Actualmente se habla mucho de la humanización en Psiquiatría, y se están adoptando medidas interesantes en numerosas unidades de hospitalización (mejor comunicación con los pacientes, explicarles mejor las cosas, planificación anticipada de cuidados, etc) Todas estas iniciativas son muy loables, y sin duda van a redundar en una mejor asistencia a las personas con trastorno mental.
Pero hoy en día hay situaciones en las que es precisa una humanización urgente de la atención psiquiátrica. Me refiero a los enfermos mentales en prisión. Voy a poner un ejemplo de a lo que me refiero y luego reflexionaré sobre el tema. Hace unos meses me contaron un caso dramático. Un paciente de unos 30 años está diagnosticado de trastorno esquizoafectivo y además tiene una discapacidad intelectual. Ha tenido seis ingresos en una unidad de hospitalización de agudos todos ellos por recaídas psicóticas. Tiene dosis en rango de dos estabilizadores del ánimo, y además dos antipsicóticos pautados. A pesar de la medicación pautada el paciente recae. Algunas recaídas han coincidido con consumo de cannabis. En la última de estas recaídas agrede a otro paciente aunque sin graves secuelas físicas. Esta agresión es denunciada por el Servicio de Psiquiatría del hospital donde estaba ingresado. Ni el agredido ni su familia denuncian. Como consecuencia de esta conducta el paciente es ingresado en una prisión donde lleva dos años. Todo este tiempo ha permanecido en la enfermería ya que no puede estar en el módulo convencional. Sorprendentemente, el paciente sigue preventivo, y todavía no se ha celebrado el juicio. En el tiempo que lleva en prisión ha tenido incidentes con otros presos por lo que en algún momento ha estado en situación de aislamiento. Ha estado en varios centros penitenciarios incluido un hospital psiquiátrico penitenciario.
Una situación como esta no solo parece poco humanitaria, sino que se asemeja más bien una vulneración de los Derechos Humanos, ya que este paciente tiene derecho a un tratamiento adecuado, y digno, en un entorno sanitario y no penitenciario. ¿Cómo se puede llegar a esta situación? La familia del paciente, en una situación de precariedad económica, protesta y dice, con razón, que su hijo es un enfermo y lo que necesita es un tratamiento adecuado. Es evidente que no han podido contratar a un abogado que resuelva la situación y consiga evitar el ingreso prolongado en prisión.
Pero, no todo esto depende de un buen abogado, sino también de la red asistencial. El juez de instrucción que lleva el caso podría autorizar la salida de prisión si recibe garantías de que el paciente puede ingresar en un centro donde se puedan prevenir situaciones de riesgo para terceros. Es frecuente que los jueces de instrucción, y los tribunales sentenciadores se encuentren con dificultades para conseguir que el paciente pueda ser ingresado en un recurso sanitario como una unidad de media estancia o similar.
Sin embargo, en la mayoría de las comunidades autónomas no hay recursos adecuados para atender a pacientes como este. Muchos gestores de la salud mental en España tienen la idea de que si la enfermedad mental se acompaña de violencia no es un problema que tengan que resolver. Es decir, la red tiene que ocuparse de los pacientes que no sean conflictivos, que no agredan, y que no tengan riesgo de ser violentos. Y si además el paciente procede de un centro penitenciario la respuesta que suelen encontrarse los jueces es que no disponen de un recurso adecuado para estos casos.
En la mayor parte de los países desarrollados existen unidades de Psiquiatría Forense, gestionadas por el sistema sanitario, pensadas para estos casos. Disponen de medidas de seguridad, activas y pasivas, suficientes para prevenir incidentes. Los pacientes ingresados siguen un plan de rehabilitación claro y bien estructurado, y el personal que los atiende es personal sanitario. En España hay algún ejemplo aislado de este modelo, como puede ser el del Hospital Psiquiátrico de Mondragón que cuenta con una unidad de Psiquiatría forense.
La atención a pacientes como el que acabo de exponer está siendo abandonada por los profesionales de la salud mental pública. Unos profesionales que dicen luchar contra el estigma de la enfermedad mental. Cuando el paciente presenta conducta violenta, claramente derivada de su enfermedad mental, se responde diciendo que el recurso hospitalario donde trabajan no es el adecuado para este tipo de pacientes. Como el paciente tiene riesgo de conducta violenta los jueces no tienen más remedio que enviarlo a una prisión.
Y esta perversión del sistema se produce porque que a los políticos de los gobiernos autonómicos les importa un bledo la salud mental penitenciaria (excepto Cataluña, País Vasco y Navarra que tienen transferencias). A las consejerías de sanidad no les entusiasma tener que tomar a cargo gestión de personal y gasto farmacéutico que solo va a suponer más gasto, en algo en que no le pueden sacar rentabilidad electoral.