El caso de Anthony Fauci: ciencia, ideología y decisiones sanitarias
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Hace 41 años, cuando estudiaba la carrera de Medicina compré una edición en inglés del famoso tratado de Medicina Interna Harrison's Principles of Internal Medicine. Un libro que ya entonces era un clásico que era contínuamente actualizado. En esa edición ya aparecía como autor de algunos capítulos Anthony Fauci. En 1987 ya era uno de los editores y lo ha seguido siendo hasta la última edición de 2025. En algunas ediciones ha sido el editor en jefe. Desde hace 40 años hasta su jubilación ha sido la máxima autoridad de salud pública en Estados Unidos. Desde su puesto ha tenido que lidiar con dos graves epidemias: la del SIDA en los 80 y 90 del siglo pasado, y la más reciente del coronavirus.
En 2020 fueron muy sonadas sus intervenciones que desautorizaban las declaraciones del entonces Presidente Trump en su primer mandato, cuando éste recomendaba trataminetos sin ningún soporte científico. Esto le ha supuesto 6 años más tarde una situación de acoso por parte de la actual administración presidencial en las investigaciones parlamentarias, hasta el punto que se está solicitando su procesamiento por desacato, a sus 85 años.
La trayectoria de Fauci es un claro ejemplo de cómo la política condiciona e interfiere en las decisiones que están basadas en la ciencia. No hay ciencia libre del contagio de la política.
1. Un anciano de 85 años frente a la Quinta Enmienda
El 29 de julio de 2026, un hombre de 85 años se sentó ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de Estados Unidos, pronunció una única frase de veinticuatro palabras y guardó silencio durante el resto de la sesión. La frase decía, en esencia, que por consejo de sus abogados se acogía al derecho que le reconoce la Quinta Enmienda de la Constitución a no declarar contra sí mismo. Después, más de cien veces, ante más de cien preguntas, repitió la invocación o simplemente no contestó. El hombre era Anthony Stephen Fauci, durante treinta y ocho años director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), asesor de siete presidentes de Estados Unidos y, durante los dos años más largos de la historia reciente, el rostro de la respuesta federal a la pandemia de COVID-19.
Una semana después, el 6 de agosto de 2026, la misma comisión votó declararlo en desacato al Congreso y remitió su caso al Departamento de Justicia para una posible acusación penal. La votación se resolvió por una división partidista exacta: todos los republicanos a favor, todos los demócratas en contra. Es un dato menor en apariencia y decisivo en el fondo, porque resume aquello de lo que trata realmente este asunto. Nadie en la sala votó sobre hechos. Votaron sobre una interpretación del pasado reciente que se ha convertido en frontera de identidad política.
Este artículo intenta reconstruir cómo se llegó hasta aquí. Recorre la trayectoria académica y profesional de Fauci, los cargos que ocupó bajo administraciones de ambos partidos, su actuación durante la pandemia y sus choques con el entonces presidente Donald Trump. Examina el indulto prospectivo que le concedió Joe Biden en enero de 2025 y la paradoja jurídica que ese indulto ha abierto. Y dedica su parte central a la pregunta que probablemente sea la más interesante y la más difícil: cuáles eran, más allá de los desencuentros personales, las diferencias ideológicas de fondo entre la concepción de la salud pública que encarnaba Fauci y la que sostenía —y sostiene con mucha más fuerza en su segundo mandato— la Administración Trump.
Conviene decir desde el principio que ninguna de las dos posiciones en litigio es absurda, y que ambas contienen elementos verificables y elementos discutibles. La aspiración de este texto no es adjudicar la disputa, sino explicarla.
2. Brooklyn, los jesuitas y el laboratorio: la formación de un médico
Anthony Fauci nació en Nueva York el 24 de diciembre de 1940, en una familia italoamericana de Brooklyn. Su padre era farmacéutico y el negocio familiar funcionaba en el barrio como una suerte de consultorio informal: la botica donde los vecinos preguntaban antes de decidir si valía la pena ver al médico. Esa biografía, que él mismo ha convertido en relato fundacional, importa por dos razones. La primera es que explica su temprana familiaridad con la medicina como servicio de proximidad. La segunda es que explica su acento —el acento de Brooklyn que décadas más tarde se convertiría en un rasgo reconocible en las ruedas de prensa de la Casa Blanca— y con él una imagen pública de médico de barrio que resultó extraordinariamente eficaz en 2020 y extraordinariamente irritante para sus adversarios.
Su formación fue de una ortodoxia estricta y de un nivel muy alto. Estudió en el Regis High School de Manhattan, un centro jesuita de acceso por examen, y después en el College of the Holy Cross, en Massachusetts, también jesuita, donde se graduó en Humanidades con una orientación premédica. La combinación de clásicos y ciencia dejó una huella que él ha reivindicado a menudo: la idea de que un médico debe saber argumentar, no solo medir. Se doctoró en Medicina en la Universidad de Cornell en 1966, donde terminó el primero de su promoción, y completó su residencia en el New York Hospital-Cornell Medical Center.
En 1968 ingresó en los Institutos Nacionales de Salud (NIH), en Bethesda, Maryland, como investigador clínico asociado en el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Allí se quedó más de cinco décadas. Su primera línea de trabajo relevante no tuvo nada que ver con epidemias: fue la inmunología de las vasculitis. En los años setenta desarrolló pautas de tratamiento con ciclofosfamida y corticoides para la granulomatosis de Wegener y la poliarteritis nodosa, enfermedades entonces con una mortalidad muy elevada, y consiguió tasas de remisión que transformaron su pronóstico. Ese trabajo, hoy poco recordado en el debate público, fue el que le dio autoridad científica dentro de la casa y el que lo situó en la trayectoria de dirección. Entre 1983 y 2002 llegó a ser uno de los científicos más citados del mundo en todas las revistas científicas, un dato que consta en su propia biografía institucional.
3. El SIDA: la crisis que lo definió
En 1981 empezaron a aparecer en las revistas médicas informes de una inmunodeficiencia inexplicable entre hombres jóvenes, homosexuales y previamente sanos, en Nueva York y California. Fauci ha contado muchas veces que la lectura de aquellos primeros informes le produjo la convicción inmediata de que se enfrentaban a algo nuevo y grave, y que reorientó su laboratorio hacia esa dirección con un coste profesional considerable, porque abandonaba una línea de investigación consolidada por una enfermedad que nadie entendía.
En noviembre de 1984 fue nombrado director del NIAID. Tenía 43 años. Convirtió el desarrollo de tratamientos frente al VIH en la prioridad del instituto, y a partir de ahí su carrera se desdobla en dos planos que ya no volverían a separarse: el científico y el político.
El episodio más instructivo de aquella etapa es el que menos se cita cuando se habla de él como funcionario inflexible. A mediados de los años ochenta, el grupo activista ACT UP lo señaló como responsable de la lentitud y la indiferencia de la respuesta federal. Larry Kramer, su crítico más feroz, lo llamó públicamente asesino incompetente. Las protestas llegaron a las puertas de los NIH. Fauci hizo entonces algo que ni la cultura burocrática ni su posición jerárquica exigían: se reunió con los activistas, los escuchó y aceptó buena parte de sus demandas. Aceptó que personas con VIH participaran en los comités de investigación, impulsó los mecanismos de acceso expandido a fármacos en fase de ensayo y aceleró los procesos de aprobación. Kramer terminó siendo su amigo. El propio Fauci ha descrito ese giro como la decisión de la que está más orgulloso.
Vale la pena detenerse en ello porque contradice el retrato que hoy circula de él en un lado del espectro político. En 1988, el científico que sus críticos actuales describen como un burócrata sordo al escrutinio ciudadano modificó los protocolos de la agencia más poderosa de investigación biomédica del mundo porque un grupo de enfermos irritados le demostró que tenían razón. La cuestión de si ese mismo hombre mantuvo esa disposición en 2020 es legítima y está en el centro del debate actual. Pero la disposición existió.
El otro gran legado de esa etapa llegó en 2003, con la Administración de George W. Bush. Fauci fue uno de los arquitectos principales del President's Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR), el programa estadounidense de lucha contra el sida en el mundo en desarrollo, al que se atribuye la salvación de más de veinticinco millones de vidas. Es un dato que sus defensores subrayan y que sus críticos rara vez discuten: incluso Stephen Collinson, en el análisis que CNN publicó esta misma semana, recuerda que su papel en el PEPFAR contribuyó a salvar millones de vidas y que durante casi cuatro décadas fue uno de los pocos funcionarios federales aplaudidos por republicanos y demócratas por igual.
4. Siete presidentes: la anatomía de una permanencia
La carrera institucional de Fauci tiene una característica que explica gran parte de la animosidad que despierta: su extraordinaria duración. Dirigió el NIAID desde el 2 de noviembre de 1984 hasta el 31 de diciembre de 2022. Treinta y ocho años en el mismo puesto, con un presupuesto que pasó de unos 320 millones de dólares a más de seis mil millones. Asesoró a siete presidentes: Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden.
4.1. Los cargos y las crisis
Bajo Reagan y George H. W. Bush, su trabajo estuvo dominado por el VIH y por la construcción de la infraestructura federal de investigación en enfermedades infecciosas. Bajo Clinton se consolidó el modelo de terapia antirretroviral combinada, que hacia 1996 convirtió el sida de sentencia de muerte en enfermedad crónica manejable en los países con acceso a los fármacos.
La etapa de George W. Bush fue probablemente la de mayor influencia política. Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 y la oleada de cartas con ántrax, Fauci quedó al frente del esfuerzo federal de investigación en biodefensa, con un aumento presupuestario sin precedentes y la responsabilidad de construir desde cero una capacidad de respuesta frente a agentes biológicos. Simultáneamente diseñaba el PEPFAR. En 2008, Bush le concedió la Medalla Presidencial de la Libertad, la más alta condecoración civil del país, por su contribución al conocimiento y al tratamiento del VIH/sida. Es un detalle con cierta ironía histórica: el reconocimiento más importante de su carrera se lo dio un presidente republicano.
Con Obama gestionó la pandemia de gripe A (H1N1) de 2009, el brote de ébola en África Occidental en 2014 —durante el cual llegó a atender personalmente a una paciente ingresada en el Centro Clínico de los NIH, enfundado en el traje de protección— y la emergencia del zika en 2016. Su carrera acumula, en su propio recuento, la gestión federal del sida, el ántrax, el SARS, el virus del Nilo Occidental, la gripe pandémica, el ébola, el zika y finalmente la COVID-19. Ese recorrido está narrado en su libro de memorias, On Call: A Doctor's Journey in Public Service, publicado en junio de 2024, en el que reivindica no haber eludido nunca decirle la verdad a un presidente aunque resultara inconveniente.
4.2. El cargo que no existía antes y el que no existe después
Durante el primer mandato de Trump, Fauci fue miembro del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre el coronavirus, creado en enero de 2020, sin dejar la dirección del NIAID. Con la llegada de Biden, el 20 de enero de 2021, asumió además el puesto de asesor médico jefe del presidente, una figura que ocupó hasta el 31 de diciembre de 2022 y que quedó vacante tras su salida. Es un dato revelador de lo ocurrido después: el cargo se creó para él y no se ha vuelto a cubrir.
Tras retirarse del servicio público a los 82 años, se incorporó a la Universidad de Georgetown como Distinguished University Professor, con un nombramiento conjunto en la Facultad de Medicina y en la McCourt School of Public Policy. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias, de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias, y ha recibido, entre otros, el Premio Lasker, el Premio Robert Koch y el Premio Dan David.
5. 2020: la pandemia y la construcción de un símbolo
El 21 de enero de 2020 se confirmó el primer caso de COVID-19 en Estados Unidos. Durante las semanas siguientes, Fauci se convirtió en la voz más audible de la respuesta federal, en buena medida por la vía de la comparecencia constante ante las cámaras. Su función formal era técnica y asesora; su función real, muy pronto, fue comunicativa y —quisiera o no— política.
La secuencia de sus posiciones públicas en aquellos meses es hoy objeto de disputa, y merece precisión porque en ella se apoya buena parte de la acusación que se le dirige. En enero de 2020, en declaraciones a CNN que ha recuperado la politóloga de Princeton Frances Lee, Fauci sostuvo que no podía imaginar el cierre de Nueva York o Los Ángeles y que, históricamente, los cierres no habían tenido un efecto importante. Semanas después, las principales autoridades sanitarias federales recomendaban a los gobernadores cerrar escuelas y negocios. Lee, coautora con Stephen Macedo del libro In Covid's Wake, formula la objeción con crudeza en el análisis de CNN: el hombre que había dicho que el enfoque de Wuhan tenía pocas probabilidades de éxito acabó recomendándolo.
Lo mismo ocurrió con las mascarillas. En los primeros momentos, las autoridades sanitarias federales —Fauci incluido— desaconsejaron su uso generalizado por la población. Poco después lo recomendaron. Fauci ha explicado que la primera posición respondía a la escasez crítica de material de protección para el personal sanitario y a la información entonces disponible sobre la transmisión asintomática, y que la segunda respondió a la evidencia posterior. Sus críticos sostienen que se trató de una mentira instrumental, y que el reconocimiento de haber gestionado la información en lugar de transmitirla es precisamente el problema.
Ese es el punto de fricción que resulta más difícil de resolver, porque las dos lecturas describen el mismo hecho. Una gestión de emergencia con información incompleta obliga a decidir sin certeza y a rectificar cuando la certeza llega; eso es método científico aplicado a la administración. Pero un ciudadano que oye una cosa en marzo y la contraria en abril no está en condiciones de distinguir la rectificación honesta de la manipulación, y la pérdida de confianza que se produjo entonces —masiva, duradera y probablemente irreversible en un sector de la población— es un dato tan real como cualquier serie epidemiológica.
Simultáneamente, Fauci se convirtió en objeto de una devoción pública inusual para un funcionario técnico: retratos, camisetas, muñecos cabezones, su imagen en la National Portrait Gallery. Que esa devoción se produjera exactamente en la misma proporción en que se producía el odio contrario no fue casualidad. Ambas cosas tenían la misma causa: sus discrepancias visibles con el presidente.
6. La fractura con Trump: cronología de un desencuentro
Los choques entre Fauci y Trump durante 2020 no fueron un conflicto sostenido y explícito, sino una acumulación de correcciones públicas que fue erosionando la relación hasta romperla. El patrón se repitió con notable regularidad: el presidente afirmaba algo optimista o terapéuticamente arriesgado desde el podio de la Casa Blanca, y el inmunólogo que estaba a su lado matizaba, corregía o se negaba a confirmarlo.
6.1. La hidroxicloroquina y los remedios milagrosos
El caso más conocido fue el de la hidroxicloroquina, el antipalúdico que Trump promocionó insistentemente en la primavera de 2020 y que llegó a decir que él mismo tomaba de forma preventiva. Fauci se negó sistemáticamente a respaldarla, señalando que la evidencia disponible era anecdótica y que los ensayos controlados no mostraban beneficio. La misma dinámica se repitió con la sugerencia presidencial sobre la posible utilidad de los desinfectantes y la luz ultravioleta, y más tarde con la ivermectina, que sigue siendo un emblema del debate: el senador Ron Johnson exhibió supuestos estudios sobre el fármaco durante la audiencia del 29 de julio de 2026, seis años después.
6.2. Scott Atlas y la disputa por la inmunidad de grupo
En agosto de 2020, Trump incorporó como asesor científico principal para la pandemia a Scott Atlas, radiólogo de Stanford sin formación previa en enfermedades infecciosas ni en salud pública, escéptico respecto al uso de mascarillas y partidario de una estrategia orientada a alcanzar la inmunidad de grupo protegiendo selectivamente a los vulnerables. La llegada de Atlas desplazó a Fauci del círculo de decisión: en una entrevista con The Washington Post de finales de octubre de 2020, Fauci reconoció que el grupo de trabajo se reunía con menos frecuencia y que ya no tenía acceso regular al presidente, y cuestionó abiertamente la competencia de Atlas en la materia. El propio Francis Collins, director de los NIH, criticó después públicamente la apuesta de Atlas por la inmunidad de grupo y negó que se le hubiera pedido nunca despedir a Fauci.
6.3. «Fire Fauci»
La ruptura se hizo pública y electoral en el otoño de 2020. El 19 de octubre, en una llamada con su equipo de campaña, Trump calificó a Fauci de desastre, aunque añadió que despedirlo sería una bomba mayor. Dos semanas más tarde, en un mitin en Opa-locka (Florida), la multitud comenzó a gritar «Fire Fauci». El presidente respondió que esperara un poco hasta después de las elecciones y agradeció el consejo, la insinuación más directa que había hecho de que se planteaba en serio destituirlo.
El cálculo político era arriesgado y Trump lo sabía. Una encuesta de la Kaiser Family Foundation de septiembre de 2020 mostraba que el 68 % de los estadounidenses confiaba bastante o mucho en Fauci como fuente de información sobre el coronavirus, frente al 52 % que confiaba en Biden y el 40 % que confiaba en Trump. Fauci era, en el sentido más literal del término, más popular que el presidente en el asunto que definía la agenda. Esa asimetría es indispensable para entender la magnitud de la animadversión posterior.
La destitución nunca se produjo. La protección jurídica del funcionariado de carrera lo hacía complicado, y el coste político de intentarlo, elevado. Pero la orden ejecutiva de octubre de 2020 que creaba la categoría de empleado federal denominada Schedule F —que facilitaba el cese discrecional de funcionarios en puestos con contenido político— señalaba con bastante claridad la dirección del pensamiento de la Casa Blanca.
7. El fondo del asunto: dos ideologías de la salud pública
Reducir el conflicto entre Fauci y Trump a un choque de caracteres, o incluso a una disputa sobre datos, es insuficiente. Los desacuerdos concretos —una mascarilla, un antipalúdico, una fecha de reapertura— fueron manifestaciones de una divergencia mucho más profunda sobre qué es la salud pública, quién tiene autoridad para decidir en ella y qué valores debe optimizar. Esta es la sección central del artículo, y conviene abordarla exponiendo cada posición en su versión más sólida, no en su caricatura.
7.1. Qué se optimiza: la vida frente al conjunto de bienes
La tradición en la que se formó Fauci tiene un objetivo funcional relativamente claro: minimizar la morbilidad y la mortalidad atribuibles a una enfermedad. Es el marco de la epidemiología de intervención, y en una emergencia se traduce en una instrucción sencilla: reducir la transmisión ahora, con las herramientas disponibles, aunque su eficacia solo esté parcialmente demostrada, porque el coste de esperar se mide en vidas y crece exponencialmente.
La objeción conservadora a este marco no es que la vida no importe. Es que la salud pública, entendida así, elige una única variable y trata todas las demás como externalidades ajenas a su competencia. El empleo destruido, el negocio familiar cerrado, el niño que pierde dos años de escolarización, el enfermo de cáncer cuyo diagnóstico se retrasa, la soledad del anciano que muere sin familia, el deterioro de la salud mental adolescente: todo eso son consecuencias de decisiones sanitarias, pero ninguna aparece en la métrica con la que esas decisiones se evalúan. Desde esa perspectiva, el epidemiólogo que dice «esto es lo que recomienda la ciencia» está en realidad haciendo, sin decirlo y sin mandato para hacerlo, una elección entre bienes incomparables que corresponde al poder político.
El informe del Subcomité Especial del Congreso sobre la pandemia, que la Casa Blanca ha convertido en posición oficial, formula esta objeción en su versión más dura: califica de arbitrarias medidas como la distancia de dos metros y las órdenes de confinamiento, y sostiene que causaron un impacto devastador en la salud mental y en la economía sin respaldo científico adecuado.
La respuesta desde el otro lado es que el contrafactual está mal planteado. La alternativa al confinamiento no era una economía normal, sino una economía con hospitales colapsados, y buena parte del daño económico se habría producido igualmente por el comportamiento espontáneo de la población. Es un debate empírico genuino y no resuelto: la evaluación depende de la duración de las restricciones, de la densidad de transmisión, de las variantes circulantes y de la calidad de los sistemas sanitarios locales, y una comparación rigurosa entre estados que reabrieron antes y estados que permanecieron cerrados más tiempo sigue estando pendiente.
7.2. Quién decide: autoridad técnica frente a soberanía popular
Aquí está, a mi juicio, el núcleo del desencuentro. Fauci representaba un modelo de gobierno en el que ciertos ámbitos están sustraídos a la deliberación democrática ordinaria porque su resolución requiere conocimiento especializado. Es el mismo principio que rige un banco central independiente o una agencia de seguridad aérea, y su justificación es que la mayoría no puede votar sobre la dosis correcta de un antibiótico. La legitimidad, en ese modelo, no viene de las urnas sino de la competencia y del procedimiento.
El populismo republicano rechaza ese principio no por ignorancia, sino por convicción. Sostiene que la delegación técnica ha crecido hasta constituir un poder no elegido que decide sobre la vida cotidiana de los ciudadanos sin rendir cuentas ante nadie, y que quien firma las normas que cierran una iglesia o una escuela debe poder ser despedido por los votantes. Los republicanos populistas ven a Fauci, en la descripción de Collinson, como el ejemplo por antonomasia de la élite del «estado profundo» de Washington cuyo objetivo sería reprimir las libertades individuales. El senador Josh Hawley lo llamó «el mayor estafador de la historia de Estados Unidos» y el senador Bernie Moreno le exigió que pidiera disculpas a quienes había perjudicado.
La versión intelectualmente más seria de esta objeción no niega la utilidad del conocimiento experto: niega que el experto pueda derivar de su conocimiento la autoridad para decidir. Y aquí, curiosamente, coincide con la formulación del propio bando contrario. Ashish Jha, coordinador de la respuesta a la COVID-19 en la Casa Blanca de Biden, declaró este mismo agosto en CNN que Fauci daba consejos, que algunos los siguieron y otros no, y que la responsabilidad recae en los líderes políticos y no en los científicos que asesoran. Es una defensa de Fauci, pero es también una concesión al marco de sus críticos: si la responsabilidad es política, la autoridad también.
El problema práctico es que en una emergencia esa distinción se desdibuja. Cuando un funcionario técnico comparece a diario en televisión y su recomendación es indistinguible de una instrucción, la frontera entre asesorar y gobernar deja de existir en la percepción del ciudadano. Fauci ocupó durante meses una posición sin precedentes en la arquitectura constitucional estadounidense: influencia enorme, visibilidad total y responsabilidad electoral nula. Que eso generara resistencia no es sorprendente; era casi inevitable.
7.3. Federalismo: dónde reside la competencia sanitaria
Un elemento que suele perderse en el debate y que resulta central. En Estados Unidos, las competencias de salud pública coercitiva —cerrar comercios, imponer cuarentenas, ordenar el cierre de escuelas— pertenecen fundamentalmente a los estados, no al gobierno federal. Washington emite directrices; los gobernadores dictan órdenes. Esto significa que la acusación de que Fauci «impuso confinamientos» es, en términos jurídicos, incorrecta: el gobierno federal ofreció directrices y las decisiones quedaron en manos de los estados, como precisa el análisis de CNN al corregir las declaraciones del actual secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.
Pero la corrección jurídica no agota la cuestión política. Una directriz federal emitida por la máxima autoridad científica del país, difundida por todos los medios y respaldada por la amenaza reputacional de contradecirla, tiene un efecto material sobre gobernadores y alcaldes que se parece bastante al de una orden. La disputa federalista es, en el fondo, una disputa sobre el poder blando: si la centralización de la autoridad epistémica anula de hecho la descentralización de la autoridad jurídica.
7.4. Precaución frente a libertad: dos gramáticas morales
El principio de precaución establece que ante un riesgo grave y potencialmente irreversible cabe actuar sin esperar certeza científica plena. Es un principio razonable y es, además, asimétrico: sistemáticamente favorece la intervención sobre la abstención, porque el coste de no actuar es visible —los muertos se cuentan— y el coste de actuar es difuso y se materializa años después.
La tradición liberal-conservadora estadounidense invierte la carga de la prueba: la restricción de una libertad es en sí misma un daño que requiere justificación, y la incertidumbre científica es un argumento contra la coerción, no a favor. Bajo esa gramática, «no sabemos si las mascarillas funcionan» conduce a «no las impongamos», mientras que bajo la gramática precautoria conduce a «impongámoslas por si acaso».
Ninguna de las dos posiciones es irracional. Son ordenaciones distintas de los mismos valores, y ninguna cantidad de datos puede resolver la diferencia, porque la diferencia no es sobre los datos. Esto explica por qué el debate sobre la pandemia se ha vuelto interminable: los interlocutores discuten como si el desacuerdo fuera empírico cuando en gran medida es normativo.
7.5. Los tiempos: el ciclo electoral contra la curva epidémica
Una diferencia estructural y con frecuencia infravalorada. Un presidente en campaña necesita buenas noticias en un horizonte de semanas. Una epidemia opera en un horizonte de meses o años y, en su fase inicial, solo genera malas noticias. La lógica electoral empuja a anunciar el fin de la crisis; la lógica epidemiológica obliga a advertir de la siguiente ola. En 2020, esas dos temporalidades eran directamente incompatibles, y el hecho de que Fauci fuera más creíble que el presidente convertía cada una de sus advertencias en un coste electoral medible. La animadversión de Trump hacia él tiene, en buena medida, esta explicación prosaica: Fauci le costaba votos.
7.6. La verdad como recurso: dos concepciones de la comunicación pública
La última divergencia es la más incómoda para el legado de Fauci. Existe en salud pública una tradición de comunicación estratégica: se modula el mensaje en función del comportamiento que se quiere inducir, porque el objetivo es la conducta agregada y no la información del individuo. El desaconsejar mascarillas en marzo de 2020 para preservar el suministro sanitario es un ejemplo clásico de ese razonamiento, y Fauci lo ha reconocido en esos términos.
La objeción no es solo que sea paternalista: es que es autodestructiva. Una institución que gestiona el mensaje pierde credibilidad cuando la gestión se descubre, y la credibilidad es su único activo. La caída de la confianza en las agencias sanitarias estadounidenses tras 2021 tiene múltiples causas, pero es difícil sostener que ese episodio no contribuyó. Aquí los críticos de Fauci tienen un argumento fuerte, y sus defensores más honestos lo admiten.
A ello se ha añadido, este verano, un elemento de tono. El comité de Rand Paul publicó fragmentos de los diarios personales que Fauci llevó durante décadas, y esos apuntes mostraron un lado vanidoso en el que parecía complacerse en la cobertura mediática, la fama y el trato con celebridades. La revista Science ha analizado ese mismo material y encuentra en él tanto la vanidad como reflexiones sustantivas sobre la lucha global contra el sida y otras epidemias. El detalle no tiene relevancia jurídica alguna, pero tiene una enorme relevancia política: dificulta la defensa del servidor público abnegado y alimenta la tesis del funcionario enamorado de su propio poder.
8. El segundo mandato: de la disputa personal al cambio de paradigma
Lo ocurrido desde enero de 2025 permite ver que el conflicto con Fauci no era episódico, sino programático. La Administración Trump ha llevado a la práctica una transformación del aparato sanitario federal que va mucho más allá de ajustar cuentas con un funcionario retirado. El nombramiento de Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud y Servicios Humanos, confirmado en febrero de 2025, situó al frente del departamento a un activista con una trayectoria pública de cuestionamiento de las vacunas. En junio de 2025, Kennedy destituyó a los diecisiete miembros del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los CDC, el órgano que determina qué vacunas se recomiendan, a quién y cuándo —y, por esa vía, qué vacunas cubren los seguros y los programas públicos—, y los sustituyó por un grupo mucho más reducido de perfiles afines. En marzo de 2026, un juez federal concluyó que esa reorganización no había sido legal e invalidó las votaciones del comité que habían rebajado las recomendaciones de la vacuna de la hepatitis B en recién nacidos y de las vacunas contra la COVID-19, según el seguimiento de U.S. News.
El giro tiene una lógica coherente con la ideología descrita en la sección anterior: si la autoridad técnica no elegida es el problema, la solución consiste en desmantelar los órganos que la ejercen y devolver la decisión al ciudadano o a sus representantes políticos. Sus críticos responden que el resultado práctico no es más libertad sino menos protección, y señalan la reaparición de brotes de sarampión en Estados Unidos como consecuencia previsible de la caída de las coberturas vacunales. Un análisis publicado en The Conversation resume la transformación con una fórmula que capta el desplazamiento: la política sanitaria ya no se juega en los laboratorios, sino en la arena ideológica.
8.1. La cuestión del origen del virus
El 29 de julio de 2026, coincidiendo con la comparecencia de Fauci, la Casa Blanca difundió en sus canales oficiales un informe que atribuye el origen de la COVID-19 a un incidente de laboratorio en Wuhan y descarta la hipótesis del salto natural desde animales. El documento —elaborado originalmente por el Subcomité Selecto de la Cámara de Representantes y publicado por primera vez en diciembre de 2024— sostiene que el virus presentaba características biológicas no halladas en la naturaleza, que investigadores del Instituto de Virología de Wuhan enfermaron con síntomas compatibles en el otoño de 2019 y que Fauci impulsó la tesis del origen natural sin evidencia concluyente. Verificadores como Chequeado y El Sabueso han señalado que el material no constituye una investigación científica nueva y que circula desde 2024.
El estado real de la cuestión es de incertidumbre. La mayoría de los estudios académicos y los datos epidemiológicos publicados apuntan a un origen zoonótico, con las primeras transmisiones vinculadas a un mercado de animales vivos de Wuhan. Al mismo tiempo, la hipótesis del incidente de laboratorio no se ha descartado, y figuras que la rechazaban han cambiado de opinión: el propio Ashish Jha declaró en agosto de 2026 que, a la luz de la información acumulada, considera más probable una fuga. La negativa persistente de China a permitir una investigación independiente hace verosímil que nunca haya una respuesta concluyente, lo que convierte el asunto en el terreno ideal para una disputa política indefinida.
Sobre la acusación específica que se dirige a Fauci —que los NIH financiaron investigación de ganancia de función en Wuhan y que él lo ocultó al Congreso— su posición ha sido constante: los Institutos Nacionales de Salud no financiaron categóricamente ese tipo de investigación en el Instituto de Virología de Wuhan. La exdirectora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard formuló la acusación en junio de 2026, pero los documentos que hizo públicos no la corroboraron.
9. El indulto prospectivo de Biden: una protección con efectos paradójicos
En sus últimas horas en el cargo, el 20 de enero de 2025, Joe Biden concedió indultos preventivos a Anthony Fauci, al general retirado Mark Milley y a los miembros y el personal del comité de la Cámara de Representantes que investigó el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, entre ellos la excongresista Liz Cheney, así como a los agentes de policía que testificaron ante aquel panel. En su comunicado, Biden afirmó que esos servidores públicos habían servido con honor y no merecían ser objeto de procesos injustificados y motivados políticamente, y precisó que la concesión de los indultos no debía interpretarse como reconocimiento de conducta indebida ni su aceptación como admisión de culpabilidad.
La figura del indulto prospectivo o preventivo —perdonar delitos por los que no se ha formulado cargo alguno— es constitucionalmente admisible en Estados Unidos desde el precedente del indulto de Gerald Ford a Richard Nixon en 1974, pero su uso masivo y nominativo era inédito. En el caso de Fauci, la protección cubre los actos federales realizados entre el 1 de enero de 2014 y la fecha de la firma. Fauci, que no lo había solicitado, agradeció la medida y añadió una frase que resume bien el clima del momento: «Desearía que este indulto no fuera necesario».
El indulto no cubre, sin embargo, tres cosas: los posibles delitos de derecho estatal, los hechos posteriores a enero de 2025 y —esto es lo decisivo para la situación actual— las eventuales declaraciones falsas ante el Congreso realizadas después de esa fecha.
9.1. La paradoja: un escudo que puede funcionar como palanca
La consecuencia más contraintuitiva del indulto fue advertida el mismo día de su concesión por juristas de ambos bandos. Un abogado del entorno de Trump, Jesse Binnall, lo formuló con claridad: quien acaba de ser indultado no puede negarse a testificar amparándose en la Quinta Enmienda, porque esa enmienda protege frente al riesgo de autoincriminación y, si el delito ya está perdonado, el riesgo desaparece. El indulto, observó, facilita forzar testimonios.
Ese es exactamente el argumento con el que el senador Rand Paul ha sostenido que la invocación de Fauci era improcedente. Y es también el argumento de Fauci en sentido inverso: si la protección no alcanza a las declaraciones falsas posteriores a enero de 2025, entonces cualquier respuesta que dé hoy puede generar un delito nuevo y no cubierto. El profesor de Derecho Mark Osler, de la Universidad de St. Thomas, ha señalado en CNN que el indulto parecería cubrir el testimonio anterior al 19 de enero de 2025, de modo que Fauci no podría alegar riesgo de imputación por perjurio respecto de aquellas declaraciones. La senadora demócrata Maggie Hassan defendió la posición contraria: la audiencia buscaba forzar un error para poder presentar cargos no cubiertos por el indulto.
El resultado es una situación jurídica genuinamente novedosa. Un indulto concedido para proteger a un funcionario del acoso judicial se ha convertido en el instrumento que permite compelerlo a declarar bajo amenaza de sanción penal por negarse. Sea cual sea el resultado, el precedente afectará a cualquier futuro receptor de un indulto preventivo, incluidos —como han señalado varios analistas— los eventuales colaboradores de la actual Administración si el presidente decidiera conceder perdones antes de dejar el cargo.
10. La investigación parlamentaria y el desacato
El escrutinio congresual sobre Fauci no es nuevo. En enero de 2024 se sometió a una entrevista transcrita a puerta cerrada de dos días y catorce horas ante el Subcomité Selecto de la Cámara sobre la Pandemia de Coronavirus, y el 3 de junio de 2024 compareció en audiencia pública ante ese mismo subcomité, la primera desde su retirada. En aquellas comparecencias respondió a las preguntas. Nunca, en décadas de comparecencias ante el Congreso, había invocado la Quinta Enmienda.
10.1. La audiencia del 29 de julio de 2026
La sesión ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, presidido por el senador republicano de Kentucky Rand Paul —adversario de Fauci desde los enfrentamientos de 2021—, discurrió de forma inusualmente tensa. Fauci se negó a responder más de cien preguntas, invocando en cada caso la Quinta Enmienda; la cifra que han recogido varios medios es de 111 invocaciones. Paul ordenó la retirada de su abogado tras varios intentos de este de intervenir para defender a su cliente. Fauci justificó su decisión como protección frente a lo que describió como un intento de trampa judicial, y en su declaración escrita citó el empeño público del senador en llevarlo, según sus palabras, tras las rejas.
Al día siguiente, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció que su oficina abría una investigación propia sobre Fauci —una vía estatal que, por definición, el indulto federal no cubre.
10.2. El voto de desacato
El 6 de agosto de 2026, la comisión aprobó declarar a Fauci en desacato al Congreso y remitir el caso al Departamento de Justicia. El desacato al Congreso es un delito menor tipificado en el artículo 2 U.S.C. § 192, castigado con hasta doce meses de prisión y una multa de hasta 100.000 dólares. El mecanismo tiene tres pasos: la comisión certifica los hechos, el presidente del Senado remite el caso a la fiscalía federal del Distrito de Columbia y esa oficina decide si lo lleva ante un gran jurado. El Departamento de Justicia conserva la última palabra y no está legalmente obligado a procesar, según el propio Servicio de Investigación del Congreso.
Paul reconoció que no llevó la resolución al pleno del Senado porque los republicanos no reúnen los sesenta votos necesarios para superar un filibuster, y optó por la remisión directa. Su argumento de fondo fue sencillo: «Todo lo que tenía que hacer era decir la verdad». El senador demócrata Gary Peters, de Michigan, advirtió que castigar a un testigo por invocar la Quinta Enmienda podría desincentivar la comparecencia voluntaria ante el Congreso en el futuro.
Existen precedentes recientes en los dos sentidos. Steve Bannon y Peter Navarro, antiguos asesores de Trump, cumplieron condenas de cuatro meses de prisión por desacato al negarse a comparecer ante el comité del 6 de enero, tras invocar el privilegio ejecutivo y ver rechazado ese argumento por los tribunales; el Departamento de Justicia de la actual Administración ha solicitado desde entonces la anulación de la condena de Bannon. Pero el caso de Fauci es distinto: él compareció, no se negó a hacerlo, y lo que discute es el alcance de un derecho constitucional concreto. Y la jurisprudencia establece desde 1896 que el Congreso puede otorgar inmunidad para compelir a un testigo, lo que limita el alcance de la Quinta Enmienda en sede legislativa. Esa vía —conceder inmunidad y obligarlo a hablar— sigue abierta y sería, jurídicamente, la más limpia.
11. La ideología en la política sanitaria: qué enseña este caso
Si el episodio Fauci tiene un valor que trascienda a su protagonista, es el de mostrar con inusual nitidez algunos mecanismos por los que la ideología estructura la política sanitaria. Vale la pena enumerarlos.
11.1. Ninguna decisión sanitaria es solo técnica
Toda medida de salud pública redistribuye recursos, afecta a la identidad personal y adjudica autoridad al conocimiento experto. Estas tres dimensiones son intrínsecamente políticas, y por eso los debates sobre vacunas, seguros o acceso a tratamientos generan una intensidad que no se corresponde con su contenido técnico. Pretender que existe una política sanitaria neutra es una forma de opacidad: la ideología no desaparece cuando no se menciona, simplemente deja de ser discutible.
De ello se sigue una conclusión incómoda para ambos bandos. Los críticos de Fauci tienen razón cuando dicen que las decisiones de 2020 incorporaban juicios de valor no explicitados. Sus defensores tienen razón cuando dicen que los críticos han sustituido esos juicios por otros igualmente ideológicos, presentándolos también como sentido común.
11.2. La polarización se organiza en torno a personas, no a políticas
Es más eficaz movilizar contra un rostro que contra una directriz. Fauci resultó especialmente apto para esa función: llevaba treinta y ocho años en el mismo puesto, tenía una popularidad extraordinaria en un sector del electorado y encarnaba visualmente la autoridad experta. La audiencia del pasado julio fue, en la descripción de Collinson, un melodrama clásico de Washington en el que cada partido usa a una figura carismática para exhibir sus diferencias ideológicas. El coste de ese mecanismo es que impide la evaluación: mientras se discute si un hombre es un héroe o un estafador, no se discute qué funcionó y qué no.
11.3. La rendición de cuentas pendiente
Este es quizá el punto más importante y el que más consenso genera entre observadores de ambos lados. Estados Unidos no ha realizado un análisis riguroso y despolitizado de su respuesta a la pandemia. Frances Lee lo formula como la ausencia de autocrítica: nadie ha preguntado en serio qué se hizo bien y qué se hizo mal. Un examen así podría comparar la evolución de los estados que reabrieron antes con la de los que permanecieron cerrados más tiempo, medir el impacto educativo, mental y emocional del cierre de escuelas, y evaluar si las autoridades sanitarias prestaron suficiente atención a quienes, a diferencia de los trabajadores de oficina, no podían trabajar desde casa. Ese examen sigue sin hacerse, y la vía del desacato penal no lo hará más probable.
11.4. El coste institucional
El senador demócrata Andy Kim planteó en la audiencia una objeción que merece consideración independientemente de la posición que se adopte sobre Fauci: los ataques no se dirigen solo a él, sino que envían un mensaje a científicos, médicos, profesionales sanitarios e investigadores sobre lo que les espera si sus conclusiones no se alinean con la política del momento. Si un funcionario que fue condecorado por un presidente republicano acaba a los 85 años acogiéndose a la Quinta Enmienda, la señal para quien esté considerando una carrera en salud pública es inequívoca. El riesgo no es abstracto: se traduce en menos capacidad institucional disponible para la próxima emergencia.
El contraargumento también es legítimo y no debe descartarse: ningún cargo público, por prestigioso que sea, debe quedar exento de rendir cuentas por las decisiones tomadas en un puesto de confianza pública. La cuestión no es si Fauci debe responder, sino si el procedimiento elegido —una remisión penal aprobada por estricta línea partidista y sin apoyo suficiente para pasar por el pleno— sirve para averiguar algo o solo para escenificar una posición.
12. Conclusión
Anthony Fauci cumplirá 86 años en diciembre. Su expediente reúne el desarrollo de las pautas que hicieron tratables varias vasculitis mortales, la construcción de la respuesta federal estadounidense al sida, la coautoría de un programa al que se atribuyen veinticinco millones de vidas salvadas, la Medalla Presidencial de la Libertad concedida por un presidente republicano y una remisión penal por desacato aprobada por senadores republicanos. Todo eso es la misma carrera.
La disputa que hoy lo rodea no se resolverá determinando si fue un héroe o un villano, porque esa no es la pregunta pertinente. Fue un funcionario extraordinariamente competente y extraordinariamente longevo que ocupó, durante dos años, una posición de poder que el diseño institucional estadounidense no había previsto para nadie: influencia máxima sin responsabilidad electoral. Cometió errores, algunos de comunicación y otros de juicio, y su reconstrucción posterior de esos errores no siempre ha sido generosa consigo mismo. Sus adversarios han identificado problemas reales —la asimetría entre el poder técnico y el control democrático, el coste no contabilizado de las restricciones, la gestión estratégica de la información pública— y los han utilizado para construir una acusación que excede con mucho lo que esos problemas soportan.
Mientras se resuelve si el Departamento de Justicia presenta cargos, si los tribunales aclaran el alcance de la Quinta Enmienda para un ciudadano indultado y si una fiscalía estatal encuentra una vía que el perdón federal no cubra, la pregunta que la pandemia dejó abierta sigue sin respuesta: cómo debe una democracia decidir en condiciones de incertidumbre científica y urgencia extrema, quién debe decidir y ante quién debe responder. Seis años después, Estados Unidos ha convertido esa pregunta en un juicio a un anciano. Es un modo de no contestarla.
Fuentes
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