Nuevo Código Civil catalán y medidas de apoyo: mismos conceptos, diferentes términos, y alineamiento con el Tribunal Supremo

El BOE acaba de publicar una reforma del Código Civil de Cataluña en el que, con una terminología diferente, se aplican los principios de la Ley 8/2021. Sin embargo, se alinean con la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en cuanto a que admite que se puedan aplicar medidas de apoyo en contra de la voluntad de la persona, si aquélla está afectada. Sorprende que desaparezcan los términos curatela y guarda de hecho.
Resumen
La Ley 13/2026, de 3 de agosto, de modificación del Código civil de Cataluña en materia de apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 4 de agosto de 2026 y en el Boletín Oficial del Estado el 17 de noviembre de 2026, cierra el proceso de adaptación del derecho civil catalán al artículo 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Este ensayo compara su vocabulario y sus instituciones con el sistema estatal de medidas de apoyo que la Ley 8/2021, de 2 de junio, introdujo en el Código Civil. La tesis que se defiende es doble.
En el plano terminológico, los dos códigos hablan lenguas distintas: Cataluña suprime por completo la palabra curatela para las personas mayores de edad, abandona la expresión guarda de hecho y construye todo su sistema alrededor de la asistencia, mientras que el Código Civil hace de la curatela su medida judicial central. En el plano conceptual, en cambio, existe una equivalencia funcional amplia, aunque no perfecta: la asistencia judicial catalana cumple la función de la curatela estatal, los apoyos no formalizados la de la guarda de hecho y la designación preventiva la de la autocuratela. Las diferencias reales no están en los nombres, sino en tres decisiones de política legislativa: la posibilidad de constituir la asistencia ante notario, la graduación de su contenido en tres modalidades y un sistema de salvaguardas más detallado y desjudicializado.
Introducción
Desde el 3 de septiembre de 2021 conviven en España dos sistemas civiles de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica que persiguen el mismo fin, pero que no se expresan con las mismas palabras. El primero es el del Código Civil, reformado por la Ley 8/2021, que se aplica en la mayor parte del territorio. El segundo es el del Código civil de Cataluña (en adelante, CCCat), que primero se adaptó de forma urgente y provisional mediante el Decreto ley 19/2021, de 31 de agosto, y que ahora recibe una regulación completa y definitiva con la Ley 13/2026, de 3 de agosto. Esta ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el diario oficial catalán, es decir, el 4 de febrero de 2027 (Ley 13/2026, disposición final novena).
La coexistencia de ambos sistemas no es una curiosidad académica. Médicos, trabajadores sociales, notarios, entidades bancarias y familias que se relacionan con personas residentes en Cataluña tendrán que entender a partir de 2027 qué significa que alguien tenga un asistente de cooperación o una asistencia de representación, y si eso equivale o no a tener un curador. Para los profesionales de la salud mental, que con frecuencia elaboran los informes en los que se apoya la decisión judicial o notarial, la cuestión tiene además una vertiente práctica inmediata: el lenguaje de sus informes debe ajustarse al ordenamiento que se va a aplicar.
El ensayo se organiza en torno a las dos preguntas planteadas. La primera es si la terminología catalana coincide con la del Código Civil. La segunda es qué diferencias existen entre la curatela y el resto de medidas de apoyo del derecho estatal y las figuras que regula la nueva ley catalana, y si, pese a la diversidad de nombres, hay equivalencia de conceptos. Tras exponer el marco normativo, se analiza la terminología, después se compara el contenido de las instituciones y, finalmente, se formula un juicio de equivalencia y se señalan algunas consecuencias prácticas.
1. El marco normativo común y sus dos desarrollos
1.1. El punto de partida: el artículo 12 de la Convención
Ambos legisladores parten del mismo texto. El artículo 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (Naciones Unidas, 2006), en vigor en España desde el 3 de mayo de 2008, reconoce a las personas con discapacidad capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás y obliga a los Estados a proporcionarles acceso al apoyo que puedan necesitar para ejercerla, con salvaguardas adecuadas contra los abusos. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad interpretó ese precepto en su Observación general n.º 1 como una exigencia de abandonar los modelos de sustitución en la toma de decisiones y de sustituir el criterio del «interés superior» por el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona (Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2014).
El preámbulo de la Ley 13/2026 asume expresamente esa lectura cuando afirma que la Convención supone el paso de un modelo de sustitución de la voluntad a un modelo de apoyo en la toma de decisiones (Ley 13/2026, preámbulo, apartado II). La exposición de motivos de la Ley 8/2021 se expresa en términos muy parecidos. Las dos reformas comparten, por tanto, la misma premisa: toda persona mayor de edad tiene capacidad jurídica, y lo que el derecho debe regular no es su limitación, sino los apoyos para ejercerla.
1.2. La reforma estatal: la Ley 8/2021
La Ley 8/2021 reescribió el título XI del libro primero del Código Civil, que pasó a denominarse «De las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica». Suprimió la incapacitación, la tutela de mayores de edad, la patria potestad prorrogada y rehabilitada y la prodigalidad como institución autónoma, y reorganizó el sistema en torno a cuatro medidas: las de naturaleza voluntaria, la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial (Código Civil, art. 250). La reforma alcanzó también a la Ley de Enjuiciamiento Civil y a la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, que regulan hoy el expediente y el proceso de provisión de medidas judiciales de apoyo (De Salas Murillo, 2022).
1.3. La respuesta catalana: del Decreto ley 19/2021 a la Ley 13/2026
Cataluña tiene competencia exclusiva en derecho civil, con las excepciones del artículo 149.1.8.ª de la Constitución, pero no en derecho procesal. Por eso la Ley 8/2021 tuvo en Cataluña un efecto inmediato y singular: al suprimir el procedimiento de modificación judicial de la capacidad, dejó sin cauce procesal a la tutela, la curatela y la potestad parental prorrogada que regulaba el libro segundo del CCCat. El Decreto ley 19/2021 vino a cubrir ese vacío. Declaró que esas figuras ya no podían constituirse para mayores de edad y reconvirtió la asistencia, una institución que el libro segundo ya regulaba desde 2010 en sus artículos 226-1 a 226-7, en la medida general de apoyo, a la que se podía llegar tanto por vía judicial como por escritura pública (Decreto ley 19/2021; Solé Resina, 2022, 2024). La asistencia había sido introducida por la Ley 25/2010, del libro segundo del CCCat, como una alternativa flexible a la incapacitación para personas que necesitaban apoyo sin requerir representación (Ruf i Aixàs y Tresserras Basela, 2015).
El propio Decreto ley se presentó como una solución provisional y ordenaba al Gobierno presentar un proyecto de ley completo. Ese proyecto es la Ley 13/2026. Su artículo único reescribe el título II del libro segundo, que pasa a llamarse «Instituciones de protección y de apoyo a la persona», y lo divide en cuatro capítulos: el capítulo I regula las instituciones de protección de las personas menores de edad; el capítulo II, completamente nuevo, los apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica; el capítulo III, las medidas transitorias de protección y de apoyo (la defensa judicial), y el capítulo IV, la protección patrimonial. La ley deroga el Decreto ley 19/2021 y modifica numerosos preceptos de los demás libros del CCCat para adaptarlos al nuevo régimen (Ley 13/2026, preámbulo, apartados III y IV).
2. Primera cuestión: ¿es la misma terminología?
La respuesta breve es que no. Los dos códigos comparten algunos conceptos troncales, pero divergen precisamente en los nombres de las instituciones centrales. Conviene distinguir entre los términos coincidentes, los términos que cambian sin cambiar el concepto y los términos que no tienen correspondencia.
2.1. Términos compartidos: capacidad jurídica, apoyo y salvaguarda
Los dos ordenamientos han unificado el lenguaje de la capacidad. Ninguno utiliza ya la distinción clásica entre capacidad jurídica y capacidad de obrar para negar a nadie el ejercicio de sus derechos, y ambos hablan del «ejercicio de la capacidad jurídica». La nueva redacción del artículo 211-3 CCCat dispone que toda persona mayor de edad tiene capacidad jurídica para ejercer los derechos y obligaciones de los que es titular, «de acuerdo con su capacidad natural». La referencia a la capacidad natural es significativa: el legislador catalán conserva y explicita este concepto como criterio de validez de los actos concretos (por ejemplo, para testar, artículo 421-4 CCCat), mientras que el Código Civil, aunque lo presupone, prefiere formular los límites en términos de la posibilidad de «conformar o expresar» la voluntad, incluso con apoyos (Código Civil, art. 663).
También son comunes las nociones de apoyo y de salvaguarda. El Código Civil exige que las medidas de apoyo vayan acompañadas de salvaguardas que eviten abusos, conflictos de intereses e influencias indebidas (Código Civil, art. 249). La Ley 13/2026 dedica a las salvaguardas una sección entera (arts. 222-42 a 222-62 CCCat) y las define como todas las medidas destinadas a garantizar que los apoyos se constituyen y ejercen adecuadamente, conforme a la ley y a la voluntad, las preferencias y los deseos de la persona, con proporcionalidad y sin abuso, conflicto de intereses o influencia indebida (art. 222-42 CCCat). El concepto es el mismo; la diferencia es de densidad normativa.
Coinciden igualmente la tríada «voluntad, deseos y preferencias», el principio de que las medidas deben respetar la máxima autonomía de la persona, y la expresión poder preventivo, que ambos códigos emplean para el poder otorgado en previsión de una futura necesidad de apoyo.
2.2. «Medidas de apoyo» y «apoyos»; «persona con discapacidad» y «persona que requiere apoyo»
Hay un primer desplazamiento léxico que pasa fácilmente inadvertido. El Código Civil habla de medidas de apoyo y las vincula, desde el propio título, a las personas con discapacidad. La Ley 13/2026 prefiere hablar simplemente de apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica «de las personas», sin calificativo, y en el articulado se refiere a la persona que «requiere apoyo», a la que «lo recibe» o a la «asistida». El primer artículo del capítulo II formula un derecho universal: toda persona tiene derecho a acceder a apoyos individualizados y adaptados para adoptar decisiones con efectos jurídicos en condiciones de igualdad (art. 222-1.1 CCCat).
La opción catalana no es solo estilística. El preámbulo justifica el apoyo cuando existen «barreras estructurales, actitudinales o cognitivas» que impiden o dificultan excesivamente actuar por uno mismo (Ley 13/2026, preámbulo, apartado II), con lo que desplaza el foco desde la condición de la persona hacia la relación entre la persona y su entorno. Ese desplazamiento es coherente con el modelo social de la discapacidad que inspira la Convención. Además, el artículo 222-2 CCCat establece una secuencia: primero, medidas de accesibilidad universal; si no bastan, ajustes razonables; y solo si tampoco son suficientes, apoyos. El Código Civil no contiene una gradación tan explícita, aunque puede deducirse de sus principios.
La expresión medidas de apoyo no desaparece del todo del derecho catalán: aparece en la disposición final octava y en las transitorias, y es la que utiliza la Ley 13/2026 cuando se remite al régimen general. Por tanto, puede decirse que ambos términos son sinónimos funcionales, pero que el catalán prefiere la forma breve y despersonalizada. Esta preferencia se refuerza con la Ley 15/2026, de 6 de noviembre, de actualización de la legislación catalana con relación a los términos empleados para referirse a las personas con discapacidad, que muestra la atención del legislador autonómico al lenguaje.
2.3. La desaparición de la curatela en el derecho catalán
La diferencia terminológica más importante es la siguiente: tras la Ley 13/2026, el Código civil de Cataluña ya no contiene la palabra curatela como institución vigente. Para los mayores de edad, había sido derogada en 2021. Para los menores emancipados, la nueva ley suprime también la curatela que el libro segundo conservaba; el preámbulo explica que se elimina por su carácter residual, «para evitar todo riesgo de confusión sobre el objeto y el alcance de la curatela en el derecho civil de Cataluña», y que los casos en que podía aplicarse se reconducen a la defensa judicial (Ley 13/2026, preámbulo, apartado III). El término solo sobrevive en las disposiciones transitorias, para referirse a las curatelas constituidas antes de 2021 y todavía no revisadas, y en la disposición final octava, que ordena entender las referencias que otras normas hagan a la tutela, la curatela, la potestad parental prorrogada o rehabilitada y la guarda de hecho de mayores de edad como hechas al nuevo régimen de apoyos.
En el Código Civil ocurre exactamente lo contrario: la curatela no solo sobrevive, sino que se convierte en la medida judicial de apoyo por excelencia. El artículo 250 la define como una medida formal de apoyo «que se aplicará a quienes precisen el apoyo de modo continuado». Así, la misma palabra designa en el derecho estatal la institución central del sistema y en el catalán una figura derogada.
De esto se deriva una advertencia importante: la curatela catalana anterior a 2021 y la curatela estatal posterior a 2021 son, en cierto sentido, falsos amigos. La primera era una institución de complemento de la capacidad en un sistema que todavía admitía la modificación judicial de la capacidad. La segunda es una medida de apoyo en un sistema que la ha abolido. Quien lea en un informe o en una resolución antigua que una persona «está en curatela» en Cataluña debe entender que se trata de una medida pendiente de revisión, sometida a la disposición transitoria segunda de la Ley 13/2026. No es el equivalente de la curatela estatal vigente.
2.4. De la «guarda de hecho» a los «apoyos no formalizados»
El segundo gran cambio léxico es deliberado y está motivado expresamente. El Código Civil conserva y refuerza la guarda de hecho, que el artículo 250 califica de «medida informal de apoyo». La Ley 13/2026, en cambio, se aleja conscientemente de esa expresión porque, según el preámbulo, «presupone una sujeción de la persona a su guardador que resulta incoherente con el enfoque de los apoyos en la Convención», y la sustituye por la de apoyos no formalizados (Ley 13/2026, preámbulo, apartado III; arts. 222-11 a 222-13 CCCat).
La crítica es lingüística, pero tiene consecuencias. Hablar de guardador evoca custodia; hablar de quien presta un apoyo no formalizado evoca ayuda. Conviene notar, sin embargo, que la guarda de hecho sigue existiendo en el CCCat, aunque únicamente para personas menores de edad (arts. 221-57 a 221-61 CCCat). En el lenguaje catalán, por tanto, la expresión ha quedado reservada al ámbito de la protección de menores, coherentemente con la separación estricta que la nueva ley establece entre protección (menores) y apoyo (mayores).
2.5. Otras divergencias de nomenclatura
La lista de diferencias de denominación es larga. La más visible es que el titular de la medida judicial no se llama curador, sino asistente, y la persona apoyada es la asistida. El preámbulo advierte de que esta asistencia no tiene nada que ver con la «asistencia personal» de la normativa de dependencia ni con la asistencia lingüística (Ley 13/2026, preámbulo, apartado III). La advertencia es pertinente para el lector sanitario y social, para quien asistente personal tiene un significado consolidado completamente distinto.
El Código Civil distingue entre curatela asistencial y representativa. El CCCat distingue entre asistencia de acompañamiento, de cooperación y de representación (art. 222-29 CCCat). La autocuratela estatal (Código Civil, arts. 271 a 274) se llama en Cataluña designación preventiva (art. 222-35 CCCat). El defensor judicial del Código Civil se denomina, en la redacción catalana, persona que actúa como defensora judicial, y la institución, defensa judicial (arts. 223-1 a 223-5 CCCat). El Código Civil agrupa los poderes y mandatos preventivos bajo el rótulo de medidas voluntarias de apoyo, mientras que el CCCat los llama apoyos preventivos y reserva la categoría de apoyos formalizados para todo lo que se constituye en escritura pública o resolución judicial (art. 222-5 CCCat).
Por último, hay términos catalanes sin equivalente estatal: acta previa, plan de asistencia, función de supervisión y consejo de supervisión. A ellos se volverá al tratar las diferencias de contenido. La Tabla 1 resume las correspondencias.
Tabla 1
Correspondencias terminológicas entre el Código Civil y el Código civil de Cataluña
Código Civil (Ley 8/2021) | CCCat (Ley 13/2026) | Observación |
Capacidad jurídica; ejercicio de la capacidad jurídica | Capacidad jurídica; capacidad natural (art. 211-3) | Coincidencia; el CCCat explicita la capacidad natural |
Medidas de apoyo a las personas con discapacidad | Apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas | Sinónimos funcionales; el CCCat evita el calificativo |
Medidas voluntarias de apoyo | Apoyos preventivos y asistencia notarial (apoyos formalizados) | Categorías distintas |
Poder y mandato preventivos | Poder y mandato preventivos | Coincidencia |
Autocuratela | Designación preventiva | Mismo concepto, distinto nombre |
Guarda de hecho (medida informal) | Apoyos no formalizados | Rechazo expreso del término «guarda» |
Curatela; curador | Asistencia; asistente | Figura central de cada sistema |
Curatela asistencial | Asistencia de acompañamiento / de cooperación | El CCCat desdobla la función |
Curatela representativa | Asistencia de representación | Equivalencia funcional |
Defensor judicial | Defensa judicial; persona que actúa como defensora judicial | Equivalencia amplia |
Salvaguardas; medidas de control | Salvaguardas; medidas de control; función de supervisión | El CCCat añade la supervisión |
Sin equivalente | Acta previa; plan de asistencia; consejo de supervisión | Figuras propias catalanas |
Curatela de emancipados (suprimida en 2021) | Curatela suprimida; asentimiento por defensa judicial | Convergencia |
Nota. Elaboración propia a partir del Código Civil (tras la Ley 8/2021) y del CCCat (tras la Ley 13/2026).
3. Segunda cuestión: curatela y medidas de apoyo estatales frente a la asistencia y los apoyos catalanes
Las diferencias de vocabulario serían irrelevantes si los conceptos fueran idénticos. No lo son del todo. A continuación se comparan las instituciones por su función, su forma de constitución, su contenido y sus garantías.
3.1. La arquitectura del sistema y el principio de subsidiariedad
Los dos sistemas responden a una lógica de subsidiariedad que parte de la voluntad de la persona. El Código Civil establece que las medidas de origen legal o judicial solo procederán «en defecto o insuficiencia de la voluntad de la persona de que se trate» (art. 249). El CCCat lo formula con una secuencia más explícita: los apoyos no formalizados del entorno familiar y comunitario son el punto de partida, los apoyos formalizados en escritura pública permiten el acceso al tráfico jurídico, y la constitución judicial de asistencia solo procede si los apoyos preventivos o la asistencia notarial existentes «son insuficientes o no funcionan adecuadamente» (art. 222-28.2 CCCat).
La clasificación de base es, sin embargo, distinta. El Código Civil ordena las medidas por su origen (voluntarias, legales y judiciales) y por su carácter (informales y formales). El CCCat ordena los apoyos en una dicotomía única entre formalizados y no formalizados, y dentro de los formalizados no distingue tanto por el origen como por el instrumento: escritura pública o resolución judicial (art. 222-5 CCCat). La consecuencia más importante de esta diferencia de diseño es la que se analiza a continuación.
3.2. La diferencia decisiva: la asistencia puede ser notarial
En el Código Civil, la curatela es siempre judicial. Quien quiera organizar voluntariamente su apoyo sin pasar por el juzgado dispone de los poderes y mandatos preventivos y puede designar a su futuro curador mediante la autocuratela, pero no puede constituir una curatela ante notario. Ninguna medida formal estatal equivalente a la curatela nace por acuerdo.
En Cataluña, en cambio, la asistencia puede constituirse por acuerdo entre la persona que debe recibir el apoyo y quienes deben prestarlo, en escritura pública, o judicialmente (art. 222-28.1 CCCat). La asistencia notarial no es un apoyo preventivo para el futuro, sino un apoyo para el presente, constituido por una persona que ya lo necesita y que tiene aptitud para decidir quién y cómo se lo presta. Esta posibilidad, que el Decreto ley 19/2021 ya había introducido, es probablemente el rasgo más característico del modelo catalán y responde al objetivo declarado de desjudicializar los apoyos (Solé Resina, 2024).
Para garantizar la integridad del consentimiento, la ley introduce el acta previa. Salvo en la asistencia de acompañamiento, la asistencia notarial exige que antes se otorgue un acta en la que se acrediten las circunstancias que garantizan que la asistencia responde a la voluntad, las preferencias y los deseos de la persona y que esta conoce su alcance y sus consecuencias. En el acta pueden incorporarse manifestaciones de personas y profesionales e informes pluridisciplinares y, si se trata de una asistencia de representación, un inventario de bienes. La escritura debe otorgarse a continuación del cierre del acta ante el mismo notario (art. 222-32 CCCat). Según el preámbulo, el acta tiene además una función de protección de la intimidad: permite que la escritura, que es la que circula en el tráfico jurídico, no tenga que aludir a la condición personal que motivó el apoyo (Ley 13/2026, preámbulo, apartado III).
Este diseño traslada al notario parte de la función de control que en el sistema estatal se reserva al juez. Para los profesionales sanitarios esto significa que sus informes pueden tener como destinatario no solo al juzgado, sino también a la notaría, y que deberán orientarse a describir necesidades de apoyo y aptitudes, no diagnósticos ni déficits abstractos.
3.3. El contenido: dos modalidades de curatela y tres de asistencia
El Código Civil configura la curatela como primordialmente asistencial. La resolución judicial debe determinar los actos para los que la persona requiere la asistencia del curador, y solo en los casos excepcionales en que resulte imprescindible puede atribuirse al curador la representación, también en actos concretos. El artículo 269 añade una cláusula de cierre de gran fuerza simbólica: «En ningún caso podrá incluir la resolución judicial la mera privación de derechos».
La Ley 13/2026 distingue tres modalidades (art. 222-29 CCCat). La asistencia de acompañamiento consiste en aconsejar a la persona en la toma de decisiones; los actos que esta realiza no necesitan la intervención del asistente para ser eficaces. La asistencia de cooperación requiere la intervención del asistente para la eficacia de los actos jurídicos en los ámbitos que se establezcan expresamente; el asistente puede además confirmar los actos realizados sin su intervención. La asistencia de representación faculta al asistente para actuar en nombre o por cuenta de la persona asistida, pero no limita las facultades de esta para actuar por sí misma, salvo que se establezca expresamente lo contrario. Una misma asistencia puede combinar funciones de las tres modalidades en ámbitos distintos, y en defecto de calificación se presume que es de acompañamiento (arts. 222-29.4 y 222-33.4 CCCat).
La correspondencia funcional con la curatela es clara, pero no simétrica. La curatela asistencial estatal abarca, en un mismo concepto, tanto el consejo como la necesidad de contar con el curador para la validez del acto; el CCCat separa ambas funciones en dos modalidades distintas. El acompañamiento catalán, por su parte, apenas tiene equivalente formal en el Código Civil: es un apoyo formalizado e inscribible que, sin embargo, no condiciona la eficacia de ningún acto. Su función se aproxima a la que en el derecho estatal cumplen informalmente la guarda de hecho o los apoyos del entorno, pero con la seguridad jurídica de un título notarial o judicial.
En cuanto a la representación, ambos sistemas la conciben como excepcional y subsidiaria. El Código Civil exige que se fundamente en la imposibilidad de prestar el apoyo de otro modo y que el curador actúe según la mejor interpretación de la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona (arts. 249 y 269). El CCCat precisa que la asistencia judicial de representación que incluya limitaciones permanentes de las facultades de actuación de la persona asistida es excepcional y solo puede referirse a tipos de actos o bienes determinados (art. 222-29.3 CCCat). En la asistencia notarial representativa, la escritura debe expresar si conlleva una autolimitación de facultades de la persona asistida (art. 222-33.6 CCCat), figura sin paralelo estatal: la propia persona puede decidir, con las garantías del acta previa, que determinados actos solo los realice su asistente.
Esta posibilidad de limitar facultades merece atención crítica. El artículo 222-1.2 CCCat proclama que disponer de apoyos no comporta limitación alguna de la capacidad jurídica, y el artículo 269 del Código Civil prohíbe la mera privación de derechos. Una asistencia representativa que excluye, para determinados actos, la actuación de la propia persona se sitúa en la frontera de lo que admite la lectura más estricta de la Observación general n.º 1.
El legislador catalán ha optado por regular abiertamente esa frontera, limitándola a actos o bienes determinados y rodeándola de garantías, en lugar de ocultarla. Desde esta perspectiva, la solución es más transparente que la estatal, que llega a resultados semejantes mediante la curatela representativa sin nombrarlos como limitación.
3.4. La voluntad contraria de la persona
Uno de los puntos más discutidos del sistema estatal ha sido si pueden adoptarse medidas de apoyo contra la voluntad manifestada de la persona. El Tribunal Supremo, en la primera sentencia en que aplicó la Ley 8/2021, mantuvo una curatela asistencial para una persona con síndrome de Diógenes que se oponía a ella, razonando que no intervenir en tales circunstancias habría supuesto abandonarla a su suerte, ya que el propio trastorno le impedía tener conciencia de su situación (Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Pleno, 2021). La doctrina posterior ha discutido intensamente el alcance de esta jurisprudencia (Rubio Garrido, 2022; De Salas Murillo, 2022).
El legislador catalán ha incorporado esta problemática al texto legal. El artículo 222-6 CCCat establece que la voluntad de la persona determina el establecimiento, el contenido, el ejercicio y el alcance del apoyo, siempre que se corresponda con una voluntad libre de influencias indebidas o de situaciones de abuso y no sea resultado de una circunstancia que limite el pleno conocimiento de su situación y sus necesidades, con grave riesgo para ella o para terceros, o de una condición que provoque la negación de su situación y sus necesidades y afecte a su discernimiento. En esos casos excepcionales, la autoridad judicial debe establecer de forma motivada el apoyo necesario. El preámbulo lo resume: los apoyos no pueden imponerse contra la voluntad de la persona, salvo cuando esa voluntad sea fruto de influencia indebida o abuso, o resulte de una condición de salud que provoca la negación de una situación de grave riesgo (Ley 13/2026, preámbulo, apartado II).
Desde el punto de vista clínico, la fórmula es reconocible. Una condición que provoca la negación de la propia situación y de las propias necesidades y que afecta al discernimiento describe, sin nombrarlas, la anosognosia y la falta de conciencia de enfermedad (insight). El derecho catalán convierte así en criterio legal lo que en el derecho estatal es construcción jurisprudencial. Hay, por tanto, equivalencia de resultado, pero con una diferencia de técnica legislativa que aporta seguridad jurídica y, al mismo tiempo, acota los supuestos con mayor precisión. Para el perito psiquiatra, la consecuencia es que el informe deberá pronunciarse específicamente sobre si la oposición de la persona deriva de una alteración del juicio de realidad o de la conciencia de enfermedad, y no solo sobre la existencia de un diagnóstico.
3.5. La designación de la persona que presta el apoyo
En ambos sistemas prevalece la voluntad de la persona. El Código Civil articula la autocuratela y, en su defecto, un orden legal de preferencia (cónyuge o pareja conviviente, descendientes, ascendientes, etc.) que el juez puede alterar motivadamente (Código Civil, arts. 271 a 276). El CCCat prescinde de un orden legal de llamamientos para los mayores de edad. La designación debe atender a la voluntad, las preferencias y los deseos de la persona y, cuando no puedan conocerse, a la mejor interpretación de estos según su trayectoria vital, sus manifestaciones previas y la información de las personas de confianza. Solo excepcionalmente, si concurren circunstancias graves o riesgo de abuso, conflicto de intereses o influencia indebida, puede el juez nombrar a otra persona del entorno familiar o comunitario que no haya sido excluida por el interesado, o a una persona jurídica sin ánimo de lucro (art. 222-38 CCCat).
La designación preventiva catalana (art. 222-35 CCCat) cumple la misma función que la autocuratela estatal, con una diferencia práctica: no requiere acta previa y se comunica al Registro civil y al Registro catalán de nombramientos tutelares no testamentarios y de apoyos a la capacidad jurídica, que cambia de denominación precisamente por esta reforma (Ley 13/2026, disposición final séptima).
Ambos ordenamientos excluyen a quienes prestan servicios asistenciales, residenciales o análogos en virtud de una relación contractual. El Código Civil lo hace sin excepciones (art. 250); el CCCat permite que la autoridad judicial lo autorice excepcionalmente atendiendo a las necesidades de la persona (art. 222-48.2 CCCat).
3.6. El plan de asistencia
La solicitud de asistencia judicial en Cataluña debe incluir un plan de asistencia, que debe respetar la voluntad de la persona e indicar quién se propone como asistente, el alcance y las funciones de la asistencia, el régimen de comunicación entre asistente y asistida, las propuestas para mejorar la autonomía de la persona, las salvaguardas y la remuneración (art. 222-37 CCCat). El juez lo tiene en cuenta y puede modificarlo, ampliarlo o concretarlo (art. 222-40 CCCat).
No existe en el Código Civil un instrumento equivalente con este nombre ni con este contenido obligatorio, aunque la práctica de los juzgados y de la fiscalía tiende a reclamar una información similar. El plan de asistencia traslada a la fase inicial del procedimiento una lógica de planificación centrada en la persona muy familiar para los profesionales de los servicios sociales y sanitarios. Conviene recordar, no obstante, que el procedimiento en sí sigue siendo el estatal: la Ley 13/2026 se remite al procedimiento de jurisdicción voluntaria (art. 222-36.2 CCCat), porque la competencia procesal corresponde al Estado.
3.7. Salvaguardas, supervisión y rendición de cuentas
Las salvaguardas catalanas son, en buena medida, las garantías tradicionales de los cargos tutelares reformuladas en clave de apoyo: inventario, caución, autorización judicial para determinados actos, rendición de cuentas, remoción y revisión (art. 222-44 CCCat). El Código Civil prevé instrumentos análogos para la curatela: inventario, autorización judicial para los actos que enumera el artículo 287 cuando el curador tiene funciones representativas, rendición anual de cuentas y medidas de control que el juez puede acordar (arts. 270, 285, 287 y 292). En este punto la equivalencia es alta.
La novedad catalana es la función de supervisión. Es obligatoria en los mandatos y poderes preventivos y en las asistencias notariales de cooperación o de representación, salvo que el apoyo lo preste el cónyuge o la pareja estable, un descendiente o un ascendiente; en la asistencia judicial puede acordarse si el juez lo considera conveniente (art. 222-54 CCCat). Si hay tres o más supervisores, actúan como consejo de supervisión por mayoría (art. 222-55 CCCat). Sus facultades incluyen autorizar actos, aprobar las cuentas, promover la revisión, impugnar actos e incluso, si así se ha previsto, remover a quien presta el apoyo (art. 222-56 CCCat). Es, en definitiva, un control privado que sustituye al judicial en los apoyos de origen voluntario, y que cobra sentido precisamente porque existe una asistencia notarial que el juez no ha constituido.
El Código Civil no conoce una figura semejante con carácter obligatorio. El poderdante puede establecer medidas de control y, para los poderes generales que subsisten cuando el poderdante necesita apoyo, se aplican supletoriamente las reglas de la curatela (art. 259); pero el control externo de los poderes preventivos en el derecho estatal ha sido objeto de crítica precisamente por su debilidad (De Salas Murillo, 2022).
En materia de cuentas, el CCCat exige rendición anual, o por períodos más largos, de hasta tres años, si se ha previsto así; la autoridad judicial puede extender el plazo hasta seis años cuando no se prevean cambios sustanciales (art. 222-58 CCCat). Si el apoyo incluye el ámbito personal, el asistente debe informar con la misma periodicidad sobre el estado de salud, el lugar de residencia y la situación personal y familiar de la persona (art. 222-59 CCCat).
3.8. La revisión periódica
El Código Civil ordena revisar las medidas judiciales en un plazo máximo de tres años, que en casos excepcionales puede llegar a seis mediante resolución motivada (art. 268). El CCCat establece la revisión de oficio de los apoyos judiciales cada tres años, pero permite que, cuando las circunstancias hagan prever que no habrá cambios sustanciales, la revisión se haga solo cuando nuevas circunstancias lo justifiquen (art. 222-47.1 CCCat). La fórmula catalana es más flexible para las situaciones estables, lo que puede ser razonable en discapacidades del desarrollo, pero también entraña un riesgo de que algunos apoyos se cronifiquen sin revisión.
La revisión de las asistencias notariales no tiene paralelo estatal: debe hacerse en los plazos previstos en la escritura, que no pueden exceder de tres años, mediante comparecencia ante notario del asistente, la persona asistida y los supervisores. Si la persona no puede expresar su voluntad y alguien plantea la necesidad de modificar el apoyo, el notario debe comunicarlo al ministerio fiscal (art. 222-47.3 CCCat).
3.9. La validez de los actos
El Código Civil resuelve la cuestión mediante la anulabilidad de los contratos celebrados por personas con medidas de apoyo sin contar con él cuando era preceptivo (art. 1302.3). El CCCat contiene una regla de partida significativa: los actos realizados con la intervención de un apoyo formalizado dentro de sus funciones no pueden anularse solo por razón de la condición personal que dio lugar al apoyo (art. 222-62.1 CCCat). Los realizados sin la conformidad del asistente de cooperación, o infringiendo las limitaciones de un apoyo representativo, pueden impugnarse por el asistente, por la propia persona o por sus sucesores, y los realizados con conflicto de intereses, abuso o influencia indebida solo si la otra parte lo conocía o debía conocerlo. El plazo es de cuatro años desde el otorgamiento del acto (art. 222-62 CCCat). La protección del tercero de buena fe es, en ambos sistemas, un criterio relevante; la regla catalana sobre los actos realizados con apoyo refuerza además la seguridad del tráfico.
3.10. Apoyos no formalizados frente a guarda de hecho
Más allá del nombre, la comparación de contenido muestra coincidencias llamativas. El Código Civil permite al guardador de hecho actuar en representación de la persona solo con autorización judicial, salvo para pedir prestaciones o realizar actos que no supongan un cambio significativo en la forma de vida de la persona o que tengan escasa relevancia económica (art. 264). El CCCat permite a quien presta apoyo no formalizado ayudar, aconsejar y realizar actos de trámite siempre que no comporten «un cambio significativo en la forma de vida de la persona» ni sean de especial relevancia económica (art. 222-11 CCCat). La influencia del modelo estatal en la delimitación es evidente.
Las diferencias son, sin embargo, relevantes. Primero, el apoyo no formalizado catalán es expresamente transitorio: se presta mientras no se constituye el apoyo formalizado (art. 222-5.3 CCCat). La guarda de hecho estatal, en cambio, se ha transformado en una medida potencialmente estable, que puede subsistir aunque existan otras medidas si estas no se aplican eficazmente (art. 263), y el Tribunal Supremo ha considerado innecesario constituir una curatela cuando la guarda de hecho funciona adecuadamente (Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, 2023; véase también Arjona Guajardo-Fajardo, 2025). Segundo, el CCCat exige formalizar el apoyo siempre que se trate de actos o trámites con entidades financieras, autoridades judiciales, registros y notarios (art. 222-11 CCCat). Tercero, el derecho catalán no prevé que el apoyo no formalizado se transforme en representación con autorización judicial puntual: para representar es preciso un poder o una asistencia constituida, aunque quienes prestan apoyo continuado están legitimados para pedir la asistencia judicial (art. 222-36.2 CCCat).
En la práctica, esto significa que una familia que en Madrid puede gestionar durante años, como guardadora de hecho y con autorizaciones judiciales puntuales, los asuntos de un progenitor con demencia, en Barcelona se verá impulsada a formalizar una asistencia, previsiblemente notarial si la persona conserva aptitud para consentirla. El modelo catalán es menos tolerante con la informalidad prolongada, pero ofrece una vía de formalización más rápida y menos gravosa que el juzgado.
3.11. Los apoyos preventivos
En esta materia las coincidencias son las mayores. Ambos códigos regulan el mandato y el poder preventivos, admiten su eficacia inmediata o diferida, exigen escritura pública e inscripción en el Registro civil y prevén que la activación de los poderes de eficacia diferida pueda acreditarse mediante acta notarial con informe pericial (Código Civil, arts. 255 a 262; arts. 222-14 a 222-26 CCCat). La influencia recíproca entre los dos modelos es notable: el poder en previsión de pérdida de capacidad tiene una larga tradición en el derecho catalán, como recuerda el preámbulo de la Ley 13/2026.
Las diferencias son de grado. El CCCat excluye de los poderes preventivos la autocontratación y las facultades de disposición a título gratuito o de garantía, salvo para actos concretos que consten en el poder (art. 222-19.4 CCCat); impone la supervisión obligatoria cuando el apoderado no es un familiar cercano (art. 222-54.2 CCCat), y exige anexar a la escritura una relación de bienes, salvo que el apoderado sea el único descendiente de primer grado y el poderdante lo exima (art. 222-52 CCCat). Para los poderes otorgados antes de la entrada en vigor de la ley, se mantiene su régimen anterior, aunque el juez y el poderdante pueden exigir la rendición periódica de cuentas u otras medidas de control (Ley 13/2026, disposición transitoria cuarta).
3.12. La defensa judicial
El defensor judicial estatal es una medida formal de apoyo para necesidades ocasionales, aunque recurrentes, y también para conflictos de intereses y situaciones transitorias (Código Civil, arts. 250 y 295). En el CCCat, la defensa judicial se ubica en un capítulo propio, «Medidas transitorias de protección y de apoyo», común a menores, emancipados y mayores de edad. Opera mientras no se constituye la tutela o el apoyo, cuando quienes los ejercen no pueden actuar o actúan inadecuadamente, en caso de conflicto de intereses y para prestar el asentimiento a ciertos actos de los emancipados (art. 223-1 CCCat). A quien actúa como defensor judicial de una persona que necesita apoyo se le aplican las normas de la asistencia (art. 223-5.2 CCCat).
La equivalencia es amplia, con un matiz: en el derecho catalán la defensa judicial no se concibe como medida para el apoyo ocasional ordinario, porque esa función la puede cumplir la asistencia, que puede referirse a «una cuestión o un asunto concreto, ocasional o recurrente» (art. 222-27.2 CCCat). Así, la asistencia catalana absorbe parte del ámbito del defensor judicial estatal.
3.13. Proyecciones en el derecho de sucesiones
La reforma catalana también modifica el libro cuarto. La edad para testar se fija en catorce años y la capacidad para testar se define como capacidad natural en el momento del otorgamiento; el notario puede requerir la intervención de dos facultativos que certifiquen que el testador tiene suficiente aptitud o discernimiento (arts. 421-3, 421-4 y 421-9 CCCat).
El Código Civil exige que el testador pueda conformar o expresar su voluntad, incluso con apoyos, y encomienda al notario procurar que la persona con discapacidad desarrolle su propio proceso de toma de decisiones (arts. 663 y 665), sin prever expresamente la intervención de facultativos. La sustitución ejemplar catalana se vincula ahora a que el legitimario tenga constituido un apoyo con funciones representativas (art. 425-10 CCCat), mientras que el artículo 776 del Código Civil la refiere al descendiente que, por discapacidad, no pueda otorgar testamento. Son criterios distintos: uno formal (la existencia de un apoyo representativo) y otro material (la imposibilidad de testar).
4. ¿Hay equivalencia de conceptos?
A la vista de lo anterior, la respuesta debe matizarse. Hay equivalencia de conceptos en el nivel de los principios y de las funciones; no la hay, o solo es parcial, en el nivel del régimen jurídico concreto. Pueden distinguirse tres grados.
Existe equivalencia plena o casi plena en los conceptos troncales: capacidad jurídica, apoyo, salvaguarda, voluntad, deseos y preferencias, poder y mandato preventivos, inventario, rendición de cuentas y revisión. En estos casos, los dos códigos utilizan el mismo término o términos intercambiables con el mismo contenido.
Existe equivalencia funcional con diferencias de régimen entre la asistencia judicial catalana y la curatela estatal; entre la asistencia de cooperación y la curatela asistencial; entre la asistencia de representación y la curatela representativa; entre los apoyos no formalizados y la guarda de hecho; entre la designación preventiva y la autocuratela, y entre la defensa judicial y el defensor judicial. En todos estos pares, cada figura cumple la misma función en su sistema, pero las reglas que la rigen no coinciden plenamente. El caso más claro es el par asistencia-curatela: ambas son la medida formal para necesidades de apoyo continuadas, ambas son primordialmente no representativas y ambas admiten la representación como excepción, pero la asistencia puede nacer de un acuerdo notarial, se gradúa en tres modalidades y puede ser puntual u ocasional.
Por último, hay figuras sin correspondencia en el Código Civil: la asistencia notarial como apoyo actual constituido por acuerdo, la asistencia de acompañamiento formalizada, el acta previa, el plan de asistencia, la función y el consejo de supervisión y la autolimitación de facultades en la asistencia representativa notarial. La Tabla 2 sintetiza este juicio.
Tabla 2
Grado de equivalencia conceptual entre las figuras de ambos sistemas
Figura estatal | Figura catalana | Grado de equivalencia y principales diferencias |
Curatela (judicial) | Asistencia judicial | Funcional alta. La asistencia también puede ser puntual u ocasional y se gradúa en tres modalidades |
— (no existe) | Asistencia notarial | Sin correspondencia. Apoyo actual constituido por acuerdo, con acta previa y supervisión |
Curatela asistencial | Asistencia de cooperación | Funcional alta. Ámbitos fijados expresamente; posible confirmación de actos |
— (no existe como medida formal) | Asistencia de acompañamiento | Sin correspondencia formal. Consejo sin efecto sobre la eficacia de los actos |
Curatela representativa | Asistencia de representación | Funcional alta. En Cataluña no limita por sí la actuación de la persona; cabe autolimitación notarial |
Guarda de hecho | Apoyos no formalizados | Funcional parcial. En Cataluña son transitorios, sin representación y deben formalizarse ante bancos, registros, notarios y juzgados |
Autocuratela | Designación preventiva | Plena |
Poderes y mandatos preventivos | Apoyos preventivos | Plena en lo esencial. El CCCat añade supervisión, exclusiones y relación de bienes |
Defensor judicial | Defensa judicial | Alta. Parte de su ámbito lo absorbe la asistencia ocasional |
Nota. Elaboración propia a partir del Código Civil (tras la Ley 8/2021) y del CCCat (tras la Ley 13/2026).
La conclusión es que, aunque se usen términos diferentes, la equivalencia conceptual es suficientemente amplia como para que un operador jurídico pueda «traducir» de un sistema a otro en la mayoría de los casos, siempre que tenga presentes tres advertencias. La primera: curatela no es un término intercambiable entre ambos códigos, porque en Cataluña designa una figura derogada. La segunda: la asistencia catalana es una categoría más amplia que la curatela estatal, ya que abarca supuestos que en el derecho estatal corresponderían a la guarda de hecho, al defensor judicial o a medidas voluntarias. La tercera: la mayor parte de las diferencias no responden a desacuerdos sobre los principios, sino a una opción catalana por la desjudicialización y por la autorregulación con controles privados.
5. Algunas consecuencias prácticas
5.1. ¿Qué ley se aplica?
La convivencia de ambos sistemas plantea un problema de derecho interregional. El artículo 9.6 del Código Civil, en la redacción de la Ley 8/2021, dispone que la ley aplicable a las medidas de apoyo para personas con discapacidad será la de su residencia habitual. Aplicado a los conflictos internos a través del artículo 16 del Código Civil, el criterio parece conducir a la ley del lugar de residencia habitual y no a la vecindad civil, aunque la cuestión no está exenta de debate doctrinal. De ello se sigue que una persona con vecindad civil catalana que reside habitualmente en Madrid quedaría sometida al régimen estatal de apoyos, y viceversa. Es una solución coherente con la naturaleza de los apoyos, que deben prestarse allí donde la persona vive, pero exige que notarios y jueces hagan constar con cuidado la residencia habitual.
5.2. El régimen transitorio
Las medidas constituidas antes del Decreto ley 19/2021 que aún no se han revisado (tutelas, curatelas y potestades parentales prorrogadas o rehabilitadas) se mantienen, pero deben ejercerse conforme a los principios generales de los apoyos hasta su revisión. Esta puede solicitarse en cualquier momento y debe resolverse en un año; si nadie la pide, la autoridad judicial debe realizarla de oficio en un plazo de tres años desde la entrada en vigor de la ley. Como novedad, la persona afectada puede pedir que la medida judicial se sustituya por una asistencia notarial (Ley 13/2026, disposición transitoria segunda). Las asistencias anteriores al Decreto ley se someten a un régimen paralelo (disposición transitoria primera). Las personas declaradas pródigas antes de 2021 pueden pedir la extinción de la curatela, que entretanto se rige por las normas anteriores. Este régimen es muy similar al previsto en la disposición transitoria quinta de la Ley 8/2021, lo que confirma, también aquí, el paralelismo de fondo entre ambos legisladores.
5.3. Implicaciones para la práctica clínica y pericial
Para los psiquiatras y demás profesionales sanitarios que intervienen en estos procedimientos, la nueva ley catalana tiene varias implicaciones. Primera: los informes deberán adaptarse al vocabulario catalán y evitar términos como curatela o incapacidad, que en Cataluña ya no designan instituciones vigentes, y describir necesidades de apoyo en relación con ámbitos concretos (personal, patrimonial, de salud) que permitan al notario o al juez elegir entre acompañamiento, cooperación o representación. Segunda: el informe puede tener destinatarios nuevos, como el acta previa notarial, la activación de un poder preventivo de eficacia diferida o el juicio notarial de capacidad para testar mediante dos facultativos. Tercera: el artículo 222-6 CCCat convierte la valoración de la conciencia de la propia situación en un elemento jurídicamente decisivo para justificar un apoyo contra la voluntad manifestada, lo que exige rigor en la exploración y en la fundamentación de la falta de insight. Cuarta: la ley recuerda que la toma de decisiones en el ámbito de la salud se rige por su normativa específica (art. 222-3.3 CCCat), de modo que el consentimiento informado y los documentos de voluntades anticipadas (art. 212-3 CCCat) siguen su propio régimen y no deben confundirse con el sistema de apoyos.
Conclusiones
La terminología de la Ley 13/2026 no coincide con la del Código Civil reformado por la Ley 8/2021. Los conceptos troncales son comunes (capacidad jurídica, apoyo, salvaguarda, voluntad, deseos y preferencias, poder preventivo), pero las instituciones centrales tienen nombres distintos: asistencia y asistente frente a curatela y curador; apoyos no formalizados frente a guarda de hecho; designación preventiva frente a autocuratela; defensa judicial frente a defensor judicial.
La divergencia más relevante es la desaparición completa de la curatela en el derecho civil catalán, también para los menores emancipados, mientras que en el Código Civil es la medida judicial central. La palabra curatela funciona como un falso amigo entre ambos sistemas y debe evitarse al trasladar conceptos de uno a otro.
Pese a la diversidad terminológica, existe una equivalencia funcional amplia: la asistencia judicial cumple la función de la curatela, la asistencia de cooperación la de la curatela asistencial, la de representación la de la curatela representativa y los apoyos no formalizados la de la guarda de hecho. La equivalencia, sin embargo, no es perfecta, porque los regímenes jurídicos difieren.
Las diferencias sustantivas se concentran en la posibilidad de constituir la asistencia ante notario, con acta previa; en la graduación de la asistencia en tres modalidades, incluida una de acompañamiento formalizado; en el carácter transitorio de los apoyos informales y la exigencia de formalizarlos ante bancos, registros, notarios y tribunales; en la función de supervisión obligatoria en los apoyos voluntarios; en la regulación legal expresa de los supuestos de apoyo contra la voluntad de la persona, y en algunas reglas de revisión y de validez de los actos.
En conjunto, el modelo catalán no se aparta de los principios del estatal, sino que los desarrolla con más detalle y con una clara orientación hacia la desjudicialización. Su éxito dependerá de que notarios, juzgados, entidades del tercer sector y profesionales sanitarios asuman el nuevo vocabulario y, sobre todo, la lógica de apoyo que lo inspira. También dependerá de que la dotación presupuestaria que la propia ley ordena (disposición adicional tercera) se haga efectiva.
Referencias
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