El concepto de autoría en las personas con enfermedad mental

Resumen
La autoría, o autoautorización, es la dimensión de la autonomía por la que una persona se considera a sí misma, y es considerada por otros, legitimada para decidir, para hablar por sí y para responder de sus actos. A diferencia del autogobierno, que se refiere a la capacidad para tomar una decisión concreta, la autoría se refiere a la posición de la persona como sujeto con voz y con autoridad sobre su propia vida. Este trabajo analiza el concepto y su función en la práctica psiquiátrica y en el derecho tras la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), la Ley 8/2021 y la Ley 4/2026.
La autoría tiene cuatro dimensiones: la autoría de los propios actos, la autoría de la propia vida como relato, la autoridad del propio testimonio y la posición jurídica de interlocutor. Los trastornos mentales pueden alterarla desde dentro, en las experiencias de pasividad o en la pérdida de la confianza en uno mismo, y las respuestas sociales e institucionales pueden dañarla desde fuera, mediante el estigma, la desacreditación del testimonio y la coerción vivida como injusta. La evidencia muestra que la percepción de coerción depende en buena medida de que la persona haya sido escuchada y tratada con respeto, y que la experiencia del ingreso involuntario influye en la relación posterior con los servicios. El derecho español protege la autoría mediante el respeto a la voluntad, los deseos y las preferencias, la consulta de las voluntades anticipadas y el derecho a ser oído.
La autoría puede y debe protegerse incluso cuando el autogobierno está temporalmente alterado. Una intervención involuntaria legítima no convierte a la persona en objeto de la decisión de otros: debe recoger su voz, consultar su voluntad anterior, explicarle lo que se hace y por qué, y ofrecerle después la posibilidad de revisar lo ocurrido e incorporarlo a su propia historia. Se proponen unas prácticas para preservar la autoría antes, durante y después de la crisis.
1. Introducción
Un trabajo anterior en este blog analizó el autogobierno, la capacidad de una persona para tomar una decisión concreta conforme a sus propios valores, y sostuvo que el concepto pervive en el derecho español como juicio funcional sobre la decisión, en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y en la definición de urgencia vital de la Ley 4/2026. Ese análisis dejaba abierta una pregunta. Si en ciertas situaciones excepcionales se concluye que la persona no puede gobernar una decisión y se actúa sin su consentimiento, ¿qué queda de su autonomía? ¿Se convierte en objeto de la decisión de otros?
Este ensayo responde que no, y que la razón está en una dimensión distinta de la autonomía: la autoría. Siguiendo a Catriona Mackenzie, la autonomía tiene tres dimensiones. La autodeterminación depende de condiciones externas, como la libertad y las oportunidades. El autogobierno depende de competencias internas. Y la autoría, o autoautorización, consiste en considerarse a uno mismo, y ser considerado por otros, como alguien legitimado para decidir y para responder por sus decisiones (Mackenzie, 2014). La autoría no se pierde cuando falla una capacidad concreta. Una persona en plena crisis sigue siendo la autora de su vida, sigue teniendo algo que decir sobre lo que le ocurre y sigue siendo la destinataria de las explicaciones de quienes intervienen.
La pregunta tiene una dimensión práctica inmediata. El artículo 13 bis del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad (TRLGDPCD), añadido por la Ley 4/2026, establece que la atención en salud mental se rige por el enfoque centrado en la persona y el respeto de sus deseos, voluntades y preferencias. Exige que las decisiones se adopten con los apoyos de la persona y que, si no puede decidir, se consulte su voluntad anticipada «a través de documentos registrados o lo indicado en su historia clínica» (art. 13 bis.1 y 2.a–b). Exige también que se informe al paciente de sus derechos y que el uso de sujeciones se evalúe después (art. 13 bis.2.c–d). Todas estas garantías protegen, más que la capacidad de decidir, la posición de la persona como autora: su voz, su historia y su derecho a saber qué se hace con ella.
El ensayo tiene cinco objetivos: precisar el concepto de autoría y sus dimensiones; exponer su fundamentación filosófica; describir cómo se altera en los trastornos mentales y cómo la dañan el estigma, la desacreditación del testimonio y la coerción; analizar cómo la protege el derecho español, y proponer unas prácticas que la preserven en las intervenciones involuntarias.
2. El concepto de autor
2.1 Autor y autoridad
La palabra «autor» procede del latín auctor, derivado del verbo augere, aumentar o hacer crecer. El auctor era quien daba origen a algo y quien respondía de ello, y de la misma raíz procede auctoritas, la autoridad. La etimología recoge una conexión que el análisis filosófico confirmará: ser autor de algo no es solo producirlo, sino tener autoridad sobre ello y responder por ello ante otros.
El derecho conserva esta doble dimensión. En el derecho penal, son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento (Código Penal, art. 28), y la autoría es el presupuesto de la responsabilidad. En el derecho de la propiedad intelectual, el autor es quien crea la obra y tiene derecho a que se le reconozca. En el derecho sanitario, el paciente es el otorgante de su documento de instrucciones previas, es decir, el autor de una decisión que debe respetarse cuando ya no pueda expresarla.
2.2 La muerte del autor y la función autor
La teoría literaria del siglo XX cuestionó la autoridad del autor sobre su obra. Roland Barthes sostuvo que el sentido de un texto no está en la intención de quien lo escribió, sino en el lenguaje y en el lector, y proclamó la «muerte del autor» (Barthes, 2009). Michel Foucault respondió que el autor no es una persona, sino una función que la cultura asigna a ciertos discursos para clasificarlos, atribuirlos y controlar su circulación (Foucault, 1969).
Estas tesis tienen un eco inesperado en la clínica. Cuando una persona con un trastorno mental habla, su discurso corre el riesgo de quedar sin autor: lo que dice se interpreta como síntoma y no como testimonio, y su sentido se busca en el diagnóstico y no en sus razones. La «función autor» se transfiere entonces al clínico, que es quien escribe la historia clínica, quien atribuye significado a lo que el paciente dice y quien decide qué se registra. La reflexión sobre la autoría en psiquiatría es, en buena medida, una reflexión sobre a quién corresponde la autoridad sobre el relato de la enfermedad.
2.3 Cuatro dimensiones
En el contexto de este ensayo, la autoría puede descomponerse en cuatro dimensiones:
Autoría de los actos. La experiencia y el reconocimiento de que los propios pensamientos, decisiones y acciones son de uno, y de que uno responde de ellos.
Autoría de la vida. La capacidad de integrar la propia historia en un relato con sentido, del que uno es a la vez protagonista y narrador.
Autoridad testimonial. El reconocimiento de la persona como fuente fiable de conocimiento sobre su propia experiencia, sus valores y sus necesidades.
Posición jurídica. La condición de interlocutor con derecho a ser informado, a ser oído y a participar en las decisiones y procedimientos que le afectan.
Las cuatro dimensiones están relacionadas, pero son distintas. Una persona puede vivir sus pensamientos como impuestos desde fuera y conservar, al salir del episodio, la capacidad de narrar lo ocurrido; puede ser plenamente autora de su vida y ver desacreditado su testimonio por un diagnóstico; puede tener reconocida su posición jurídica y carecer de confianza en su propio juicio.
3. Fundamentos filosóficos
3.1 La autoautorización
La noción de autoautorización procede de las teorías relacionales de la autonomía. Paul Benson sostuvo que actuar de forma autónoma es apropiarse de los propios actos: considerarse con autoridad para hablar por ellos y dispuesto a responder de ellos ante otros. Esta apropiación tiene una dimensión social, porque depende de que la persona se vea a sí misma como alguien cuya voz cuenta, y puede faltar en quien conserva intactas sus capacidades de razonamiento (Benson, 2005). Andrea Westlund desarrolló la idea como una disposición a responder: la persona autónoma está dispuesta a defender sus decisiones ante las objeciones de otros con razones propias, sin plegarse automáticamente a ellas ni ignorarlas (Westlund, 2009).
Joel Anderson y Axel Honneth vincularon la autonomía con tres actitudes hacia uno mismo que se forman en relaciones de reconocimiento: el autorrespeto, que surge del reconocimiento de la persona como sujeto de derechos; la autoconfianza, que surge de las relaciones de cuidado, y la autoestima, que surge de la valoración social de las propias capacidades y formas de vida. Cada una puede ser dañada por formas específicas de falta de reconocimiento, y su daño reduce la autonomía aunque no se impida ninguna decisión concreta (Anderson & Honneth, 2005). Trudy Govier había mostrado antes que la confianza en el propio juicio es una condición de la autonomía, y que puede ser erosionada sistemáticamente por quienes rodean a la persona (Govier, 1993).
Mackenzie integró estas aportaciones en su dimensión de autoautorización, que depende de esas actitudes y que, a diferencia del autogobierno, no es una capacidad psicológica individual, sino una relación entre la persona y su entorno social (Mackenzie, 2014). La consecuencia es importante: la autoría no se evalúa como la capacidad para decidir, sino que se reconoce o se niega. Es, ante todo, una responsabilidad de quienes tratan con la persona.
3.2 La identidad narrativa
Las teorías narrativas de la identidad añaden la dimensión temporal. Alasdair MacIntyre sostuvo que la unidad de una vida humana es la unidad de un relato, y que las acciones solo se entienden situadas en la historia de quien las realiza (MacIntyre, 1987). Paul Ricoeur distinguió dos sentidos de la identidad: la mismidad, la permanencia de los rasgos, y la ipseidad, la constancia del sí mismo que se mantiene en la promesa y en la palabra dada. La identidad narrativa media entre ambas: la persona se reconoce en la historia que cuenta de sí, y en esa historia es a la vez el personaje y el narrador, aunque nunca su único autor, porque su vida está entretejida con las historias de otros (Ricoeur, 1996). Marya Schechtman defendió que ser persona consiste en constituirse mediante un relato autobiográfico que organiza la experiencia y orienta la acción (Schechtman, 1996).
Hilde Lindemann Nelson mostró que las identidades pueden ser dañadas por los relatos dominantes que otros construyen sobre un grupo, y que pueden repararse mediante contrarrelatos que restituyen a la persona la autoridad sobre su historia (Lindemann Nelson, 2001). Su análisis es especialmente pertinente en salud mental, donde los relatos de peligrosidad, irracionalidad o cronicidad pueden imponerse a la historia que la persona cuenta de sí misma.
3.3 Límites de la narratividad
La perspectiva narrativa ha sido criticada. Galen Strawson sostuvo que muchas personas no viven su vida como un relato y que la exigencia de coherencia narrativa no es ni una condición de la buena vida ni de la identidad personal (Strawson, 2004). La crítica es relevante para este ensayo, porque una exigencia de coherencia podría volverse contra las personas cuya vida ha sido fragmentada por la enfermedad o por la exclusión. Aquí se adopta una versión mínima: no se exige que la persona tenga un relato coherente de su vida, sino que se reconozca su autoridad para contarla a su manera, y que su historia, cuando no puede contarla, se reconstruya con su participación y la de quienes la conocen.
3.4 Autoría y autogobierno
La distinción entre autoría y autogobierno es el eje de este ensayo, por lo que conviene precisarla. El autogobierno es una capacidad: se refiere a una decisión concreta, se valora con criterios funcionales y puede faltar de forma temporal. La autoría es una posición: se refiere a la persona en su conjunto, se reconoce o se niega en las relaciones y no desaparece porque falle una capacidad. Ambas dimensiones se influyen. Una persona cuya autoría ha sido dañada por años de estigma puede ejercer peor su autogobierno, porque desconfía de su propio juicio; y una intervención que respeta la autoría durante una crisis puede facilitar que la persona recupere antes su capacidad de decidir. La tabla 1 resume las diferencias.
Aspecto | Autogobierno | Autoría |
Naturaleza | Capacidad psicológica | Posición social y jurídica |
Objeto | Una decisión concreta | La persona y su historia |
Cómo se determina | Se valora con criterios funcionales | Se reconoce o se niega en las relaciones |
Temporalidad | Puede faltar transitoriamente | Persiste durante la crisis |
Qué la altera | El trastorno, la intoxicación, el delirium | El estigma, la desacreditación del testimonio, la coerción injusta, ciertos síntomas |
Respuesta adecuada | Apoyos para decidir; excepcionalmente, intervención | Escucha, información, registro de la voz, revisión posterior |
Expresión normativa | Art. 763 LEC; art. 2.s TRLGDPCD | Art. 13 bis.1 y 2.a–d TRLGDPCD; art. 249 CC; art. 763.3 LEC |
4. Psicopatología de la autoría
4.1 El sentido de agencia y de propiedad
La autoría tiene una base en la experiencia más elemental. Shaun Gallagher distinguió entre el sentido de propiedad, la experiencia de que un movimiento o un pensamiento ocurre en mí, y el sentido de agencia, la experiencia de que soy yo quien lo produce (Gallagher, 2000). En condiciones normales ambos coinciden y pasan inadvertidos. En ciertos trastornos se disocian.
Los síntomas de pasividad de la esquizofrenia, como la inserción del pensamiento o las vivencias de control, son la forma más radical de alteración de la autoría: la persona experimenta como propios unos pensamientos o actos cuya autoría atribuye a otro. Christopher Frith los explicó como un fallo en la monitorización de la propia acción, por el que la persona no reconoce como suyos los actos que ella misma inicia (Frith, 1992). Louis Sass y Josef Parnas propusieron que la esquizofrenia es, en su núcleo, un trastorno de la ipseidad, de la experiencia básica de ser un sí mismo, que se manifiesta en una autoconciencia exagerada y en una disminución del sentido de ser el sujeto de la propia experiencia (Sass & Parnas, 2003).
Estas alteraciones muestran que la autoría tiene una dimensión preconceptual que el trastorno puede afectar directamente. Pero también muestran sus límites: incluso en las vivencias de pasividad, la persona sigue siendo la que relata la experiencia y la que sufre por ella. La alteración del sentido de agencia no suprime la condición de sujeto.
4.2 Actos que la persona no reconoce como suyos
Otras situaciones clínicas plantean el problema de la autoría de forma retrospectiva. Tras un episodio maníaco, una persona puede no reconocerse en las decisiones que tomó, el gasto, las relaciones, las palabras, y vivirlas como ajenas. Tras un episodio depresivo grave, puede no reconocerse en la desesperanza que la llevó a un intento de suicidio. Estas experiencias plantean una pregunta que el derecho y la clínica deben responder: ¿quién era el autor de esas decisiones?
La respuesta no puede ser que la persona no era autora, porque eso la desposeería de una parte de su vida. Tampoco puede ser que lo era sin matices, porque eso la haría responsable de lo que el trastorno determinó. La perspectiva narrativa ofrece una salida: la persona puede reconocer esos actos como parte de su historia sin identificarse con ellos, del mismo modo que cualquiera reconoce como suyos actos de los que se arrepiente. El trabajo clínico tras la crisis consiste, en buena medida, en ayudar a la persona a integrar el episodio en su relato, a reapropiarse de él. Esta es la función que cumplen las voluntades anticipadas y las directrices autovinculantes, en las que la persona, desde la estabilidad, declara cómo quiere que se interpreten sus decisiones durante una crisis (Gergel et al., 2021).
4.3 El autoestigma
La autoría puede dañarse también por la interiorización de los estereotipos sociales. Patrick Corrigan y Amy Watson describieron el autoestigma como el proceso por el que la persona con un trastorno mental conoce los estereotipos sobre su condición, los acepta y los aplica a sí misma, con la consiguiente pérdida de autoestima y de autoeficacia (Corrigan & Watson, 2002). Su consecuencia es el efecto «¿para qué intentarlo?»: la persona renuncia a metas que podría alcanzar porque se considera incapaz o indigna de ellas (Corrigan et al., 2009). Una revisión de 127 estudios encontró una relación consistente del autoestigma con la esperanza, la autoestima y la adherencia al tratamiento (Livingston & Boyd, 2010).
El autoestigma es el ejemplo más claro de daño a la autoría desde fuera: no altera la capacidad de decidir, sino la convicción de la persona de que tiene derecho a hacerlo y de que su voz merece ser escuchada.
4.4 La recuperación como reapropiación
El modelo de recuperación puede leerse como un programa de restitución de la autoría. Patricia Deegan, psicóloga con diagnóstico de esquizofrenia, describió la recuperación como un proceso vivido, no como un resultado clínico, en el que la persona recupera la esperanza, la voluntad y la responsabilidad sobre su propia vida (Deegan, 1988). William Anthony la definió como un proceso profundamente personal de cambio de actitudes, valores y metas, que permite una vida satisfactoria aun con las limitaciones de la enfermedad (Anthony, 1993). La revisión de Leamy et al. (2011) identificó cinco procesos centrales de la recuperación personal: la conexión con otros, la esperanza, la identidad, el sentido y el empoderamiento. Al menos tres de ellos, la identidad, el sentido y el empoderamiento, se refieren directamente a la autoría.
La conclusión práctica es que una intervención que restablece el autogobierno pero daña la autoría puede comprometer la recuperación. Una persona que sale de un ingreso con los síntomas controlados, pero convencida de que su palabra no cuenta, no ha sido bien tratada.
5. La autoría del testimonio: la injusticia epistémica
5.1 Injusticia testimonial y hermenéutica
Miranda Fricker identificó dos formas de injusticia que afectan a las personas en su condición de sujetos de conocimiento. La injusticia testimonial se produce cuando un prejuicio sobre el hablante lleva al oyente a otorgarle menos credibilidad de la que merece. La injusticia hermenéutica se produce cuando una persona carece de los recursos interpretativos colectivos para dar sentido a su experiencia, porque su grupo ha estado excluido de la producción de esos recursos (Fricker, 2007).
Ambas formas afectan con especial intensidad a las personas con trastornos mentales. Crichton et al. (2017) describieron cómo, en la práctica psiquiátrica, el testimonio de los pacientes tiende a infravalorarse sistemáticamente, tanto sobre sus síntomas como sobre los efectos de los tratamientos o sobre el trato recibido, porque su diagnóstico hace que se les perciba como poco fiables. Kidd y Carel (2017) añadieron que la propia estructura de la atención sanitaria, centrada en los datos objetivos y en el saber profesional, deja poco espacio para el conocimiento que procede de la experiencia de la enfermedad.
5.2 El testimonio en la valoración de la capacidad
La injusticia testimonial tiene una manifestación específica en la valoración de las intervenciones involuntarias. El trabajo anterior sobre el autogobierno advirtió del riesgo de circularidad: considerar que la persona no puede decidir porque rechaza el tratamiento. La injusticia testimonial es la raíz de ese riesgo. Cuando el diagnóstico hace que todo lo que dice la persona se lea como síntoma, sus razones para rechazar un tratamiento, como los efectos adversos sufridos en el pasado, un mal trato en un ingreso previo o sus valores, se descartan sin examinarlas.
Reconocer la autoridad testimonial de la persona no significa aceptar todo lo que dice como cierto. Significa tratar sus afirmaciones como afirmaciones, sometidas a las mismas reglas de valoración que las de cualquier otro, y registrar en la historia clínica lo que dice y sus razones, no solo la interpretación del clínico.
5.3 ¿Quién escribe la historia clínica?
La historia clínica es el lugar donde la injusticia testimonial deja huella documental. La Ley 41/2002 la define como el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones sobre la situación y la evolución clínica del paciente, y reconoce su derecho de acceso, con la reserva de las anotaciones subjetivas de los profesionales (arts. 3, 14 y 18.3). El paciente puede acceder a ella, pero no participa en su redacción. Su voz aparece, cuando aparece, filtrada por la de quien escribe.
El artículo 13 bis introduce un cambio significativo en este punto. Al prever que la voluntad anticipada se consulte a través de los documentos registrados «o lo indicado en su historia clínica» (art. 13 bis.2.b), convierte la historia en un lugar donde la voz del paciente tiene valor normativo. La Fiscalía General del Estado ha destacado precisamente esta posibilidad de dejar constancia en la historia de la voluntad expresada por el paciente como una garantía práctica de su autonomía (Fiscalía General del Estado, 2026). Y el Ministerio de Sanidad ha precisado que las preferencias que el paciente haya manifestado y consten en su historia clínica deben tenerse en cuenta y respetarse cuando no pueda decidir, salvo que sean contrarias a la ley o a la buena práctica clínica (Ministerio de Sanidad, 2026). La consecuencia es que lo que el clínico registra de la voz del paciente, y cómo lo registra, determina lo que después podrá respetarse. Escribir la historia clínica es, en este sentido, custodiar la autoría del paciente.
5.4 El conocimiento que procede de la experiencia
La respuesta a la injusticia epistémica no se agota en la escucha individual. Las personas que han vivido crisis e ingresos involuntarios han desarrollado un conocimiento colectivo sobre lo que ayuda y lo que daña en esas situaciones, que se expresa en los movimientos asociativos, en los programas de apoyo entre iguales y en la participación de personas con experiencia propia en la formación de profesionales y en el diseño de servicios. Este conocimiento corrige la injusticia hermenéutica, porque proporciona recursos para dar sentido a experiencias que el lenguaje clínico no recoge, como la vivencia de una sujeción o la sensación de no ser creído. La propia Ley 4/2026 lo reconoce al prever la participación de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en el desarrollo de sus disposiciones. En el plano clínico, la presencia de un profesional con experiencia propia en los equipos de agudos, o la posibilidad de que la persona cuente con un igual como apoyo durante la crisis, son formas concretas de restituir la autoridad testimonial.
6. Coerción y autoría
6.1 La experiencia de la coerción
La investigación sobre la coerción en psiquiatría ha mostrado que la experiencia de la persona no depende solo de su situación legal. En un estudio clásico de la red MacArthur con 157 pacientes ingresados en dos hospitales estadounidenses, la percepción de coerción se asociaba sobre todo a la percepción de haber sido incluido de forma respetuosa en un proceso de decisión justo, lo que los autores llamaron justicia procedimental, y a la situación legal, y en menor medida a las presiones negativas como la fuerza o las amenazas. Los autores concluyeron que los clínicos podrían reducir la experiencia de coerción, incluso en los ingresos involuntarios, atendiendo a la justicia del procedimiento (Lidz et al., 1995).
Una metasíntesis de 56 estudios cualitativos sobre la experiencia de la valoración y el ingreso involuntario encontró temas consistentes: la información y la participación en la atención, el entorno y las relaciones con el personal, y el impacto del ingreso en la autoestima y en el estado emocional. Cuando el personal intentaba establecer relaciones de cuidado y colaboración pese al carácter coercitivo del tratamiento, y cuando se daba información clara, el impacto negativo parecía menor (Akther et al., 2019). En un estudio prospectivo en once países europeos, la proporción de pacientes que consideraban justificado su ingreso involuntario un mes después del alta varió entre el 39 % y el 71 % según el país (Priebe et al., 2010).
6.2 La coerción como daño a la autoría
Estos datos permiten una lectura en términos de autoría. Lo que hace que una intervención involuntaria se viva como una violación no es solo la pérdida de libertad, sino la experiencia de no haber sido escuchado, de no haber sido informado, de haber sido tratado como un objeto. La justicia procedimental protege precisamente la autoría: la persona que ha podido decir lo que piensa, que ha visto que se tomaba en serio y que ha recibido explicaciones sigue siendo un interlocutor, aunque la decisión final no sea la suya.
El daño a la autoría tiene consecuencias duraderas. El miedo a la coerción puede alejar a las personas de los servicios: en una encuesta a personas con esquizofrenia en Estados Unidos, una parte relevante declaró que evitaba buscar tratamiento por temor a ser tratada de forma involuntaria (Swartz et al., 2003). Una intervención que protege la vida a corto plazo, pero destruye la confianza de la persona en los servicios y en su propio juicio, puede aumentar el riesgo a largo plazo. Por eso la valoración de la proporcionalidad de una medida involuntaria debe incluir sus efectos previsibles sobre la autoría.
6.3 La reapropiación tras la crisis
El momento posterior a la crisis es decisivo para la autoría. Es entonces cuando la persona puede revisar lo ocurrido, comprender por qué se actuó como se actuó, expresar su desacuerdo y decidir cómo quiere que se actúe en el futuro. Los planes de crisis conjuntos, elaborados por la persona con su equipo tras un episodio, redujeron los ingresos involuntarios en un primer ensayo (Henderson et al., 2004), y las voluntades anticipadas facilitadas por un profesional aumentaron su elaboración y la alianza terapéutica en un ensayo con personas con trastornos mentales graves (Swanson et al., 2006).
El artículo 13 bis.2.d ofrece un cauce normativo para esta reapropiación cuando exige que el uso de sujeciones se documente y se evalúe después. Esa evaluación no debería limitarse a un análisis técnico del incidente, sino incluir la perspectiva de la persona sujeta: qué vivió, qué cree que pudo hacerse de otro modo, qué quiere que conste para el futuro.
7. La autoría en el derecho
7.1 La Convención: voluntad y preferencias
El artículo 12 de la CDPD reconoce a las personas con discapacidad capacidad jurídica en igualdad de condiciones y exige que las medidas relativas a su ejercicio respeten sus derechos, su voluntad y sus preferencias. En su Observación general n.º 1, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sostuvo que, cuando no sea posible determinar la voluntad de la persona, el criterio del interés superior debe sustituirse por la mejor interpretación posible de su voluntad y sus preferencias (Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 2014, párr. 21). Esta regla es, en términos de este ensayo, una regla de autoría: incluso cuando la persona no puede expresarse, la decisión debe seguir siendo la suya, reconstruida a partir de su historia.
7.2 La Ley 8/2021: la trayectoria vital
La Ley 8/2021 incorporó esta lógica al Código Civil. El artículo 249 exige que quienes presten apoyo actúen atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias de la persona, procurando que pueda desarrollar su propio proceso de toma de decisiones. Y cuando excepcionalmente deban ejercer funciones representativas, les obliga a tener en cuenta la trayectoria vital de la persona, sus creencias y valores, y los factores que ella habría considerado, para tomar la decisión que habría adoptado (Ley 8/2021). La figura del representante cambia así de naturaleza: no decide por la persona, sino que continúa su obra. Es un coautor que escribe en su nombre y con su estilo, no un sustituto que escribe su propia historia.
7.3 El derecho a ser oído
La posición jurídica de interlocutor se protege, ante todo, con el derecho a ser oído. El artículo 763.3 LEC obliga al tribunal, antes de autorizar o ratificar un internamiento, a oír a la persona afectada, al Ministerio Fiscal y a cualquier otra persona cuya comparecencia estime conveniente, y a examinar por sí mismo a la persona. El Tribunal Constitucional ha reforzado este derecho en la STC 56/2026, que exige que el órgano judicial informe a la persona internada de su situación y de sus derechos con los ajustes necesarios, y que, si no puede comprender, informe también a quien le presta apoyo (Tribunal Constitucional, 2026). El TEDH, en B.M. c. España, insistió en la necesidad de que la persona sea informada y pueda participar de forma efectiva en el procedimiento (Tribunal Europeo de Derechos Humanos [TEDH], 2025). Y en Stanev c. Bulgaria declaró que una persona privada de su capacidad jurídica debe tener acceso directo a un tribunal para solicitar su restablecimiento, porque ese derecho es uno de los más importantes para quien ve limitada su capacidad (TEDH, 2012).
El artículo 13 bis.2.c añade una obligación sanitaria: dejar constancia en la historia clínica de que el paciente fue informado de sus derechos y garantías. El Ministerio de Sanidad ha precisado que esa información debe incluir que la ley habilita el ingreso involuntario en el caso concreto, que debe ser ratificado por un juez en un plazo máximo de 72 horas y que la persona tiene derecho a representación y defensa (Ministerio de Sanidad, 2026). Informar a la persona no es un trámite: es tratarla como la destinataria de las razones de quienes actúan sobre ella.
7.4 Autoría y urgencia vital
La urgencia vital del artículo 2.s del TRLGDPCD autoriza a intervenir cuando no es posible obtener el consentimiento por ningún medio y los apoyos han resultado ineficaces. Es el supuesto en que el autogobierno de la persona, para esa decisión y en ese momento, ha fallado. Pero ninguna norma autoriza a prescindir de su autoría. Al contrario, el artículo 13 bis exige, también en la urgencia, que se consulte su voluntad anticipada, que se cuente con sus apoyos, que se la informe de sus derechos y que se deje constancia de que se agotaron las alternativas voluntarias. La ley distingue así, implícitamente, entre la capacidad para decidir, que puede faltar, y la condición de autor, que nunca se pierde.
7.5 Los apoyos como coautores
La autoría tiene también una dimensión compartida que el derecho reconoce a través de los apoyos. La Ley 8/2021 reforzó la guarda de hecho, el apoyo informal que prestan habitualmente familiares o allegados, y el artículo 13 bis.2.a obliga a que las decisiones en salud mental se adopten con los apoyos formalmente establecidos o, en su defecto, con quien preste de hecho esos apoyos. La STC 56/2026 ha extendido el deber de información judicial a quien presta apoyo, incluida la guarda de hecho, cuando la persona internada no puede comprender (Tribunal Constitucional, 2026). Estas previsiones reconocen que la voz de la persona llega a menudo a través de otros que la conocen. Pero también encierran un riesgo: que el apoyo se convierta en portavoz y que su relato sustituya al de la persona. La función del apoyo, desde la perspectiva de la autoría, no es hablar en lugar de la persona, sino ayudarla a hablar y, cuando no puede, recordar lo que ella habría dicho. Por eso conviene identificar en la historia clínica a quién ha elegido la persona como apoyo, cuando ha podido elegir, y distinguir lo que el apoyo transmite de lo que la persona expresó por sí misma.
8. Propuesta: prácticas que preservan la autoría
8.1 Principios
A partir del análisis anterior, se proponen cinco principios para la práctica clínica en el contexto del artículo 13 bis:
La autoría no se suspende. Aunque la persona no pueda gobernar una decisión concreta, sigue siendo la autora de su vida y la destinataria de las explicaciones de quienes intervienen.
La voz se registra. Lo que la persona dice, y las razones que da, se recogen en la historia clínica con sus propias palabras, separadas de la interpretación del clínico.
La historia se reconstruye con la persona. La voluntad que se busca es la de la persona, reconstruida a partir de sus voluntades anticipadas, su historia y el testimonio de sus apoyos, no la que el clínico considera razonable.
Toda intervención se explica. La persona tiene derecho a saber qué se hace, por qué y con qué garantías, aunque en el momento no pueda comprenderlo plenamente, y a que la explicación se repita cuando pueda.
5. La crisis se revisa con la persona. Tras una intervención involuntaria, se ofrece a la persona la oportunidad de revisar lo ocurrido, expresar su desacuerdo y decidir cómo quiere que se actúe en el futuro.
8.2 Antes, durante y después de la crisis
La tabla 2 concreta estos principios en prácticas para cada momento.
Momento | Dimensión de la autoría | Práctica | Fundamento normativo |
Antes | Autoría de la vida | Elaborar con la persona voluntades anticipadas o planes de crisis; registrar en la historia sus preferencias sobre tratamientos, personas de apoyo y lugares | Ley 41/2002, art. 11; TRLGDPCD, art. 13 bis.2.b |
Antes | Autoridad testimonial | Recoger y respetar su experiencia con tratamientos previos | TRLGDPCD, art. 13 bis.1 |
Durante | Posición jurídica | Informar de la situación, de las razones y de los derechos, en formato adecuado, y dejar constancia | TRLGDPCD, art. 13 bis.2.c; LEC, art. 763 |
Durante | Autoridad testimonial | Registrar con sus palabras lo que dice y sus razones, también su desacuerdo | Ley 41/2002, art. 15 |
Durante | Autoría de la vida | Consultar su voluntad anticipada y a sus apoyos antes de decidir | TRLGDPCD, art. 13 bis.2.a–b |
Después | Autoría de los actos | Revisar con la persona lo ocurrido, incluidas las sujeciones; ofrecer explicaciones y recoger su valoración | TRLGDPCD, art. 13 bis.2.d |
Después | Autoría de la vida | Ofrecer la elaboración o actualización de un plan de crisis o de voluntades anticipadas | Ley 41/2002, art. 11 |
Después | Autoridad testimonial | Permitir que la persona añada a su historia su propia versión de los hechos | Ley 41/2002, arts. 15 y 18 |
Nota. Elaboración propia.
8.3 La voz del paciente en la historia clínica
La práctica más sencilla y quizá la más importante es abrir en la historia clínica un espacio para la voz del paciente. En cada valoración relevante, y especialmente en las que preceden a una intervención involuntaria, la historia debería recoger, separadas de la valoración clínica, cuatro informaciones: qué dice la persona sobre su situación, con sus palabras; qué quiere y qué rechaza; qué razones da, y quiénes son las personas que quiere que participen. Esta sección cumple tres funciones. Para la persona, deja constancia de su posición y le permite, al acceder a su historia, reconocerse en ella. Para el clínico que actúe en el futuro, constituye la fuente de la voluntad que el artículo 13 bis.2.b obliga a consultar. Y para el juez que deba ratificar la medida, permite controlar si la voz de la persona fue escuchada y ponderada.
8.4 La revisión posterior
La segunda práctica es la revisión posterior de la crisis. Una vez recuperada la capacidad, y con independencia de que la persona considere o no justificada la intervención, se le debería ofrecer una conversación con el equipo, con la presencia de quien ella elija, para revisar lo ocurrido. La conversación tiene tres objetivos: explicar las razones de las decisiones tomadas, escuchar la vivencia y la valoración de la persona, y acordar lo que debe hacerse en una futura crisis. Su resultado debería incorporarse a la historia clínica como un documento coescrito, que sirva como voluntad anticipada en los términos del artículo 13 bis.2.b. Esta práctica no requiere recursos especiales y convierte el episodio en una oportunidad para que la persona recupere la autoría de su historia.
8.5 Tres casos
Caso 1. Un hombre de 34 años con esquizofrenia ingresa de forma involuntaria por una descompensación psicótica con riesgo grave para su integridad. Durante el ingreso repite que no quiere tomar un determinado antipsicótico porque en un ingreso anterior le produjo una rigidez que vivió como humillante. La historia clínica recoge su queja como «escasa conciencia de enfermedad». Con una práctica orientada a la autoría, la historia recogería sus palabras y su razón, que es una experiencia previa con un efecto adverso conocido y no un síntoma. El equipo valoraría una alternativa y, tras el alta, se registraría su preferencia como voluntad anticipada.
Caso 2. Una mujer de 50 años con trastorno bipolar es sometida a una sujeción mecánica durante un episodio maníaco. Tras el alta, en la revisión con su equipo y con su hermana, explica que lo peor fue que nadie le dijo lo que iba a ocurrir ni cuánto duraría, y que en una crisis futura prefiere que se intente antes la contención verbal en una habitación tranquila y la presencia de su hermana. Su relato se incorpora a la historia y su plan de crisis se actualiza. La sujeción no se ha deshecho, pero la persona ha recuperado la autoría de lo ocurrido y de lo que vendrá.
Caso 3. Una joven de 22 años sin antecedentes ingresa de forma involuntaria tras un primer episodio psicótico. Al alta, dice sentir vergüenza y miedo, y que no sabe qué le ocurrió ni si volverá a ocurrirle. La amenaza para su autoría no procede ahora del trastorno, sino del riesgo de que interiorice un relato de fragilidad y peligrosidad. Una práctica orientada a la autoría le ofrecería tiempo para reconstruir con ella lo ocurrido, información comprensible sobre su pronóstico, que en los primeros episodios es variable y a menudo favorable, el contacto con otras personas que han pasado por experiencias similares y la elaboración de un plan para reconocer y afrontar los primeros signos de una posible recaída, en el que ella decida quién debe intervenir y cómo.
9. Discusión
9.1 Autoría no es deferencia
La objeción más evidente es que la autoría así entendida es una concesión retórica: si al final se actúa contra la voluntad de la persona, ¿qué importa que se registren sus palabras o que se le expliquen las razones? La respuesta es que la autoría no garantiza que se haga lo que la persona quiere, sino que se la trate como alguien cuya voluntad cuenta. Son cosas distintas, y la evidencia sobre la justicia procedimental muestra que la segunda importa a las personas incluso cuando no obtienen la primera (Lidz et al., 1995; Akther et al., 2019). Además, el reconocimiento de la autoría tiene efectos sustantivos: la voz registrada se convierte en voluntad anticipada que el artículo 13 bis obliga a consultar, y el testimonio tomado en serio puede cambiar la decisión, como en el primer caso.
9.2 La autoría frente a la familia y al equipo
Una segunda dificultad es que la reconstrucción de la historia de la persona depende de otros: familiares, apoyos, profesionales. Ricoeur y Lindemann Nelson recuerdan que nadie es el único autor de su vida. Pero los demás pueden también apropiarse de su historia, y los conflictos entre la persona y su familia son frecuentes en las crisis. El principio debe ser que los otros participan como fuentes y como apoyos, no como autores sustitutos, y que, en caso de conflicto, prevalece lo que la persona dijo cuando podía decidir sobre lo que otros creen que habría querido.
9.3 El riesgo del ideal narrativo
La tercera dificultad es la señalada por Strawson: la exigencia de una vida coherente y narrada puede convertirse en un nuevo criterio de normalidad. El modelo propuesto no exige coherencia, sino reconocimiento. La persona no tiene que contar su vida como un relato con sentido; basta con que se reconozca su autoridad para contarla a su manera, y con que su voz quede registrada.
9.4 Limitaciones
Este trabajo es una revisión narrativa, no sistemática. La literatura sobre la autoautorización procede sobre todo de la filosofía analítica y feminista anglosajona, y la evidencia sobre la coerción percibida y la experiencia del ingreso procede de contextos sanitarios y legales distintos del español. Las prácticas propuestas no se han evaluado empíricamente en España. Por último, la aplicación del artículo 13 bis es muy reciente, y su desarrollo reglamentario, anunciado por el Ministerio de Sanidad, puede modificar el marco descrito.
10. Conclusiones
La autoría, o autoautorización, es la dimensión de la autonomía por la que una persona se considera, y es considerada por otros, legitimada para decidir, para hablar por sí y para responder de sus actos. A diferencia del autogobierno, no es una capacidad que se evalúa, sino una posición que se reconoce o se niega.
Pueden distinguirse cuatro dimensiones: la autoría de los actos, la autoría de la vida como relato, la autoridad testimonial y la posición jurídica de interlocutor.
Los trastornos mentales pueden alterar la autoría desde dentro, como en las vivencias de pasividad o en la extrañeza ante los actos realizados durante una crisis. El estigma, la injusticia testimonial y la coerción vivida como injusta la dañan desde fuera.
La percepción de coerción depende en buena medida de que la persona haya sido escuchada, informada y tratada con respeto, y el daño a la autoría puede alejar a la persona de los servicios y comprometer su recuperación.
El derecho español protege la autoría mediante el respeto a la voluntad, los deseos y las preferencias, la reconstrucción de la trayectoria vital, la consulta de las voluntades anticipadas, el derecho a ser oído y la información sobre los derechos. El artículo 13 bis convierte la historia clínica en un lugar donde la voz del paciente tiene valor normativo.
La autoría no se suspende cuando falla el autogobierno. Incluso en la urgencia vital, la persona debe ser escuchada, informada y consultada a través de su voluntad anterior, y tras la crisis debe tener la oportunidad de revisar lo ocurrido.
Se proponen prácticas para preservar la autoría antes, durante y después de la crisis, entre ellas un espacio para la voz del paciente en la historia clínica y una revisión posterior de la crisis, coescrita y utilizable como voluntad anticipada.
Referencias
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