La atención telefónica a las personas con riesgo de suicidio es una herramienta que se está aplicando en numerosos países desarrollados. Con esta metodología se pretende reducir el inaceptable número de personas que se quitan la vida cada año. En España el Gobierno anunció recientemente que se iba a implementar el servicio, y dictó una primera norma, de carácter técnico, dirigido a las operadoras de telefonía móvil, en las que entre otras cosas se establece que el servicio será gratuito. No se sabe todavía quién prestará el servicio, que estará supervisado por el Ministerio de Sanidad, y cubrirá a todo el territorio nacional. En España hay organizaciones sin ánimo de lucro que llevan décadas prestando este servicio, como el teléfono de la esperanza, que suponemos que seguirán funcionando como hasta ahora.
Unos pocos años antes en Estados Unidos se ha implantado una estrategia similar, en la que han surgido algunos debates importantes que es preciso tener en cuenta. Tomo la información de una noticia aparecida en una web de psiquiatría crítica llamada "Mad in América". Allí el número al que pueden llamar los ciudadanos es el 988 (en España será el 024), y depende del gobierno federal, en concreto de la Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), que asu vez lo ha subcontratado con una organización sin ánimo de lucro: Vibrant Emotional Health. El servicio se denomina National Suicide Prevention Lifeline (NSPL).
Según la noticia de Mad in America, Vibrant ha configurado el servicio de manera que todas las personas que llaman pueden ser geolocalizadas con gran precisión, y de esta manera se puede enviar ayuda en los casos en los que se considere que hay un riesgo extremo de suicidio. Esto, en principio, puede parecer razonable, pero en la práctica se ha visto que genera muchos problemas. En estos casos los técnicos que atienden las llamadas llaman a la policía que se desplaza con urgencia al lugar indicado para localizar a la persona. En algunos casos la intervención puede ser salvadora, pero en mucho otros el despliegue policial supone una intromisión en el entorno de los usuarios del servicio y sus familias. Imaginemos un adolescente que está en su cuarto, viviendo con su familia, y de repente llama la policía por la noche.
En muchos de estos casos la policía toma la decisión de llevar al usuario a unas urgencias de psiquiatría para una valoración, y todo puede terminar en un ingreso involuntario. Todo activado por el profesional que atiende las llamadas al NSPL. Los autores del artículo afirman que esto puede provocar costes sanitarios importantes y que, paradójicamente, el usuario se vea obligado a pagar el coste de un ingreso psiquiátrico que no ha deseado. Afortunadamente, esta situación no se puede dar en España.
Esta práctica ha desencadenado un intenso debate entre los que consideran que vulnerar la privacidad es un precio que merece la pena pagar para salvar vidas, y los que consideran que es inaceptable que haya una intromisión de tal calibre en la vida privada de las personas. Hay testimonios recogidos en otros reportajes que dan una idea de cómo se están manejando estas situaciones. En algunos casos los usuarios llamaron por un móvil desde su lugar de trabajo, y a la media hora apareció la policía y se los llevaron custodiados a urgencias para un ingreso psiquiátrico, todo ello delante de sus jefes y compañeros de trabajo.
Diversas organizaciones de pacientes, unas vinculadas a Vibrant, y otras defensoras de los derechos humanos, como la conocida American Civil Liberties Union (ACLU) han intervenido en el caso, que ha sido llevado al equivalente en USA de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Federal Communications Commission (FCC).
Está todavía por ver cómo se implementa en España este servicio, y a quién se le adjudica. Creo que Gobierno de España no ha entrado a desarrollar los procedimientos con los que funcionará, aunque espero que trate con cuidado el tema de la privacidad. También espero que se trate con cuidado a las personas que llaman respetando su voluntad, deseos y preferencias, apoyándolos y orientándolos hacia los recursos más adecuados. Habrá que definir qué alcance tienen las intervenciones telefónicas, y si habrá continuidad o no del mismo profesional con el caso.
Por último, cabe esperar que con este servicio los profesionales sean capaces de discernir los casos más graves y derivarlos a recursos de salud mental, de otros que no son tan graves, y que con algún tipo de intervención en crisis se pueden solucionar sin sobrecargar las urgencias ni los centros de salud mental.