El concepto de capacidad de autogobierno aplicado a personas con enfermedad mental

Resumen
El autogobierno, la capacidad de una persona para dirigir su vida y sus decisiones conforme a sus propios valores, ha sido durante décadas un concepto central de la psiquiatría forense española. El antiguo artículo 200 del Código Civil vinculaba la incapacitación a las enfermedades que impidieran a la persona «gobernarse por sí misma». La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), la Ley 8/2021 y la Ley 4/2026 han desplazado el concepto del centro del derecho, pero no lo han hecho desaparecer: reaparece en la exigencia de que la persona no esté «en condiciones de decidirlo por sí» (art. 763 LEC) y en la definición de urgencia vital, que exige que no sea posible obtener su consentimiento por ningún medio y que los apoyos hayan resultado ineficaces. Este trabajo analiza el concepto, su evolución y su función en el nuevo marco.
El autogobierno procede de una tradición que va del dominio de sí de la ética griega a la autonomía kantiana y a las teorías contemporáneas de la agencia. Estas teorías lo descomponen en varias capacidades: comprender, valorar conforme a valores propios, actuar según lo decidido y mantener una identidad práctica a lo largo del tiempo. El derecho español lo utilizó como criterio de estatus para la incapacitación y lo ha sustituido por un modelo de apoyos, pero sigue necesitando un juicio funcional sobre la decisión concreta para las intervenciones involuntarias. La evidencia clínica muestra que la pérdida del autogobierno decisional es frecuente en los ingresos psiquiátricos, que es parcial, fluctuante y específica de cada decisión, y que la conciencia de enfermedad es su mejor indicador en los trastornos psicóticos.
El autogobierno no debe usarse como un juicio global sobre la persona, sino como una valoración específica, temporal y apoyada de su capacidad para tomar una decisión concreta. Así entendido, es compatible con el paradigma de los apoyos y ofrece un criterio para documentar el supuesto de la urgencia vital del artículo 13 bis: la persona no puede gobernar esta decisión ahora, aun con los apoyos disponibles. Se propone un modelo de cuatro dimensiones y unas pautas para la historia clínica.
1. Introducción
Pocas expresiones han tenido tanto peso en la psiquiatría forense española como la «capacidad de autogobierno». Durante casi cuatro décadas, el informe pericial en los procesos de incapacitación giró en torno a una pregunta: si la enfermedad o deficiencia de la persona le impedía «gobernarse por sí misma», en los términos del artículo 200 del Código Civil introducido por la Ley 13/1983. La respuesta afirmativa abría la puerta a la tutela o a la curatela, y con ellas a la sustitución de la persona en la toma de sus decisiones.
La reforma de 2021 suprimió la incapacitación y el artículo 200, y con ellos la referencia legal al autogobierno. La Ley 8/2021 sustituyó un modelo que declaraba la falta de capacidad por otro que provee apoyos para su ejercicio, en aplicación del artículo 12 de la CDPD. Y la Ley 4/2026 ha llevado ese paradigma a la atención en salud mental mediante el nuevo artículo 13 bis del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (TRLGDPCD), que exige basar todas las intervenciones en el consentimiento libre e informado y limita el internamiento involuntario por razón de discapacidad a los casos de urgencia vital.
Podría pensarse que el autogobierno es un concepto del pasado, ligado a un modelo de sustitución que el derecho ha abandonado. Este ensayo sostiene lo contrario. El concepto no ha desaparecido, sino que ha cambiado de lugar. Ya no sirve para definir un estatus de la persona, pero sigue siendo necesario para decidir cuándo una intervención sin consentimiento es legítima. El artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) exige que la persona «no esté en condiciones de decidirlo por sí»; la Ley 41/2002 permite el consentimiento por representación cuando el paciente «no sea capaz de tomar decisiones»; y la Ley 4/2026 define la urgencia vital como una situación en la que «no es posible obtener su consentimiento libre e informado por ningún medio o formato adecuado, habiendo resultado totalmente ineficaces los sistemas de apoyo» (TRLGDPCD, art. 2.s). Cada una de estas fórmulas presupone un juicio sobre la capacidad de la persona para gobernar una decisión concreta.
El término tiene, además, una doble vida en español. En el derecho constitucional designa la autonomía política de los territorios, que según el artículo 143.1 de la Constitución pueden «acceder a su autogobierno». La coincidencia no es casual: la palabra «autonomía» nació en Grecia para designar la ciudad que se da sus propias leyes, y la analogía entre el gobierno de la ciudad y el gobierno de sí atraviesa toda la historia del concepto.
El ensayo tiene cinco objetivos: reconstruir la genealogía del concepto; exponer los análisis filosóficos contemporáneos que permiten descomponerlo en dimensiones; describir su uso en el derecho español antes y después de la reforma de 2021; revisar la evidencia clínica sobre su alteración en los trastornos mentales, y proponer un modelo para su valoración en el contexto del artículo 13 bis.
2. Genealogía del concepto
2.1 El gobierno de sí en la ética clásica
La idea de que una persona puede gobernarse, o no, a sí misma es anterior a la noción moderna de autonomía. En la República, Platón describe el alma como una estructura con tres partes, la racional, la irascible y la apetitiva, y define la justicia personal como el orden en el que la razón gobierna a las demás, del mismo modo que en la ciudad justa gobiernan los más sabios (Platón, 1986). La expresión «ser dueño de sí mismo» tiene, para Platón, sentido precisamente porque el alma puede estar dividida: alguien es dueño de sí cuando la parte mejor domina a la peor.
Aristóteles analizó el fallo de ese gobierno en su estudio de la akrasía o incontinencia. El incontinente sabe lo que debe hacer y, sin embargo, actúa en contra de su propio juicio, arrastrado por el deseo; el continente siente el mismo deseo, pero actúa conforme a su juicio (Aristóteles, 1985, libro VII). La distinción anticipa un problema que reaparecerá en la psiquiatría y en el derecho penal: la posibilidad de que una persona comprenda una situación y, sin embargo, no pueda actuar conforme a esa comprensión.
Michel Foucault dedicó sus últimos cursos a lo que llamó el «cuidado de sí» en la Antigüedad grecolatina. Mostró que el gobierno de sí no era para griegos y romanos una facultad natural, sino una práctica que se aprendía y se ejercitaba mediante técnicas de examen, meditación y dirección, a menudo con la ayuda de un maestro o un amigo (Foucault, 2002). La observación es relevante para el debate actual: en su origen, el autogobierno no era una capacidad del individuo aislado, sino una competencia que se adquiría en relación con otros.
2.2 La autonomía moderna
Kant transformó la noción política de autonomía en un concepto moral: la autonomía es la propiedad de la voluntad de ser una ley para sí misma, independientemente de las inclinaciones, y es el fundamento de la dignidad de la persona (Kant, 1996). No es la libertad de hacer lo que se desea, sino la capacidad de actuar según principios que la propia razón reconoce como válidos.
John Stuart Mill dio al concepto una formulación liberal: sobre sí mismo, sobre su cuerpo y su mente, el individuo es soberano, y la sociedad solo puede interferir en su conducta para evitar daños a otros (Mill, 1991). Pero Mill excluía de ese principio a los niños y a quienes todavía necesitan el cuidado de otros. La soberanía sobre uno mismo presupone la capacidad de ejercerla, y quien decide si se aplica la excepción tiene un poder considerable.
Joel Feinberg precisó el alcance de la excepción con su distinción entre paternalismo duro y blando. El paternalismo blando solo justifica la intervención cuando la conducta de la persona no es sustancialmente voluntaria, por ignorancia, coacción o alteración de sus facultades, o cuando es necesario un tiempo para comprobar si lo es (Feinberg, 1986). En términos de este ensayo, el paternalismo blando no se dirige contra el autogobierno, sino contra su ausencia. Es el modelo implícito en la mayoría de las leyes de salud mental basadas en la capacidad.
2.3 Tres sentidos del término
De esta genealogía se desprenden tres sentidos del autogobierno que conviene distinguir, porque se confunden con frecuencia en la práctica:
Autogobierno como estatus. La condición de una persona a la que se reconoce el derecho a dirigir su vida. Es el sentido del antiguo artículo 200 del Código Civil y, en general, del modelo de incapacitación: la persona era o no era capaz de gobernarse.
Autogobierno como capacidad. El conjunto de habilidades psicológicas que permiten tomar decisiones y actuar conforme a ellas. Es el sentido de las teorías de la agencia y de la evaluación clínica de la capacidad.
Autogobierno como ideal. El modelo de una vida dirigida por la razón y los valores propios, que la ética clásica y Kant proponían como meta. Es un sentido normativo y perfeccionista, que nadie realiza plenamente.
Confundirlos tiene consecuencias: tomar el ideal como criterio exige a las personas con trastornos mentales una racionalidad que no se exige a nadie, y tomar la alteración de una capacidad concreta como prueba de un estatus las priva de decidir donde conservan su capacidad. Ambos errores fueron frecuentes en la práctica de la incapacitación.
3. El autogobierno en la filosofía contemporánea
3.1 Las teorías jerárquicas y de la planificación
Harry Frankfurt propuso que lo característico de las personas es su capacidad de formar deseos de segundo orden, es decir, deseos sobre sus propios deseos. Una persona actúa libremente cuando el deseo que la mueve es el que quiere que la mueva; el adicto que no quiere desear la droga y, sin embargo, se ve arrastrado por ese deseo, actúa contra su propia voluntad (Frankfurt, 1971). Gerald Dworkin desarrolló esta idea en una teoría de la autonomía como capacidad de reflexionar críticamente sobre las propias preferencias y de aceptarlas o intentar cambiarlas (Dworkin, 1988).
Michael Bratman propuso que el autogobierno se apoya en las políticas de largo plazo con las que una persona organiza su vida práctica, compromisos estables sobre qué razones tratar como relevantes que dan continuidad a su agencia (Bratman, 2007). Christine Korsgaard llevó la idea más lejos: al elegir y actuar, la persona se da una identidad práctica, y la unidad de esa identidad es la condición de que sus actos sean suyos (Korsgaard, 2009). Ambas aportaciones permiten entender el autogobierno como una propiedad temporal: una persona se gobierna cuando sus decisiones actuales se articulan con los planes y valores que la definen a lo largo del tiempo, y el trastorno mental grave puede amenazar esa continuidad.
3.2 Procedimentalismo y neutralidad
Las teorías anteriores son procedimentales: no exigen que la persona elija bien, sino que su elección resulte de un proceso adecuado de reflexión. John Christman defendió una versión de este enfoque en la que la autonomía exige que la persona, tras reflexionar sobre cómo llegó a tener sus valores, no se sienta alienada de ellos (Christman, 2009). La neutralidad respecto al contenido de las decisiones es su principal ventaja: protege a quien elige de forma excéntrica o arriesgada.
Fabian Freyenhagen y Tom O'Shea sostuvieron, sin embargo, que los trastornos mentales ponen a prueba esa neutralidad. Algunos trastornos alteran precisamente los valores y la relación de la persona con ellos, de modo que la persona puede aceptar, tras reflexionar, una preferencia que procede del propio trastorno. Para identificar esos casos, las teorías procedimentales necesitan introducir de forma encubierta criterios sobre el contenido de la decisión (Freyenhagen & O'Shea, 2013). La crítica no conduce necesariamente a abandonar la neutralidad, pero obliga a reconocer que la valoración de la capacidad contiene juicios de valor que deben hacerse explícitos.
3.3 La dimensión relacional
Las teorías feministas de la autonomía relacional mostraron que las capacidades de autogobierno se desarrollan y se ejercen en relaciones, y que pueden ser dañadas por la opresión o fortalecidas por el apoyo (Mackenzie & Stoljar, 2000). Catriona Mackenzie propuso distinguir tres dimensiones de la autonomía: la autodeterminación, que depende de condiciones externas como la libertad y las oportunidades; el autogobierno, que depende de competencias internas y de la autenticidad de las decisiones, y la autoría, que depende de que la persona se considere a sí misma legitimada para decidir (Mackenzie, 2014). Este análisis, desarrollado en otro trabajo de este proyecto, tiene una consecuencia práctica decisiva: el autogobierno es solo una dimensión de la autonomía. Una persona puede tener limitada su capacidad de gobernar una decisión concreta y, al mismo tiempo, conservar el derecho a la autodeterminación y la necesidad de que se reconozca su autoría.
3.4 Del autogobierno a la autonomía decisional
Owen, Freyenhagen, et al. (2009) propusieron un puente entre ambas disciplinas: la capacidad mental del derecho es una versión operativa de la autonomía decisional, y el estudio de las alteraciones de la decisión en los trastornos mentales permite precisar las teorías filosóficas. Esta propuesta inspira el modelo del apartado 7.
La tabla 1 resume las aportaciones de las principales teorías al concepto de autogobierno.
Tradición | Autores | Qué es el autogobierno | Aportación para la clínica |
Ética clásica | Platón; Aristóteles | Dominio de la razón sobre los deseos | Distingue comprender y actuar conforme a lo comprendido (akrasía) |
Cuidado de sí | Foucault | Práctica aprendida con la ayuda de otros | El autogobierno se ejercita y se apoya |
Autonomía moral | Kant | Voluntad que se da su propia ley | Fundamento de la dignidad; riesgo de exigencia excesiva |
Liberalismo | Mill; Feinberg | Soberanía sobre uno mismo; voluntariedad | Paternalismo blando: solo se interviene ante la falta de voluntariedad |
Teorías jerárquicas | Frankfurt; G. Dworkin | Identificación reflexiva con los propios deseos | Explica la compulsión y la decisión ajena a los propios valores |
Planificación | Bratman; Korsgaard | Coherencia con políticas y con la identidad práctica | Dimensión temporal; valor de las voluntades anticipadas |
Autonomía relacional | Mackenzie; Christman | Competencia y autenticidad desarrolladas en relaciones | El autogobierno puede apoyarse; distinto de la autodeterminación |
Nota. Elaboración propia a partir de las obras citadas en los apartados 3 y 4.
4. El autogobierno en el derecho español
4.1 El modelo de la incapacitación
El Código Civil de 1889 sometía a tutela, entre otros, a «los locos o dementes», aunque tuvieran intervalos lúcidos. La Ley 13/1983 sustituyó esta fórmula por una definición funcional: eran causas de incapacitación «las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma» (Código Civil, art. 200, en la redacción de la Ley 13/1983). La reforma supuso un avance, porque desplazó el criterio del diagnóstico a sus consecuencias. Pero conservó la estructura de un juicio de estatus: la sentencia declaraba que la persona no podía gobernarse y le asignaba un régimen de guarda.
La psiquiatría forense desarrolló sobre esta base el concepto de capacidad de autogobierno, valorado en esferas como el cuidado personal, la salud, el patrimonio y las relaciones. Aunque la ley permitía graduar la incapacitación, muchas sentencias la declaraban total. El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo declaró en 2009 que la incapacitación era compatible con la CDPD si se entendía como un sistema de protección ajustado a las necesidades de cada persona (Tribunal Supremo, 2009), pero la crítica del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hizo inviable el modelo.
4.2 La crítica de la Convención
El artículo 12 de la CDPD reconoce que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, y obliga a los Estados a proporcionarles acceso al apoyo que puedan necesitar en su ejercicio. En su Observación general n.º 1, el Comité distinguió entre la capacidad jurídica, que es la aptitud para ser titular de derechos y para ejercerlos, y la capacidad mental, que es la aptitud de una persona para adoptar decisiones y varía según la persona y las circunstancias. El Comité sostuvo que los déficits en la capacidad mental no pueden justificar la negación de la capacidad jurídica, y rechazó los tres enfoques tradicionales para restringirla: el basado en la condición de la persona, el basado en el resultado de sus decisiones y el funcional, que evalúa su capacidad para decidir. Cuando no sea posible determinar la voluntad de la persona, el criterio del interés superior debe sustituirse por la mejor interpretación posible de su voluntad y sus preferencias (Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 2014, párrs. 13, 15 y 21).
Esta interpretación ha sido criticada desde la psiquiatría. Freeman et al. (2015) sostuvieron que suprimir el enfoque funcional dejaría sin protección a quienes no pueden decidir en una crisis, y que la mejor interpretación de la voluntad no resuelve los casos en que la voluntad expresada procede del propio trastorno. Szmukler (2019) propuso integrar ambos enfoques: la voluntad y las preferencias son el criterio rector, pero la evaluación de la capacidad sigue siendo necesaria para decidir qué voluntad prevalece cuando la persona expresa en distintos momentos deseos contradictorios.
4.3 La Ley 8/2021 y el paradigma de los apoyos
La Ley 8/2021 suprimió la incapacitación y la tutela de los adultos, y sustituyó el artículo 200 por un sistema de medidas de apoyo. Según el nuevo artículo 249 del Código Civil, esas medidas tienen por finalidad permitir el desarrollo pleno de la personalidad y el desenvolvimiento jurídico de la persona en condiciones de igualdad, y quienes presten apoyo deben actuar atendiendo a su voluntad, deseos y preferencias, procurando que pueda desarrollar su propio proceso de toma de decisiones. Solo en casos excepcionales, cuando pese a un esfuerzo considerable no sea posible determinar su voluntad, las medidas pueden incluir funciones representativas. En ese caso, quien representa debe tener en cuenta la trayectoria vital de la persona, sus creencias y valores, para tomar la decisión que ella habría adoptado (Ley 8/2021).
La ley no habla de autogobierno, pero no prescinde de él: lo traslada del estatus a la capacidad y lo convierte en objeto de apoyo. La pregunta deja de ser si la persona puede gobernarse y pasa a ser qué apoyo necesita para hacerlo, y la representación, último recurso, debe reconstruir lo que la persona habría querido, es decir, prolongar su autogobierno en el tiempo.
La primera aplicación de la reforma por el Tribunal Supremo mostró las tensiones de este esquema. En la sentencia 589/2021, de 8 de septiembre, el Pleno de la Sala Primera examinó el caso de un hombre con síndrome de Diógenes que se oponía a cualquier medida de apoyo. El Tribunal suprimió la declaración de modificación de la capacidad, pero mantuvo una curatela con funciones asistenciales, incluida la limpieza de su domicilio, contra su voluntad expresa. Razonó que no intervenir, con la excusa de respetar la voluntad manifestada, sería abandonar a quien, por efecto de un trastorno, no es consciente de su situación (Tribunal Supremo, 2021). La sentencia ha sido criticada como pervivencia del paternalismo y defendida como distinción entre la voluntad expresada en un momento y la voluntad de la persona. En cualquier caso, muestra que el juicio sobre el autogobierno sigue siendo inevitable.
4.4 El autogobierno en otras normas
El autogobierno aparece también, con otras palabras, en normas que siguen vigentes:
Código Penal. El artículo 20.1 declara exento de responsabilidad a quien, a causa de una anomalía o alteración psíquica, «no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión». La fórmula distingue un componente cognitivo y uno volitivo, la misma distinción que Aristóteles hacía entre la ignorancia y la akrasía.
Ley 41/2002. El artículo 9.3.a permite el consentimiento por representación cuando el paciente «no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación».
Ley de Enjuiciamiento Civil. El artículo 763 exige para el internamiento involuntario que la persona «no esté en condiciones de decidirlo por sí». El Tribunal Constitucional ha precisado que la medida exige un trastorno acreditado por un dictamen médico objetivo y que se justifique por su necesidad y proporcionalidad (Tribunal Constitucional, 2012).
TRLGDPCD, tras la Ley 4/2026. El artículo 6.1 exige respetar «el principio de libertad en la toma de decisiones» y obliga a los poderes públicos a proveer los apoyos necesarios para un consentimiento informado. El artículo 2.s define la urgencia vital, entre otros elementos, por la imposibilidad de obtener el consentimiento «por ningún medio o formato adecuado» y por la ineficacia total de los apoyos.
Todas estas normas comparten una estructura: la regla es el respeto a la decisión de la persona, y la excepción exige demostrar que, en ese momento y para esa decisión, la persona no puede decidir por sí, aun con apoyos. Esa excepción es el lugar que hoy ocupa el autogobierno.
4.5 El artículo 13 bis y la urgencia vital
El artículo 13 bis exige que todas las intervenciones en salud mental se basen en el consentimiento libre e informado, que se cuente con los apoyos formales o informales de la persona y que, cuando el paciente no pueda decidir, se consulten sus instrucciones previas o voluntades anticipadas. En urgencia vital remite al artículo 763 LEC, con constancia escrita en la historia clínica de que se agotaron las alternativas voluntarias y de que se informó al paciente de sus derechos. Su apartado 3.a prohíbe el internamiento involuntario por razón de discapacidad salvo en urgencia vital (Ley 4/2026).
La Fiscalía General del Estado lo ha interpretado como una trasposición del artículo 14.1.b de la CDPD y ha leído la urgencia vital conforme a la definición del artículo 2.s, que incluye el riesgo para la integridad (Fiscalía General del Estado, 2026). El Ministerio de Sanidad ha precisado que siguen siendo posibles los ingresos urgentes del artículo 763 no limitados a la urgencia vital (Ministerio de Sanidad, 2026).
Para lo que aquí interesa, lo relevante es que la definición de urgencia vital contiene dos elementos distintos. Uno es el riesgo: inminente, para la vida o la integridad. El otro es la imposibilidad de obtener el consentimiento pese a los apoyos. Este segundo elemento es un juicio sobre el autogobierno. La ley no dice que basta el riesgo; exige además que la persona no pueda consentir por ningún medio. Una persona en riesgo vital que conserva su capacidad de decidir y rechaza el tratamiento no cumple la definición. La urgencia vital, por tanto, no suprime el juicio sobre el autogobierno, sino que lo incorpora y lo hace más exigente: hay que demostrar que se intentaron los apoyos y que fracasaron.
4.6 La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
El TEDH ha exigido desde Winterwerp c. Países Bajos que el internamiento por trastorno mental se base en un trastorno real acreditado ante una autoridad competente mediante un dictamen médico objetivo, de una entidad que justifique la medida y que persista mientras dure (Tribunal Europeo de Derechos Humanos [TEDH], 1979). Su jurisprudencia posterior ha incorporado la voluntad y la capacidad de la persona. En Shtukaturov c. Rusia declaró contraria al Convenio la privación total de la capacidad jurídica de una persona con trastorno mental, por no permitir una respuesta graduada (TEDH, 2008). En Plesó c. Hungría consideró desproporcionado el internamiento de una persona que rechazaba el tratamiento, porque no se había ponderado su negativa ni examinado alternativas menos restrictivas (TEDH, 2012). En A.-M.V. c. Finlandia, en cambio, admitió restringir la elección de residencia de una persona con discapacidad intelectual tras una valoración individualizada de que no comprendía las consecuencias de su decisión (TEDH, 2017). Y en B.M. c. España insistió en la información y la participación efectiva de la persona en el procedimiento (TEDH, 2025).
Esta jurisprudencia no rechaza el juicio sobre el autogobierno, pero le impone tres condiciones: que sea individualizado, que se refiera a la decisión concreta y no a la persona en general, y que se pondere con la voluntad expresada y con las alternativas menos restrictivas. Estas condiciones coinciden con las que se proponen en el apartado 7.
5. El autogobierno en la clínica psiquiátrica
5.1 La capacidad para decidir
La traducción clínica más extendida del autogobierno es la capacidad para tomar decisiones sobre el tratamiento. El modelo de Appelbaum y Grisso la descompone en cuatro habilidades: comprender la información relevante; apreciar su significado para la propia situación; razonar con ella, comparando alternativas y consecuencias, y expresar una elección (Grisso & Appelbaum, 1998; Appelbaum, 2007). La MacArthur Competence Assessment Tool for Treatment (MacCAT-T) operativiza estas habilidades en una entrevista semiestructurada.
El modelo es compatible con el nuevo marco jurídico porque es específico de una decisión, temporal y gradual, con una exigencia que aumenta con la gravedad de las consecuencias. Ninguno de estos rasgos permite una declaración global de falta de autogobierno.
5.2 Frecuencia de la pérdida de capacidad
La pérdida de la capacidad para decidir es frecuente en los pacientes psiquiátricos hospitalizados, aunque no generalizada. Una revisión sistemática estimó que la mediana de pacientes psiquiátricos que carecían de capacidad para decidir sobre su tratamiento era del 29 %, con gran variabilidad entre estudios, y que la proporción era mayor en las psicosis y en los ingresos involuntarios (Okai et al., 2007). En un estudio de 350 ingresos consecutivos en Londres, el 60 % de los pacientes carecía de capacidad para decidir sobre su tratamiento, incluido el 39 % de los ingresados voluntariamente, y la falta de capacidad se asociaba estrechamente al ingreso involuntario (Owen et al., 2008).
El ingreso involuntario no equivale, por tanto, a la pérdida del autogobierno, y muchas personas ingresadas voluntariamente carecen de capacidad, lo que exige garantías también en esos ingresos.
5.3 La conciencia de enfermedad
La conciencia de enfermedad es el mejor indicador de la capacidad para decidir en los trastornos psicóticos y en el trastorno bipolar. En el mismo estudio londinense, fue la variable que mejor distinguía a los pacientes capaces de los incapaces en estos grupos diagnósticos, pero no en los trastornos no psicóticos, y el rendimiento cognitivo no discriminaba la capacidad en las psicosis (Owen, David, et al., 2009). La conciencia de enfermedad es un concepto multidimensional, que incluye el reconocimiento de tener un trastorno, la atribución de los síntomas a ese trastorno y la aceptación de la necesidad de tratamiento (David, 1990).
En las psicosis, por tanto, lo que más a menudo se altera no es la comprensión, sino la apreciación: la persona entiende la información, pero no la aplica a su situación. El riesgo es confundir la falta de conciencia de enfermedad con el simple desacuerdo con el diagnóstico, por lo que hay que distinguir la negativa que procede de una creencia delirante de la que procede de valores o experiencias previas comprensibles.
5.4 Más allá de lo cognitivo: valores, emociones y voluntad
El modelo de las cuatro habilidades ha sido criticado por su carácter cognitivo. Hay personas que comprenden, aprecian y razonan, y cuya decisión, sin embargo, parece dictada por el trastorno: la desesperanza en la depresión grave, la grandiosidad en la manía, la compulsión en las adicciones. Estas situaciones muestran que el autogobierno incluye también una dimensión evaluativa, la relación de la decisión con los valores estables de la persona, y una dimensión ejecutiva o volitiva, la capacidad de actuar conforme a lo decidido. Ambas tienen paralelos en la tradición: la crítica de Freyenhagen y O'Shea (2013) a la neutralidad de las teorías procedimentales y la akrasía aristotélica, recogida por el artículo 20.1 del Código Penal en la fórmula «actuar conforme a esa comprensión».
Incorporar estas dimensiones entraña el riesgo de declarar inauténtica toda decisión que el clínico no comparte. Por eso su valoración debe basarse en la biografía de la persona, sus decisiones previas, sus voluntades anticipadas y el testimonio de quienes la conocen, no en lo que el clínico considera razonable.
5.5 El autogobierno a lo largo del tiempo
La dimensión temporal es especialmente importante en los trastornos episódicos, en los que lo decidido en estabilidad puede chocar con lo expresado durante un episodio. Ronald Dworkin defendió que, en ciertos casos, las decisiones basadas en los intereses críticos de la persona, sus convicciones sobre lo que da valor a su vida, deben prevalecer sobre sus deseos posteriores (Dworkin, 1993); Jaworska (1999) advirtió que la capacidad de valorar puede persistir aunque se pierdan otras, y que las preferencias actuales también merecen respeto.
Las directrices autovinculantes, en las que la persona autoriza anticipadamente un tratamiento aunque lo rechace durante un futuro episodio, son la expresión más clara de esta dimensión. En una encuesta a personas con trastorno bipolar del Reino Unido, una amplia mayoría de quienes respondieron a la pregunta abierta apoyaba este tipo de directrices, y la razón más citada era el cambio predecible de su forma de pensar y decidir durante los episodios (Gergel et al., 2021). Los planes de crisis conjuntos, elaborados por el paciente con su equipo, redujeron los ingresos involuntarios en un primer ensayo (Henderson et al., 2004), aunque un ensayo posterior de mayor tamaño no confirmó el efecto (Thornicroft et al., 2013).
Estas herramientas encajan con el artículo 13 bis, que obliga a consultar las voluntades anticipadas cuando el paciente no pueda decidir, y con el artículo 249 del Código Civil, que obliga a reconstruir la decisión que la persona habría adoptado. Ambas normas presuponen que el autogobierno no se agota en el momento presente.
6. Propuesta: un modelo del autogobierno decisional
6.1 Principios
A partir del análisis anterior, se propone entender el autogobierno, en el contexto de las intervenciones involuntarias, como la capacidad de una persona para tomar una decisión concreta conforme a sus propios valores y actuar en consecuencia, con los apoyos que necesite. El modelo se basa en seis principios:
Presunción. Toda persona adulta se presume capaz de gobernar sus decisiones. La carga de demostrar lo contrario recae en quien propone intervenir.
Especificidad. Se valora una decisión concreta, en un momento concreto. No se emiten juicios globales sobre la persona.
Apoyo previo. No se puede concluir que la persona carece de autogobierno sin haber intentado antes los apoyos razonables: información adaptada, tiempo, presencia de personas de confianza, tratamiento de los factores que alteran temporalmente la capacidad.
Neutralidad con límites. Una decisión imprudente, arriesgada o contraria al criterio médico no prueba la falta de autogobierno. La valoración se dirige al proceso de la decisión y a su relación con los valores de la persona, no a su contenido.
Continuidad biográfica. Los valores de referencia son los de la persona, reconstruidos a partir de su trayectoria, sus voluntades anticipadas y el testimonio de sus apoyos.
Revisión. La conclusión es provisional y debe revisarse con la evolución.
6.2 Cuatro dimensiones
El modelo distingue cuatro dimensiones, que integran las habilidades clásicas de la capacidad para decidir con las aportaciones de la filosofía de la agencia. La tabla 2 las describe.
Dimensión | Qué se valora | Alteraciones psicopatológicas típicas | Apoyos posibles |
Cognitiva | Comprender la información y razonar con ella | Delirium, deterioro cognitivo, desorganización del pensamiento, intoxicación | Información sencilla y repetida, formatos accesibles, tiempo, corrección de la causa orgánica |
Apreciativa | Aplicar la información a la propia situación | Ideas delirantes sobre la enfermedad o el tratamiento, falta de conciencia de enfermedad | Diálogo sobre la experiencia, referencias a episodios previos, intervención de personas de confianza |
Evaluativa | Relación de la decisión con los valores estables de la persona | Desesperanza depresiva, grandiosidad maníaca, distorsiones graves de la identidad | Reconstrucción biográfica, voluntades anticipadas, testimonio de los apoyos |
Ejecutiva | Capacidad de actuar conforme a lo decidido | Compulsión, impulsividad grave, agitación, catatonia | Reducción de estímulos, tiempo, tratamiento de los síntomas, acompañamiento |
Nota. Elaboración propia a partir de Grisso y Appelbaum (1998), Owen, Freyenhagen, et al. (2009), Mackenzie (2014) y Freyenhagen y O'Shea (2013).
La alteración de una dimensión no implica la de las demás. La persona en delirium puede tener alterada la dimensión cognitiva y conservar intactos sus valores; la persona con depresión grave puede comprender y razonar, pero decidir desde una desesperanza que contradice lo que ha valorado toda su vida. Cada dimensión exige apoyos distintos, y la falta de autogobierno solo puede concluirse cuando la alteración de una o varias dimensiones impide la decisión pese a esos apoyos.
6.3 Aplicación al artículo 13 bis
El modelo permite documentar de forma ordenada el elemento de la urgencia vital que se refiere al consentimiento. La pregunta que debe responder la historia clínica no es si la persona está enferma, ni si su decisión es equivocada, sino si, en este momento y para esta decisión, la persona no puede gobernarse aun con los apoyos disponibles. La tabla 3 propone el contenido mínimo de esa documentación.
Elemento | Contenido que debe constar en la historia clínica |
Decisión concreta | Qué se propone (ingreso, tratamiento, medida concreta) y qué ha expresado la persona |
Voluntad expresada | Palabras de la persona, en la medida de lo posible literales, y razones que da |
Apoyos intentados | Información ofrecida y su formato, tiempo concedido, personas de apoyo contactadas, voluntades anticipadas consultadas |
Dimensiones alteradas | Qué dimensión del autogobierno está alterada y con qué datos de la exploración |
Relación con el trastorno | Por qué la alteración procede del cuadro clínico y no de un desacuerdo legítimo |
Valores de referencia | Qué se sabe de los valores y preferencias estables de la persona y cómo se han tenido en cuenta |
Riesgo | Riesgo concreto, inminente, para la vida o la integridad propia o de terceros |
Alternativas | Alternativas voluntarias ofrecidas y motivo por el que no bastan |
Información de derechos | Información sobre derechos y garantías procesales y ajustes realizados |
Revisión | Momento previsto para volver a valorar la capacidad |
Nota. Elaboración propia. La tabla complementa las exigencias del artículo 13 bis.2.c y del artículo 763 LEC; no las sustituye.
El modelo tiene una consecuencia que debe subrayarse. Si la persona conserva el autogobierno para la decisión concreta, no se cumple la definición de urgencia vital del artículo 2.s, aunque exista un riesgo grave. En ese caso, la intervención involuntaria solo podría justificarse, con los límites del artículo 763 LEC y de la doctrina constitucional, por el riesgo para terceros. Esta consecuencia es coherente con la lógica del paternalismo blando y con la jurisprudencia del TEDH en Plesó: la negativa de una persona capaz debe respetarse.
6.4 Casos ilustrativos
Los siguientes casos ilustran el razonamiento. No sustituyen la valoración individual.
Caso 1. Un hombre de 68 años con neumonía presenta un delirium hiperactivo, se arranca la vía e intenta marcharse; no reconoce dónde está ni retiene la información, y la presencia de su hija no lo reorienta. La dimensión cognitiva está gravemente alterada por una causa orgánica y el riesgo para su vida es inminente: se cumplen ambos elementos de la urgencia vital, y la intervención debe orientarse a restablecer su capacidad tratando la causa.
Caso 2. Una mujer de 45 años con trastorno bipolar presenta un episodio maníaco con gasto desmedido y conducción temeraria. Comprende la información, pero sostiene que nunca ha estado tan lúcida. Hace dos años, eutímica, pidió en un documento de voluntades anticipadas ser tratada ante síntomas similares. Están alteradas las dimensiones apreciativa y evaluativa, y la voluntad anticipada aporta un dato decisivo sobre sus valores estables: si el riesgo para su vida o su integridad es inminente, la intervención prolonga su propio autogobierno.
Caso 3. Un hombre de 52 años con esquizofrenia estabilizada rechaza aumentar la dosis de antipsicótico por sus efectos sobre su vida sexual y su energía. Comprende el riesgo de recaída, lo relaciona con su experiencia y prefiere asumirlo. No hay riesgo inminente. Conserva el autogobierno para esta decisión y su negativa debe respetarse; lo indicado es la decisión compartida.
Caso 4. Una mujer de 30 años sin antecedentes acude tras una ingesta medicamentosa por una ruptura, anuncia que lo repetirá y rechaza el ingreso. Comprende la información, pero su razonamiento está dominado por una desesperanza que contradice los proyectos y vínculos que ella misma describe, y los apoyos ofrecidos no cambian su posición. Con riesgo inminente para su vida, la historia debe documentar con cuidado por qué la decisión procede de la crisis y no de una convicción estable.
7. Discusión
7.1 ¿Es compatible el autogobierno con la Convención?
La objeción principal procede de la Observación general n.º 1. Si los déficits de la capacidad mental no pueden justificar la negación de la capacidad jurídica, cualquier evaluación del autogobierno usada para intervenir sin consentimiento sería discriminatoria.
La respuesta de este ensayo es que el modelo propuesto no niega la capacidad jurídica de la persona: no la declara incapaz, no le asigna un representante general y no la priva de decidir en otros ámbitos. Se limita a reconocer que, en ciertas situaciones excepcionales y transitorias, la voluntad expresada no puede ser la de la persona, y que hay que buscar esa voluntad en su trayectoria. Esta respuesta coincide con la del artículo 249 del Código Civil y con la propuesta de Szmukler (2019). No convencerá a quienes defienden la lectura más estricta del Comité, para quienes también la mejor interpretación de la voluntad debe partir de lo que la persona expresa. Pero tiene la ventaja de ofrecer un criterio verificable y controlable judicialmente, frente a la alternativa de intervenir solo por el riesgo, que prescinde por completo de la voluntad de la persona.
Además, el artículo 13 bis no abandona el juicio sobre la capacidad, sino que lo exige: si el autogobierno no pudiera valorarse, el requisito de que no sea posible obtener el consentimiento sería inaplicable.
7.2 Tres riesgos
El ideal. El concepto arrastra un modelo de racionalidad y autosuficiencia que nadie cumple y que la crítica de la discapacidad ha denunciado por despreciar la dependencia, condición de toda vida humana (Kittay, 2020). El modelo lo evita separando la capacidad del ideal: no se valora si la persona vive conforme a la razón, sino si puede tomar esta decisión conforme a sus propios valores, con ayuda, y con el mismo umbral que se aplica a cualquiera.
El del juicio sobre la autenticidad: el clínico puede considerar inauténtica cualquier decisión que no comparte. El modelo lo limita exigiendo datos biográficos, un vínculo claro con un cuadro clínico identificable y un riesgo inminente; fuera de esos supuestos, la decisión de la persona prevalece.
La circularidad: se considera que la persona no puede decidir porque rechaza el tratamiento, y que lo rechaza porque no puede decidir. Para romperla, la valoración debe referirse a cómo decide la persona y no a qué decide, y documentar datos independientes del rechazo: ideas delirantes sobre el tratamiento, incapacidad de considerar alternativas, contradicción con decisiones previas.
7.3 Limitaciones
Este trabajo es una revisión narrativa, no sistemática. La selección de fuentes filosóficas privilegia la tradición analítica y deja en un segundo plano otras aproximaciones, como la fenomenológica, examinadas en otros trabajos de este proyecto. Los datos clínicos sobre la capacidad proceden sobre todo de estudios británicos y estadounidenses, con criterios y poblaciones heterogéneos. El modelo de cuatro dimensiones es una propuesta conceptual que no ha sido validada empíricamente, y la valoración de las dimensiones evaluativa y ejecutiva carece de instrumentos estandarizados comparables a la MacCAT-T. Por último, la aplicación del artículo 13 bis es muy reciente y no existe todavía jurisprudencia sobre su interpretación.
8. Conclusiones
El autogobierno, la capacidad de dirigir las propias decisiones conforme a los valores propios, tiene una larga genealogía que va del dominio de sí de la ética griega a la autonomía kantiana y a las teorías contemporáneas de la agencia. En su origen era una práctica aprendida con otros, no una facultad del individuo aislado.
Conviene distinguir tres sentidos del término: el autogobierno como estatus, como capacidad y como ideal. Su confusión explica muchos de los abusos del modelo de incapacitación.
El derecho español usó el autogobierno como criterio de estatus en el antiguo artículo 200 del Código Civil. La CDPD y la Ley 8/2021 han suprimido ese uso, pero el concepto pervive como juicio funcional en el artículo 763 LEC, en la Ley 41/2002, en el Código Penal y en la definición de urgencia vital de la Ley 4/2026.
La urgencia vital del artículo 2.s del TRLGDPCD contiene dos elementos distintos: el riesgo inminente para la vida o la integridad y la imposibilidad de obtener el consentimiento pese a los apoyos. El segundo es un juicio sobre el autogobierno, y sin él la definición no se cumple.
La evidencia clínica muestra que la pérdida de la capacidad para decidir es frecuente en los ingresos psiquiátricos, pero no universal; que es específica de cada decisión y fluctuante, y que la conciencia de enfermedad es su mejor indicador en los trastornos psicóticos y bipolares.
Se propone valorar el autogobierno en cuatro dimensiones, cognitiva, apreciativa, evaluativa y ejecutiva, con seis principios: presunción de capacidad, especificidad, apoyo previo, neutralidad respecto al contenido, continuidad biográfica y revisión.
Así entendido, el autogobierno es compatible con el paradigma de los apoyos y ofrece un criterio verificable para documentar la urgencia vital del artículo 13 bis. Su función no es declarar a la persona incapaz, sino identificar cuándo su voluntad, en un momento concreto, debe buscarse en su trayectoria y no en lo que expresa.
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