocen figuras específicas que atenúan la responsabilidad de la madre que mata a su hijo en el periodo posparto. La Infanticide Act británica de 1938 permite reconducir la conducta de la madre que mata a un hijo menor de doce meses, cuando el equilibrio de su mente estaba alterado por el parto o la lactancia, a una figura equiparable al homicidio no doloso, con penas que en la práctica suelen ser terapéuticas más que carcelarias. El Código Penal canadiense contiene una previsión análoga. Alrededor de dos docenas de países cuentan con normas de este tipo.
Estados Unidos no tiene ninguna. La madre que mata a su hijo en el posparto se enfrenta a los mismos cargos de asesinato que cualquier otro homicida, y su única vía es la defensa general de inimputabilidad, cuyo estándar varía por estado y cuyo éxito ante un jurado es estadísticamente muy improbable. Autoras como Margaret Spinelli —incluida en la lista de peritos de la defensa de Clancy— han argumentado durante dos décadas a favor de introducir una figura específica o, al menos, de reconocer legislativamente la psicosis posparto como categoría relevante.
El precedente comparativo obligado es Andrea Yates, que en 2001 ahogó a sus cinco hijos en Texas convencida, desde un delirio religioso, de que así salvaba sus almas. Fue condenada en 2002; la condena se anuló en 2005 por un error factual en el testimonio del perito de la fiscalía; y en el segundo juicio, en 2006, fue declarada no culpable por razón de enfermedad mental y destinada a un hospital psiquiátrico. Resnick testificó por la defensa. La diferencia crucial con el caso Clancy es probatoria: en Yates existía psicosis ampliamente documentada antes del hecho, con hospitalizaciones previas por delirios explícitos. En Clancy, hasta ahora, el expediente contemporáneo no la documenta.
Hay además un precedente doméstico reciente que la defensa seguirá de cerca. En agosto de 2026, el máximo tribunal de Massachusetts anuló la condena por asesinato de Latarsha Sanders, que en 2018 mató a sus dos hijos y describió en un interrogatorio policial haber recibido mensajes de personas malas que le ordenaban realizar un ritual. El tribunal concluyó, en decisión unánime del juez Frank Gaziano, que la exclusión de ciertos registros médicos privó indebidamente a la defensa del sustento médico de su caso. La resolución llegó mientras el jurado de Clancy escuchaba testimonio, y refuerza la relevancia de los expedientes clínicos como material probatorio de la defensa en este tipo de causas.
5. El proceso penal
5.1 El estándar aplicable
Massachusetts sigue, desde Commonwealth v. McHoul (1967), una formulación próxima a la del Código Penal Modelo (similar al Código penal español). Una persona no es penalmente responsable si, como consecuencia de una enfermedad o defecto mental, carecía de capacidad sustancial para apreciar la ilicitud —o la criminalidad— de su conducta, o para conformar su conducta a las exigencias de la ley. Las dos premisas del test son alternativas, y el segundo es especialmente pertinente aquí: una persona puede saber perfectamente que lo que hace es un crimen y, sin embargo, carecer de capacidad para no hacerlo si un mandato delirante se le impone como ineludible.
La distribución de la carga probatoria es favorable a la acusada. La defensa solo debe suscitar la cuestión; una vez suscitada, corresponde al Commonwealth probar más allá de toda duda razonable que la acusada sí era penalmente responsable. Es una asignación exigente que rara vez se traduce en absoluciones, porque los jurados tienden a resistirse a la inimputabilidad, pero es doctrinalmente relevante.
Un veredicto de falta de responsabilidad penal no produce libertad. Conduce a un compromiso civil en un hospital psiquiátrico estatal, con revisiones periódicas y sin plazo máximo predeterminado, que en la práctica puede prolongarse tanto o más que una pena.
5.2 Las incidencias procesales relevantes
El juicio se retrasó en varias ocasiones —hubo fechas fijadas para diciembre de 2025 y enero de 2026— por pendencias de prueba de ADN, informes periciales y disputas probatorias, entre ellas una solicitud de la fiscalía para acceder a las notas y grabaciones de un periodista de The New Yorker que había entrevistado a Patrick Clancy sobre el estado mental de su mujer.
Tres incidencias merecen atención por su valor analítico:
La petición de división del juicio. La defensa solicitó dividir el juicio en dos fases: una sobre la autoría material y otra en la que el Commonwealth tuviera que probar la responsabilidad penal. Reddington construyó el argumento sobre la constitución de Massachusetts, anterior a la federal, cuyo texto prohíbe obligar a una persona a aportar prueba contra sí misma —una formulación más amplia que la federal, que prohíbe obligarla a ser testigo contra sí misma—. La lógica es clara: una defensa de inimputabilidad exige que la acusada se someta a evaluación pericial y que sus declaraciones a los peritos entren en el proceso, lo cual roza la autoincriminación si la autoría todavía se discute. La fiscal Sprague replicó que sería duplicar juicios sin necesidad y que la ley no reconoce ese derecho. El juez Sullivan denegó la petición.
La oferta de admitir los hechos. Denegada la división del juicio, la defensa ofreció en abril de 2026 admitir formalmente por escrito la autoría, para desplazar todo el juicio al estado mental. La fiscalía se opuso. En el juicio, la solución de compromiso llegó por otra vía: en el sexto día de testimonio, Clancy suscribió un acuerdo de estipulación sobre una serie de hechos —cadena de custodia, elementos periciales no discutidos— que la fiscalía habría tenido que probar mediante testigos. Al responder al juez sobre su comprensión de ese acuerdo, pronunció sus primeras palabras audibles del juicio.
La exclusión de peritos. El juez Sullivan concedió una petición de la fiscalía para eliminar a cuatro médicos de la lista de la defensa por no haber sido identificados previamente como expertos, aunque se reservó reconsiderarlo si resultaban necesarios para refutar prueba de la acusación. La fiscalía había acusado a la defensa de comunicar esos nombres semana y media antes del juicio como maniobra de sorpresa. La defensa, por su parte, litigó para incorporar el testimonio de una antigua trabajadora social del McLean que había publicado en redes sociales sobre las condiciones de la unidad donde Clancy estuvo ingresada; la fiscalía objetó que no trabajaba allí en las fechas relevantes.
5.3 Las dos teorías del caso
La acusación. Dirigida por las fiscales adjuntas Jennifer Sprague y Shanan Buckingham, sostiene que Clancy actuó de forma intencional, racional y rápida; que estaba desbordada por las exigencias de la maternidad pero comprendía plenamente sus actos; que los envíos de su marido a hacer recados y la comprobación previa del tiempo disponible acreditan planificación; y que ningún registro clínico contemporáneo documenta psicosis. Entre la prueba figuran búsquedas en su teléfono: la fiscalía alegó en fase previa que cuatro días antes Clancy había buscado si es posible tratar a un sociópata, y que investigó métodos de matar. La defensa sostiene que buscaba métodos de suicidio.
La defensa. Reddington no discute la autoría. Sostiene que Clancy padecía trastorno bipolar y psicosis posparto, que fue sobremedicada de manera errónea, y que ese conjunto produjo ideación suicida y homicida. Su relato es el de una mujer que buscó ayuda con desesperación —acudió a urgencias, contactó servicios de crisis, se ingresó voluntariamente, reportó reiteradamente el empeoramiento— y a la que el sistema falló.
5.4 El estado del proceso
Al 12 de agosto de 2026, la fiscalía seguía presentando su caso, con más de sesenta testigos ya interrogados, y se esperaba que cerrara en cuestión de días. El jurado está compuesto por doce mujeres y seis hombres, incluidos suplentes. Ningún perito psiquiátrico había declarado aún.
Cuando lo hagan, el choque será notable. La fiscalía ha designado a Kirk Heilbrun y Avram Mack, de Park Dietz & Associates —la consultora fundada por el psiquiatra que testificó por la acusación en el primer juicio de Andrea Yates—, a Gregory Saathoff, psiquiatra forense vinculado a la Universidad de Virginia y al FBI, y a Margarita Abi Zeid Daou, de la UMass Chan Medical School. La defensa ha designado a Phillip Resnick, a Margaret Spinelli y a Paul Zeizel. Es, en esencia, el enfrentamiento entre la tradición forense especializada en refutar defensas de inimputabilidad y la tradición académica especializada en psiquiatría perinatal y filicidio.
6. Las demandas por responsabilidad profesional
Esta es la parte del caso con mayor potencial de consecuencias más allá de las partes. El proceso penal decidirá el destino de una persona; los procesos civiles podrían redefinir qué se le exige a un sistema de salud mental perinatal.
6.1 Las dos acciones: partes, foro y pretensiones
En enero de 2026 se presentaron en el Tribunal Superior del condado de Norfolk dos demandas separadas y coordinadas en su narrativa fáctica pero distintas en su lógica jurídica.
La demanda de Patrick Clancy, presentada el 21 de enero de 2026, es una acción por muerte injusta (wrongful death) y mala praxis médica, ejercida en su propio nombre y en representación de sus tres hijos fallecidos. Sus demandados iniciales fueron la Dra. Jennifer A. Tufts, la enfermera especializada Rebecca H. Jollotta, Aster Mental Health Inc. y South Shore Health System, Inc.; información posterior sitúa también a Julie Paul y Latiesha Dukes entre los demandados de ambas acciones. Reclama más de un millón de dólares, e incluye pretensiones por dolor y sufrimiento consciente de los niños. Añade un capítulo llamativo: acusa a South Shore Health de una infracción de la normativa federal de privacidad sanitaria (HIPAA) por haber reconocido que un empleado accedió indebidamente a los expedientes médicos de la familia.
La demanda de Lindsay Clancy, presentada aproximadamente una semana después, es una acción por negligencia, mala praxis y daño personal propio, más pérdida de consorcio parental y conyugal, más responsabilidad vicaria contra las entidades empleadoras. Está firmada por la abogada Rosemary Curan Scapicchio, que no la representa en el proceso penal —una separación de equipos que tiene sentido táctico, porque las dos estrategias, aunque converjan en el relato, responden a incentivos distintos. Reclama más de un millón de dólares por sus lesiones físicas y psiquiátricas, incluida la parálisis permanente, gastos médicos, lucro cesante, dolor y sufrimiento y daño emocional. Es un escrito de dimensiones extraordinarias: la prensa lo cifró en 784 páginas. Una versión enmendada se presentó en julio de 2026, ya con el juicio penal en marcha.
Su lista de demandados es más amplia: once en total, de los cuales siete son profesionales individuales. Además de Tufts, Jollotta, Paul y Dukes, incorpora a los psiquiatras Alia Goodheart, Zobeida Diaz y Elizabeth Madva; y como entidades, a Aster Mental Health, South Shore Health System, McLean Hospital y Women & Infants Hospital of Rhode Island.
La estructura de imputación institucional que el escrito describe es: Aster empleaba a Tufts y responde vicariamente por ella; South Shore empleaba a Jollotta y operaba el Programa de Salud Conductual Perinatal, y responde vicariamente por su personal; McLean prestó el tratamiento hospitalario del 1 al 5 de enero de 2023; y Women & Infants operaba el programa de hospitalización parcial para pacientes con depresión posparto al que Clancy acudió a finales de diciembre de 2022.
Ninguna de las dos demandas cuantifica un importe cerrado: ambas piden la determinación de daños en juicio y solicitan jurado.
6.2 La teoría central: un diagnóstico equivocado que arrastró todo lo demás
El eje de la demanda de Lindsay Clancy es un error diagnóstico. Sostiene que padecía trastorno bipolar con inicio en el posparto, no depresión posparto unipolar, y que ninguno de los prestadores lo identificó pese a la existencia de signos anteriores —el episodio de activación tras el nacimiento de Dawson— y de manifestaciones contemporáneas.
De ese error primario, la demanda deriva en cascada el resto de las imputaciones. Si el diagnóstico era bipolar, entonces el régimen aplicado —antidepresivos y ansiolíticos, con un antipsicótico añadido de forma tardía y por un prescriptor distinto— era el equivocado, y no meramente insuficiente: era capaz de precipitar o agravar el cuadro. La demanda emplea el vocabulario de la iatrogenia: describe un curso clínico desorganizado y no coordinado de polifarmacia que exacerbó su condición y precipitó una ruptura psicótica grave, y afirma que la propia multiplicidad de prescriptores obscureció el diagnóstico correcto y la intervención adecuada.
La segunda pieza es la reinterpretación de los síntomas registrados. La demanda alega que los prestadores no reconocieron que los pensamientos intrusivos que Clancy reportaba eran en realidad alucinaciones auditivas, y que como tales la convertían en un peligro para sí misma y para sus hijos. Es una imputación de gran ambición técnica: no dice que le ocultaran nada, dice que tenían delante los datos y los clasificaron mal.
La tercera es la narrativa de la paciente diligente. La demanda insiste en que Clancy hizo todo lo que estaba a su alcance: buscó tratamiento, acudió a urgencias, contactó servicios de crisis, se ingresó voluntariamente, comunicó reiteradamente el empeoramiento y dijo expresamente que la medicación la estaba empeorando. Añade que su marido abogó por ella y que su familia se trasladó desde otro estado para ayudar con los niños. La conclusión retórica —que aun así el sistema médico le falló por completo— cumple una función jurídica precisa: neutralizar preventivamente la defensa de negligencia concurrente o de incumplimiento del paciente.
6.3 El catálogo de incumplimientos alegados
Sistematizando lo que ambas demandas imputan, los incumplimientos del estándar de cuidado se agrupan en seis bloques.
a) Fallo diagnóstico. No identificar bipolaridad con inicio posparto; no reconocer alucinaciones auditivas bajo la etiqueta de pensamientos intrusivos; no reconocer un cuadro de psicosis posparto en curso o inminente.
b) Polifarmacia y gestión farmacológica. Nueve fármacos psiquiátricos en pocos meses, ocho de ellos en tres semanas; cambios rápidos y sucesivos sin ventanas de evaluación suficientes; adición por acumulación en lugar de revisión; falta de monitorización de efectos adversos y de interacciones; ausencia de reacción ante los avisos explícitos —del marido, del programa de Women & Infants, de la propia paciente— de que el régimen estaba haciendo daño.
c) Ausencia de coordinación. Este es el bloque más fuerte, porque ya no depende de una discusión de criterio clínico sino de omisiones admitidas en el estrado. La demanda de Patrick Clancy alega que no hay indicio alguno de que la psiquiatra, las dos enfermeras especializadas y la terapeuta se hubieran comunicado entre sí para coordinar el tratamiento. En el juicio penal, Jollotta reconoció no haber hablado nunca con Tufts ni consultado sus registros, y Dukes reconoció no haber revisado los expedientes de sus propias colegas. La demanda añade que el programa de Women & Infants, tras concluir que había sobremedicación y diagnóstico erróneo, intentó contactar con una de sus enfermeras prescriptoras y no obtuvo respuesta.
Ese último dato es potencialmente devastador en términos de causalidad: significa que un servicio especializado formuló la hipótesis correcta —o al menos una hipótesis alternativa fundada— aproximadamente un mes antes de las muertes, intentó transmitirla, y no encontró receptor.
d) Fallo en la evaluación y gestión del riesgo. Ambas demandas cuestionan si los clínicos evaluaron adecuadamente el riesgo, y no solo el riesgo autolítico de la paciente sino el riesgo para los niños. La cuestión es delicada porque, según el testimonio del propio proceso penal, Clancy negó reiteradamente ideación suicida activa y homicida. Las demandas responden desplazando el reproche del contenido de las respuestas a la calidad de la indagación: sostienen que una puntuación de 23 en la escala de Edimburgo, ideación suicida pasiva reconocida, insomnio grave persistente, embotamiento y ansiedad focalizada en los hijos configuran, en conjunto, un cuadro que exigía una evaluación estructurada del riesgo y no la mera anotación de que la paciente negaba tener un plan.
e) Fallo de nivel asistencial. Que no se hospitalizara antes ni de forma involuntaria cuando el cuadro lo requería; que el alta del McLean el 5 de enero fuera prematura, adoptada sin una reconstrucción suficiente de su historia psiquiátrica y confiando en la autoevaluación de una paciente con conciencia parcial de enfermedad; que el programa de hospitalización parcial la rechazara o la diera de alta en menos de una semana. La demanda de Lindsay Clancy incorpora por eso a McLean y a Women & Infants, ampliando el reproche desde los prescriptores ambulatorios hasta los dispositivos de contención.
f) Responsabilidad institucional. Responsabilidad vicaria de Aster y South Shore por los actos de su personal; y, más allá, un reproche organizativo implícito: que el programa perinatal careciera de mecanismos que garantizaran continuidad al marcharse una enfermera de referencia, o que no existiera un responsable único del caso en un cuadro que exigía exactamente eso.
La demanda de Patrick Clancy añade la calificación agravada: describe los actos y omisiones como negligencia grave e indiferencia temeraria respecto de la salud, seguridad y bienestar de Lindsay y de los niños. Esa calificación no es ornamental: en el derecho de daños estadounidense abre la puerta a daños punitivos y dificulta ciertas defensas.
6.4 Los obstáculos jurídicos
Sería un error leer estas demandas como si su fuerza narrativa anticipara su éxito procesal. Los obstáculos son serios y de distinta naturaleza según de qué demanda se trate.
a) El tribunal de mala praxis
Massachusetts interpone un filtro previo. La legislación estatal en materia de acciones por mala praxis médica prevé la constitución de un tribunal de revisión integrado por un juez, un profesional sanitario del mismo ámbito de práctica que el demandado y un abogado. Su función no es resolver sobre la responsabilidad, sino determinar si el demandante ha presentado prueba suficiente para sustentar la reclamación —un umbral formulado en términos próximos a los de una moción de sobreseimiento—. Si el tribunal concluye que la prueba es insuficiente, el demandante puede aun así continuar, pero debe constituir una fianza para cubrir las costas de la parte demandada, lo que en la práctica funciona como desincentivo.
La Dra. Tufts solicitó la constitución de ese tribunal en el caso de Lindsay Clancy. Es un movimiento defensivo estándar y su resultado será el primer indicador serio de la viabilidad de la acción.
b) El estándar de cuidado y la batalla de peritos
Como ha señalado David Simon, profesor de derecho sanitario en Northeastern University, los litigios de mala praxis con pacientes psiquiátricos son especialmente difíciles porque son intensivos en hechos y se reducen, al final, al testimonio pericial sobre cuál era el estándar de cuidado exigible.
Aquí la dificultad es doble. Primero, porque el estándar en psiquiatría perinatal no está tan codificado como en especialidades procedimentales: no hay un protocolo unívoco que diga cuántos fármacos son demasiados, ni en cuántos días debe reevaluarse un cambio, ni cuándo la ideación suicida pasiva obliga a hospitalizar. Segundo, porque la defensa previsible de los prestadores —que Simon anticipa expresamente— consiste en sostener que la enfermedad mental de Clancy era una condición preexistente y de larga evolución, y que los profesionales no hicieron nada que la causara. Es decir, atribuir el resultado a la evolución natural de un trastorno grave y no a la intervención.
c) La causalidad
Este es el punto más frágil de ambas demandas, y lo es por razones distintas.
En la demanda de Patrick Clancy, el enunciado causal es explícito: de haber recibido atención adecuada, es más probable que no que los niños estuvieran hoy vivos. Formulado así, cumple el estándar civil de preponderancia de la prueba. Pero exige demostrar que una cadena que va desde un error diagnóstico hasta una decisión farmacológica, y de ahí a un estado mental, y de ahí a una conducta homicida, es suficientemente previsible y no está interrumpida por un acto voluntario de un tercero.
Y aquí aparece la paradoja del caso: el acto interruptor sería la conducta de Lindsay Clancy, cuya voluntariedad es precisamente lo que se está litigando a doscientos kilómetros de distancia, en Plymouth.
d) La protección legal de los profesionales de salud mental frente a los actos de sus pacientes
Los abogados de los prestadores han pedido la desestimación de la demanda de Patrick Clancy con un argumento de derecho sustantivo: que la ley de Massachusetts, en términos generales, exime a los profesionales de salud mental de responsabilidad por los delitos cometidos por sus pacientes.
Conviene entender de dónde viene esa regla. Tras la doctrina californiana Tarasoff, que en los años setenta reconoció un deber de proteger a terceros identificables amenazados por un paciente, numerosos estados legislaron para acotar ese deber en lugar de dejarlo al desarrollo jurisprudencial. Massachusetts es uno de ellos: su normativa sobre el deber de advertir configura una obligación limitada a supuestos tasados —esencialmente, amenazas explícitas contra víctimas identificables, o antecedentes de violencia con riesgo actual— y establece que fuera de esos supuestos no hay responsabilidad por no advertir ni por no contener.
Aplicada a este caso, la regla es formidable para la defensa: si el expediente no registra ninguna amenaza contra los niños —y todos los prestadores han declarado bajo juramento que Clancy negó cualquier plan de dañarlos—, el presupuesto legal del deber frente a terceros simplemente no se activa. La respuesta previsible de la parte demandante es de recalificación: sostener que su acción no se funda en un deber de advertir a terceros, sino en la mala praxis en el tratamiento de la propia paciente, siendo la muerte de los niños un daño derivado y previsible de ese tratamiento defectuoso. Que un tribunal de Massachusetts acepte esa distinción es, hoy, una incógnita, y es probablemente la cuestión jurídica más interesante que el caso plantea.
e) El problema específico de la demanda de Lindsay Clancy: reclamar por las consecuencias de su propio acto
La acción de Lindsay Clancy afronta un obstáculo adicional y de otro orden. Reclama la indemnización de daños —su parálisis, su sufrimiento psíquico, la pérdida de la relación con sus hijos— que se produjeron a través de su propia conducta homicida y de su propio intento de suicidio.
Los sistemas de responsabilidad civil suelen resistirse a permitir que alguien obtenga reparación de las consecuencias de su propio acto ilícito, mediante doctrinas de distinto nombre —ilegalidad, in pari delicto, orden público— cuya aplicación en el terreno de la salud mental es, sin embargo, controvertida. La contraargumentación de la demandante es coherente con su tesis de fondo: si ella carecía de capacidad para controlar su conducta, entonces esa conducta no fue un acto ilícito imputable en el sentido que esas doctrinas requieren, sino el síntoma de una enfermedad no tratada, es decir, precisamente el daño cuya causación se imputa a los demandados.
Nótese la elegancia y el riesgo de esa arquitectura: la viabilidad de su demanda civil depende, en gran medida, de que gane el proceso penal. Un veredicto de falta de responsabilidad penal le proporcionaría una determinación judicial de que no controlaba su conducta, lo que desactivaría en buena parte la objeción de orden público y reforzaría la causalidad. Una condena por asesinato en primer grado produciría el efecto contrario: no solo por su valor probatorio en sede civil, sino porque establecería que actuó de manera intencional y racional, lo que corta la cadena causal y activa las doctrinas de exclusión.
Por eso las dos demandas, aunque narrativamente idénticas, tienen suertes potencialmente divergentes: la de Patrick Clancy no arrastra el problema de reclamar por el propio acto, aunque sí el del deber frente a terceros; la de Lindsay Clancy no depende del deber frente a terceros —ella era la paciente—, pero depende de cómo se califique jurídicamente lo que hizo.
6.5 La interacción entre el proceso penal y el civil
La simultaneidad de ambos procesos genera un conjunto de efectos cruzados sin precedente claro.
Los mismos testigos, dos posiciones. Tufts, Jollotta, Paul, Dukes y Goodheart son testigos de la acusación en el proceso penal y demandadas en el civil. Están declarando bajo juramento sobre los mismos hechos que fundamentan las reclamaciones millonarias contra ellas. El incentivo es evidente y la defensa penal lo ha explotado: cada afirmación de que no vieron signos de psicosis, de que la paciente negaba planes, de que el tratamiento era razonable, sirve simultáneamente a la fiscalía y a su propia defensa civil. Reddington ha señalado esa doble condición ante el jurado.
El expediente penal como descubrimiento civil gratuito. Semanas de testimonio bajo juramento, sometido a contrainterrogatorio y transcrito, sobre cada visita, cada nota y cada prescripción, constituyen un material de prueba que en un litigio civil ordinario habría requerido años de deposiciones. La admisión de Jollotta de que nunca habló con Tufts, o la de Dukes de que no leyó los expedientes de sus colegas, tienen ahora forma de declaración judicial.
La asimetría de posiciones dentro del mismo bando. La estrategia de la defensa penal ha sido notablemente selectiva: atacó con dureza a Tufts, a Jollotta y a Goodheart, y en cambio elogió expresamente a Julie Paul. Es coherente con la teoría del caso —Paul es la profesional que, según la propia defensa, actuó bien—, pero produce el efecto llamativo de que la defensa penal exonera en el estrado a alguien que aparece como demandada en el proceso civil paralelo.
La cuestión reputacional e institucional. Independientemente del resultado, el efecto sobre las instituciones ya se ha producido. Los portavoces de McLean, South Shore y Women & Infants han declinado comentar el litigio pendiente, limitándose a reafirmar su compromiso con la calidad asistencial. La cobertura del caso en publicaciones profesionales ha situado el expediente como material de estudio sobre cómo un registro de tratamiento fragmentado, cambios rápidos de medicación y traspasos fallidos se convierten en alegaciones centrales de una demanda tras un resultado catastrófico.
6.6 Un escenario intermedio poco discutido
Merece la pena señalar una posibilidad que la cobertura mediática rara vez plantea: que ambos resultados sean adversos para la señora Clancy y que, sin embargo, las demandas prosperen parcialmente.
Un jurado penal podría concluir que no se probó la falta de responsabilidad penal más allá de toda duda razonable —o incluso condenar por asesinato en segundo grado, figura que en Massachusetts admite libertad condicional a los quince años— y un jurado civil, aplicando el estándar mucho más laxo de la preponderancia de la prueba y juzgando una cuestión distinta, podría concluir que los prestadores incumplieron el estándar de cuidado. No hay contradicción lógica: la responsabilidad penal se mide en el momento del hecho y con un umbral máximo de certeza; la mala praxis se mide a lo largo de cuatro meses de decisiones y con un umbral de probabilidad simple.
Ese escenario —culpable en Plymouth, prestadores responsables en Norfolk— sería, paradójicamente, el más informativo desde el punto de vista de política sanitaria, porque disociaría con claridad las dos preguntas que la discusión pública insiste en confundir: si esta mujer debe ser castigada, y si este sistema de atención funcionó.
7. Lo que el caso revela sobre el sistema
7.1 La interoperabilidad que existía y no se usó
Uno de los hallazgos más incómodos del caso es que las barreras que impidieron la coordinación no eran, en su mayor parte, barreras legales. La normativa de Massachusetts permite a los prestadores compartir registros de pacientes con relativa facilidad cuando se trata de continuidad asistencial. La psiquiatra, las dos enfermeras especializadas y la terapeuta podían haberse comunicado. Simplemente no lo hicieron.
Las razones alegadas son reveladoras precisamente por su carácter rutinario. Dukes explicó que era práctica habitual no consultar expedientes ajenos antes de una primera entrevista, para formar un juicio propio sin contaminación. Es un argumento con fundamento clínico legítimo —el sesgo de anclaje diagnóstico es un problema real— pero convertido en norma general produce lo contrario de lo que pretende: no una mirada fresca, sino una mirada ciega. Jollotta sabía que su paciente veía a otra psiquiatra y no la contactó. Nadie ostentaba la función de integrar la información.
La lección de gobernanza es que la interoperabilidad técnica y jurídica es condición necesaria pero no suficiente. Sin una asignación explícita de responsabilidad —un clínico designado como responsable del caso, con obligación positiva de reconciliar la medicación y de comunicarse con los demás prescriptores—, la información disponible no circula.
7.2 La polifarmacia como fenómeno emergente
Nadie prescribió nueve fármacos. Cada prescriptor añadió uno o dos, en respuesta a una queja concreta, con lógica local defendible: un ansiolítico para la ansiedad, un hipnótico para el insomnio, un antipsicótico a dosis baja para el sueño que después se aumenta buscando estabilización del ánimo, un antihistamínico como alternativa más segura a la benzodiacepina. El resultado agregado —ocho fármacos en tres semanas— no fue decidido por nadie. Emergió.
A esto se añadió un factor que el caso ilustra con particular crudeza: la presión de la propia paciente. Jollotta declaró que Clancy pedía cambios casi a diario y que atribuía sus síntomas a los medicamentos más que a su enfermedad. Un clínico enfrentado a esa demanda tiene dos opciones malas: resistirla, y arriesgar la alianza terapéutica con una paciente desesperada, o acomodarla, y contribuir a un régimen inestable en el que ningún fármaco llega a evaluarse en condiciones. Jollotta declaró haber intentado la primera vía explicando que la medicación tarda semanas en actuar. En el estrado se le reprochó no haber sido accesible cuando esa espera se volvió insoportable.
Hay aquí un problema de diseño y no de virtud individual: la reconciliación farmacológica sistemática es una función que ningún profesional aislado puede desempeñar sobre las prescripciones de otro al que no conoce.
7.3 La brecha entre lo que existe y lo que está disponible
El testimonio de Tufts sobre el Zulresso (Brexanolona - es un medicamento intravenoso diseñado para tratar la depresión posparto moderada a severa en mujeres adultas) es la síntesis del problema. Consideró indicado para su paciente un tratamiento intravenoso específicamente aprobado para la depresión posparto, y no pudo prescribirlo porque el único centro con acceso estaba en otro estado. La derivación de Dukes al programa de hospitalización parcial de Women & Infants —más adecuado que la alternativa local porque estaba orientado al posparto y admitía la presencia del bebé— terminó con el rechazo de la admisión. El ingreso en McLean duró cinco días y culminó en un alta apoyada en la autoevaluación de la paciente.
En los tres casos, el recurso clínicamente indicado existía en el mapa y no estaba disponible en la práctica. Esa distancia entre la existencia nominal de un dispositivo y su accesibilidad real es invisible en las historias clínicas y decisiva en los desenlaces. También es, jurídicamente, un terreno difícil: es dudoso que un clínico individual deba responder por la geografía de la oferta asistencial, y no es evidente qué demandado responde por ella.
7.4 La formación en un cuadro raro
Tufts, la prescriptora principal, admitió no haber tratado nunca un caso de psicosis posparto. Jollotta, la profesional con certificación específica en salud mental perinatal, había visto unos cinco en cinco años. Con una incidencia de una a dos por mil nacimientos, esa escasez de experiencia directa es la situación normal, no la excepción: un clínico general de salud mental puede pasar una carrera completa sin ver un caso.
De ahí se sigue una conclusión de política asistencial más útil que el reproche individual. Si el cuadro es demasiado raro para que la experiencia clínica acumulada sirva de guía, la detección no puede depender del reconocimiento intuitivo. Tiene que depender de instrumentos: cribado sistemático que incluya explícitamente la exploración de fenómenos psicóticos y no solo de síntomas depresivos —las escalas más usadas, incluida la de Edimburgo, no están diseñadas para detectar psicosis—, protocolos de escalada ante combinaciones de alarma como insomnio grave con activación, y vías rápidas de consulta con equipos especializados. Es decir, precisamente los mecanismos cuya ausencia describen las demandas.
7.5 Una nota sobre el tratamiento público del caso
Un último punto, incómodo pero pertinente. La cobertura del caso ha oscilado entre dos marcos igualmente distorsionantes: el de la madre monstruosa y el de la víctima absoluta del sistema. Ambos son más simples que los hechos, y ambos tienen costes.
El primero refuerza el estigma que hace que las madres con síntomas perinatales graves oculten precisamente los síntomas más peligrosos, por miedo a perder a sus hijos —un mecanismo que en este caso pudo operar y que la defensa alega expresamente—. El segundo puede alimentar en las mujeres que atraviesan una depresión posparto el temor infundado de que sus propios pensamientos intrusivos las conviertan en un peligro, cuando la evidencia indica lo contrario. Merece por ello repetirse con claridad: la inmensa mayoría de las mujeres con trastornos del ánimo posparto, incluidas las que experimentan pensamientos intrusivos angustiantes, nunca daña a nadie.
8. Conclusiones
Primera. El caso Clancy no es, en su núcleo, un caso sobre una decisión. Es un caso sobre cuatro meses de decisiones pequeñas, tomadas por al menos cinco profesionales que no hablaron entre sí, dentro de un sistema que no asignó a ninguno la responsabilidad de mirar el conjunto. Los dos procesos judiciales están estructurados para identificar un agente —una acusada, unos demandados— cuando el objeto propio de reproche es una arquitectura.
Segunda. En el proceso penal, la ventaja probatoria es de la fiscalía por una razón concreta y no ideológica: el expediente clínico contemporáneo no documenta psicosis, y ese expediente es la única ventana disponible al estado mental de la acusada, que no declarará. La defensa debe pedir al jurado que crea que cinco profesionales no vieron lo que ocurría, lo cual es clínicamente plausible —la psicosis posparto fluctúa, se oculta y es rara— pero contraintuitivo para un lego. La carga formal recae en la Fiscalía, pero la carga persuasiva recae, en la práctica, en la defensa.
Tercera. En los procesos civiles, la fuerza de la demanda no está en el juicio diagnóstico —terreno donde la batalla de peritos es incierta— sino en las omisiones de coordinación, que ya no son alegaciones sino admisiones bajo juramento, y en el episodio de Women & Infants: un servicio especializado que formuló una hipótesis alternativa un mes antes de los hechos, intentó comunicarla y no encontró interlocutor. Si algo de este caso llega a sentar precedente, será por ahí.
Cuarta. El obstáculo decisivo no es probatorio sino doctrinal, y es distinto para cada demandante. La acción de Patrick Clancy chocará con la regla que limita la responsabilidad de los profesionales de salud mental por los actos delictivos de sus pacientes, y su suerte dependerá de si los tribunales aceptan recalificarla como mala praxis en el tratamiento de la paciente con daño derivado a terceros. La acción de Lindsay Clancy chocará con la resistencia del derecho de daños a indemnizar las consecuencias del propio acto ilícito, y su suerte está atada al veredicto penal: para cobrar necesita que un jurado haya declarado antes que no controlaba su conducta.
Quinta. La ausencia en el derecho estadounidense de una figura específica de infanticidio, presente en el Reino Unido, Canadá y una veintena de países más, obliga a canalizar estos casos por la defensa general de inimputabilidad, que es un instrumento tosco para el problema. El resultado es una lotería: Andrea Yates fue condenada y después absuelta por los mismos hechos, y la diferencia estuvo en un error pericial. Es difícil defender ese grado de aleatoriedad como política criminal.
Sexta. Cualquiera que sea el resultado, las lecciones asistenciales no dependen de él y no deberían esperarlo: designación de un clínico responsable en casos perinatales complejos con múltiples prescriptores; reconciliación farmacológica obligatoria; comunicación efectiva entre prescriptores concurrentes, que ya es legalmente posible; cribado que incluya explícitamente fenómenos psicóticos y no solo depresivos; protocolos de escalada ante insomnio grave con activación; continuidad garantizada ante la salida de un profesional de referencia; y criterios de alta que no descansen exclusivamente en la autoevaluación de una paciente con conciencia parcial de enfermedad.
Séptima. Tres niños murieron. Ninguna sentencia, en ninguno de los dos tribunales, va a producir una explicación proporcionada a esa pérdida. Lo que puede producirse, en cambio, es una lista de cambios concretos y verificables en la manera de organizar la atención a la salud mental de las madres. Sería el único sentido disponible.
Nota sobre fuentes
Este ensayo se basa en cobertura periodística contemporánea del juicio y de los litigios civiles, principalmente de The Boston Globe, CNN, Associated Press, CBS Boston, NBC Boston, Boston 25 News, Court TV, Boston.com y NewsNation, así como en la reproducción pública de escritos procesales, en particular la demanda presentada por Lindsay Clancy en el Tribunal Superior de Norfolk. Los datos epidemiológicos y la clasificación del filicidio proceden de la literatura clínica y forense estándar en la materia.
Todas las afirmaciones sobre los procesos judiciales están tomadas al 12 de agosto de 2026, con el juicio penal en curso y sin que ningún perito psiquiátrico hubiera declarado. Las cifras que difieren entre fuentes —número de fármacos prescritos, nivel de la lesión medular, composición exacta de la lista de demandados en la acción de Patrick Clancy— se han señalado como tales en el texto en lugar de resolverse arbitrariamente. Las descripciones de las alegaciones civiles reflejan la posición de los demandantes; los prestadores demandados han negado la mala praxis y han solicitado la desestimación de las acciones.
Las referencias a normativa de Massachusetts —el estándar de responsabilidad penal derivado de Commonwealth v. McHoul, el tribunal previo en acciones de mala praxis médica y la regulación del deber de advertir en salud mental— se ofrecen en términos sustantivos y divulgativos. Quien necesite precisión normativa debe consultar el texto legal vigente y jurisprudencia actualizada, o asesoramiento profesional cualificado.
Este texto ha sido redactado con ayuda de Inteligencia Artificial
