Autodeterminación, discapacidad y enfermedad mental

Resumen
La autodeterminación se ha convertido en el concepto que resume las aspiraciones del movimiento de la discapacidad: que las personas con discapacidad dirijan su propia vida. El término aparece en la legislación española más reciente, que define la vida independiente como un derecho fundamentado en la autodeterminación, y se invoca con frecuencia en el debate sobre la salud mental. Sin embargo, se usa con significados distintos según procedan de la filosofía política, de la psicología de la motivación, de la educación especial, del movimiento de vida independiente o del derecho internacional. Este trabajo expone esos significados, los modelos teóricos que los sistematizan y su aplicación en la clínica psiquiátrica y en el derecho.
El término procede del derecho de los pueblos a la libre determinación y pasó al ámbito de la discapacidad a través del principio de normalización, en la formulación de Nirje (1972). Desde entonces se han desarrollado tres tradiciones: la psicológica, representada por la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan, que la entiende como volición y no como independencia; la educativa y de la discapacidad intelectual, representada por el modelo funcional de Wehmeyer y su reformulación como teoría de la agencia causal, y la política, representada por el movimiento de vida independiente y por los movimientos de personas usuarias y supervivientes de la psiquiatría, que la entienden como control sobre la propia vida y sobre los servicios. Los modelos ecológicos añaden que la autodeterminación depende tanto de las capacidades de la persona como de las oportunidades y los apoyos del entorno. En salud mental, el concepto fundamenta el modelo de recuperación, la decisión compartida y la planificación anticipada de crisis. En el derecho, la CDPD no usa el término, pero lo incorpora a través de la autonomía individual, la independencia, la capacidad jurídica y la vida independiente; la Ley 4/2026 lo introduce de forma expresa en la Ley 39/2006.
La autodeterminación no equivale a independencia ni a hacer las cosas sin ayuda, sino a ser el agente causal de la propia vida, lo que es compatible con recibir apoyos intensos. Es un concepto con tres niveles, personal, relacional y estructural, cada uno con sus propias condiciones y amenazas. Su aplicación en psiquiatría plantea un problema específico, la fluctuación de la capacidad de agencia en las crisis, que exige entender la autodeterminación a lo largo del tiempo y no solo en el momento presente. Bien entendida, ofrece criterios para aplicar el artículo 13 bis introducido por la Ley 4/2026; mal entendida, puede servir para abandonar a las personas a sus decisiones o para trasladarles riesgos que corresponden a los servicios.
1. Introducción
En 1972, en un libro colectivo dedicado al principio de normalización, Bengt Nirje publicó un capítulo titulado «El derecho a la autodeterminación». Sostenía que las personas con discapacidad intelectual, entonces recluidas en su mayoría en grandes instituciones, debían poder elegir, expresar sus preferencias y participar en las decisiones que las afectaban, y que los servicios debían organizarse para hacerlo posible (Nirje, 1972). Medio siglo después, la autodeterminación es el concepto que mejor resume las aspiraciones del movimiento de la discapacidad, condensadas en el lema «nada sobre nosotros sin nosotros» (Charlton, 1998), y ha llegado a la legislación. La Ley 4/2026 ha modificado la Ley 39/2006 para definir la vida independiente como un «derecho fundamentado en la autodeterminación, la igualdad de oportunidades y el control sobre la propia vida», y para incluir entre los principios del sistema de atención a la dependencia el respeto a la «libertad de elección, voluntad, deseos, preferencias y autodeterminación» de las personas (Ley 4/2026).
El éxito del término tiene un precio. «Autodeterminación» se usa en la filosofía política para referirse al derecho de los pueblos a decidir su estatuto político; en la psicología de la motivación, para designar la experiencia de actuar por voluntad propia; en la educación especial, para nombrar un conjunto de habilidades que pueden enseñarse y evaluarse; en el movimiento de vida independiente, para reclamar el control de las personas con discapacidad sobre los servicios que reciben, y en el derecho, como sinónimo aproximado de autonomía personal o de libre desarrollo de la personalidad. Estos significados no son incompatibles, pero tampoco son idénticos, y la confusión entre ellos produce malentendidos. Uno frecuente es identificar la autodeterminación con la independencia, como si solo fuera autodeterminada la persona que decide y actúa sin ayuda; otro, reducirla a la elección entre opciones predeterminadas; un tercero, suponer que respetarla exige aceptar cualquier preferencia expresada en cualquier momento.
En psiquiatría, el concepto plantea problemas propios. Buena parte de la literatura sobre autodeterminación se ha desarrollado en el ámbito de la discapacidad intelectual, donde las limitaciones son relativamente estables y la cuestión central es cómo ampliar las oportunidades y las habilidades de las personas. En la discapacidad psicosocial, en cambio, la capacidad de agencia puede fluctuar: una persona que dirige su vida con plena competencia puede atravesar episodios en los que sus decisiones parecen contrarias a sus propios valores. El debate sobre la intervención sin consentimiento, reavivado en España por el artículo 13 bis que la Ley 4/2026 ha introducido en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, depende en gran medida de cómo se entienda la autodeterminación en esas situaciones.
Este ensayo tiene cuatro objetivos: reconstruir la genealogía del concepto en el ámbito de la discapacidad; exponer los principales modelos teóricos y la evidencia empírica sobre ellos; analizar su aplicación en salud mental y en el derecho, con especial atención al derecho español, y examinar sus críticas y límites. La tesis que se defiende es que la autodeterminación no consiste en decidir solo, sino en ser el agente causal de la propia vida, y que, entendida así, es compatible con los apoyos, exige condiciones sociales y debe interpretarse a lo largo del tiempo. Este trabajo complementa otro anterior sobre la autonomía relacional, del que toma algunas distinciones conceptuales.
2. Genealogía del concepto
2.1 De la libre determinación de los pueblos a la persona
La palabra «autodeterminación» tiene un origen político. Se popularizó al final de la Primera Guerra Mundial para expresar el principio de que los pueblos tienen derecho a decidir su propio gobierno, y se incorporó a la Carta de las Naciones Unidas y, después, al artículo 1 común del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, según el cual todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación y, en virtud de él, establecen libremente su condición política y proveen a su desarrollo económico, social y cultural (Instrumento de Ratificación de España del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1977). En este sentido, la autodeterminación es un derecho colectivo frente a la dominación externa.
El paso de este sentido colectivo a un sentido personal se apoya en una analogía: así como un pueblo sometido a una potencia colonial no decide su destino, una persona cuya vida está gobernada por otros tampoco lo hace. En la filosofía, esta idea tiene antecedentes en la tradición que identifica la libertad con el autogobierno, desde la autonomía moral kantiana hasta la soberanía del individuo sobre sí mismo que defendió Mill (1859/1991). Wehmeyer (2004) ha señalado además que el término tiene una raíz en el debate filosófico sobre el determinismo: frente a la tesis de que la conducta humana está determinada por causas externas, la autodeterminación designa la posibilidad de que la persona sea, al menos en parte, causa de sus propios actos. Esta raíz explica que los modelos psicológicos y educativos posteriores hayan definido la autodeterminación en términos de causalidad personal.
2.2 El principio de normalización
El concepto llegó al ámbito de la discapacidad a través del principio de normalización. Nirje (1969) lo formuló en Suecia como la exigencia de que las personas con discapacidad intelectual tuvieran acceso a pautas y condiciones de vida lo más parecidas posible a las de la mayoría: un ritmo normal del día, de la semana y del año, la experiencia de las etapas normales del ciclo vital, el respeto a sus deseos y elecciones y condiciones materiales semejantes a las de los demás. En su capítulo de 1972, Nirje desarrolló el componente de la elección y lo llamó derecho a la autodeterminación. Su argumento era práctico: las personas que han vivido en instituciones no han tenido ocasión de elegir y, por tanto, de aprender a hacerlo, y la tarea de los servicios es ofrecerles oportunidades graduadas para expresar sus preferencias y participar en las decisiones (Nirje, 1972).
Ese mismo año, Perske (1972) publicó un breve artículo que introdujo otra idea duradera, la «dignidad del riesgo». Sostenía que la sobreprotección, aunque bienintencionada, priva a las personas con discapacidad de las experiencias de riesgo que forman parte de la vida humana y que son necesarias para crecer, y que esa privación atenta contra su dignidad. La autodeterminación incluye, por tanto, el derecho a equivocarse.
2.3 El movimiento de vida independiente
Al mismo tiempo, en Estados Unidos surgía el movimiento de vida independiente, impulsado por personas con discapacidad física. En 1972 se fundó en Berkeley el primer centro de vida independiente, gestionado por las propias personas con discapacidad. DeJong (1979) describió el movimiento como un nuevo paradigma frente al de la rehabilitación: mientras este situaba el problema en la deficiencia de la persona y la solución en la intervención profesional, el paradigma de la vida independiente situaba el problema en la dependencia de los profesionales y de los familiares, en entornos inaccesibles y en servicios que no controlaba, y la solución en la autoayuda, la defensa de derechos, la eliminación de barreras y el control del consumidor sobre los servicios.
En este movimiento, independencia no significa hacer las cosas sin ayuda. Una persona con tetraplejia que necesita asistencia para vestirse es independiente si decide quién la asiste, cuándo y cómo. La figura del asistente personal, contratado y dirigido por la propia persona, es la expresión práctica de esta idea. En España, el Foro de Vida Independiente, creado en 2001, adoptó estos planteamientos y propuso el término «diversidad funcional» para subrayar la dignidad de todas las formas de funcionamiento humano (Romañach & Lobato, 2005); la Ley 39/2006 incorporó la prestación económica de asistencia personal.
El movimiento de vida independiente confluyó con el modelo social de la discapacidad, formulado en el Reino Unido por organizaciones de personas con discapacidad y sistematizado por Oliver (1990), que distingue entre la deficiencia, atributo de la persona, y la discapacidad, producida por las barreras sociales. Desde esta perspectiva, la falta de autodeterminación de muchas personas con discapacidad no es una consecuencia de su deficiencia, sino de la manera en que la sociedad organiza los servicios, el espacio y las relaciones (Palacios, 2008).
2.4 Los movimientos de personas usuarias y supervivientes de la psiquiatría
En salud mental, la reivindicación de la autodeterminación tuvo su propio cauce. En los años setenta surgieron grupos de antiguos pacientes psiquiátricos que denunciaban el internamiento involuntario, el tratamiento forzoso y la pérdida de derechos asociada al diagnóstico. Chamberlin (1978) defendió la creación de alternativas gestionadas por los propios usuarios, basadas en la ayuda mutua y en la elección voluntaria, frente a un sistema que consideraba organizado en torno al control. Estos movimientos, que hoy se agrupan en organizaciones internacionales de personas usuarias y supervivientes de la psiquiatría, tuvieron una participación destacada en la redacción de la CDPD y en la interpretación de sus artículos sobre la capacidad jurídica y la libertad.
Su aportación al concepto es doble. Por una parte, extendieron la autodeterminación a un ámbito en el que la intervención sin consentimiento es legal y frecuente, lo que da a la reivindicación un carácter más conflictivo que en otros campos de la discapacidad. Por otra, insistieron en que la autodeterminación no se refiere solo a las decisiones individuales, sino también a la participación colectiva en el diseño y la gestión de los servicios.
2.5 La autodeterminación como política educativa
En los años noventa, el concepto se institucionalizó en la educación especial estadounidense. El Departamento de Educación financió una iniciativa de autodeterminación que dio lugar a numerosos proyectos para enseñar a los jóvenes con discapacidad a fijarse metas, tomar decisiones y defender sus intereses, especialmente en la transición de la escuela a la vida adulta (Ward, 2005). Ward (1988), que dirigió la iniciativa, definió la autodeterminación como las actitudes que llevan a las personas a fijar metas para sí mismas y la capacidad de tomar la iniciativa para alcanzarlas. De esta iniciativa nacieron los modelos teóricos y los instrumentos de evaluación que hoy dominan la investigación sobre el tema, y que se exponen en el apartado 5.
3. La tradición psicológica: la teoría de la autodeterminación
3.1 Tres necesidades psicológicas básicas
Paralelamente, y con escaso contacto inicial con el campo de la discapacidad, la psicología de la motivación desarrolló una teoría que lleva el mismo nombre. Deci y Ryan (1985) propusieron que la conducta humana puede ser autodeterminada, cuando la persona la experimenta como propia y elegida, o controlada, cuando la experimenta como impuesta por presiones internas o externas. Su teoría sostiene que el bienestar, el desarrollo y la motivación de calidad dependen de la satisfacción de tres necesidades psicológicas básicas: la autonomía, entendida como la experiencia de volición y de que los propios actos expresan los propios valores; la competencia, o experiencia de eficacia en la interacción con el entorno, y la relación, o experiencia de vínculo y pertenencia (Ryan & Deci, 2000, 2017).
La teoría distingue además un continuo de tipos de motivación. En un extremo está la amotivación; después, la regulación externa, en la que se actúa para obtener recompensas o evitar castigos; la regulación introyectada, en la que se actúa para evitar la culpa o mantener la autoestima; la regulación identificada, en la que se actúa porque se valora conscientemente la conducta; la regulación integrada, en la que la conducta es coherente con el conjunto de los propios valores, y, en el otro extremo, la motivación intrínseca, en la que se actúa por el interés o el placer de la actividad misma. La internalización es el proceso por el que una conducta inicialmente regulada desde fuera se hace propia, y depende de que el contexto apoye las tres necesidades básicas.
3.2 Autonomía no es independencia
La aportación más importante de esta tradición al debate sobre la discapacidad es la distinción entre autonomía e independencia. Para la teoría de la autodeterminación, la autonomía no se opone a la dependencia, sino a la heteronomía: una persona puede depender de otra para muchas cosas y actuar, sin embargo, de manera plenamente autónoma, si respalda esa dependencia y la vive como coherente con sus valores. Chirkov et al. (2003) mostraron, en un estudio con participantes de cuatro países, que la autonomía así entendida se asociaba al bienestar tanto en culturas individualistas como en culturas colectivistas, y que lo que variaba entre culturas eran las prácticas que se internalizaban, no la importancia de internalizarlas. Respetar la autonomía de una persona no significa, por tanto, dejarla sola, sino crear las condiciones para que sus actos sean genuinamente suyos.
La teoría tiene también consecuencias para la relación clínica. Una revisión metaanalítica de estudios en contextos sanitarios encontró que el apoyo a la autonomía por parte de los profesionales se asociaba a una mayor motivación autónoma de los pacientes, y esta, a mejores resultados en salud física y mental (Ng et al., 2012). El apoyo a la autonomía consiste en reconocer la perspectiva del paciente, ofrecer opciones reales, explicar las razones de las recomendaciones y reducir las presiones y el lenguaje controlador. En psiquiatría, donde la adherencia al tratamiento y la implicación en la rehabilitación son decisivas, este hallazgo tiene una relevancia evidente: el control externo puede lograr el cumplimiento a corto plazo, pero dificulta la internalización de la que depende el cambio duradero.
4. La tradición de la discapacidad intelectual: modelos funcional, de agencia causal y ecológico
4.1 El modelo funcional de Wehmeyer
El modelo más influyente en el campo de la discapacidad es el de Wehmeyer, desarrollado a partir de la iniciativa educativa estadounidense. En su formulación inicial, Wehmeyer (1992) definió la autodeterminación como actuar como el principal agente causal de la propia vida y tomar decisiones sobre la propia calidad de vida sin influencias o interferencias externas indebidas. El modelo se llamó funcional porque define la autodeterminación por la función que cumple la conducta, no por su forma: una misma acción, como elegir la ropa, puede ser autodeterminada o no según la persona la realice por su propia voluntad o porque se le ha indicado que lo haga.
Según este modelo, una conducta es autodeterminada cuando presenta cuatro características esenciales (Wehmeyer, 1999). La primera es la autonomía, entendida como actuar según las propias preferencias, intereses y capacidades, con independencia de influencias externas indebidas. La segunda es la autorregulación, que incluye la capacidad de examinar el entorno, valorar las opciones, decidir cómo actuar, evaluar los resultados y modificar los planes. La tercera es la capacitación psicológica, término con el que se ha traducido al español el empowerment psicológico, y que comprende la creencia de que se tiene control sobre lo que importa, de que se poseen las habilidades necesarias para alcanzar los resultados deseados y de que, si se usan esas habilidades, se obtendrán esos resultados. La cuarta es la autorrealización, que supone conocerse a uno mismo, incluidos los propios puntos fuertes y limitaciones, y actuar de acuerdo con ese conocimiento.
Estas características se apoyan en un conjunto de elementos componentes, que son las habilidades y actitudes que se adquieren a lo largo del desarrollo y que pueden enseñarse: la elección, la toma de decisiones, la resolución de problemas, el establecimiento y logro de metas, la autoobservación, la autoevaluación y el autorrefuerzo, la autodefensa o defensa de los propios derechos, el locus de control interno, la autoeficacia y las expectativas de resultado, y el autoconocimiento (Wehmeyer, 1999). La consecuencia práctica de este análisis es que la autodeterminación no es un rasgo que se posee o no, sino un resultado del desarrollo que depende de las oportunidades de aprendizaje, de las experiencias y de los apoyos.
4.2 Lo que la autodeterminación no es
El éxito del modelo funcional generó malentendidos, sobre todo en relación con las personas con necesidades de apoyo extenso. Si la autodeterminación consiste en fijar metas, resolver problemas y defender los propios derechos, parece quedar fuera del alcance de las personas con discapacidad intelectual grave o con grandes dificultades de comunicación. Wehmeyer (2005) respondió a esta objeción precisando qué no es la autodeterminación. No es independencia ni autosuficiencia, porque una persona puede ser agente causal de su vida recibiendo apoyos para casi todo. No es control absoluto sobre todas las decisiones, porque nadie decide todo en su vida y todos delegamos decisiones en otros. No es hacer siempre lo que uno quiere, porque la autodeterminación se ejerce en un contexto de normas y relaciones. Y no es sinónimo de éxito: una persona puede tomar decisiones autodeterminadas que no salgan bien.
Lo que define la autodeterminación es que la persona sea la causa de que las cosas sucedan en su vida, es decir, que sus preferencias, intereses y valores determinen, directamente o a través de otros, lo que ocurre. Una persona que no puede hablar, pero cuyas preferencias, expresadas mediante gestos o conductas, son reconocidas por quienes la apoyan y se traducen en decisiones sobre su vida, ejerce la autodeterminación. Esta precisión es importante para la psiquiatría, porque desvincula la autodeterminación de la exigencia de una capacidad cognitiva plena y la vincula a la conexión entre la voluntad de la persona y lo que le sucede.
4.3 La teoría de la agencia causal
Shogren et al. (2015a) reformularon el modelo funcional como teoría de la agencia causal. Definen la autodeterminación como una característica disposicional que se manifiesta en actuar como agente causal de la propia vida: las personas autodeterminadas actúan al servicio de metas libremente elegidas. La teoría identifica tres características esenciales. La acción volitiva consiste en elegir de forma consciente a partir de las propias preferencias, e incluye la autonomía y la autoiniciación. La acción agéntica consiste en autorregularse y dirigirse hacia una meta, e incluye la capacidad de identificar caminos alternativos cuando aparecen obstáculos. Las creencias de control de la acción se refieren a la convicción de que uno tiene los medios para alcanzar sus metas y de que sus acciones producirán los resultados esperados.
La reformulación tiene dos ventajas. La primera es que integra la tradición educativa con la psicología positiva y con la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan, al situar la volición en el centro del concepto. La segunda es que lo conecta con el desarrollo: las tres características se desarrollan a lo largo de la vida en interacción con el entorno, y las oportunidades y los apoyos condicionan su aparición.
4.4 El modelo ecológico
Los modelos funcional y de agencia causal se centran en la persona. Abery y Stancliffe (2003) propusieron un modelo ecológico que desplaza la atención hacia la relación entre la persona y su entorno. Definen la autodeterminación como un proceso complejo cuyo objetivo es alcanzar el nivel de control personal sobre la propia vida que la persona desea en aquellos ámbitos que considera importantes. Esta definición tiene dos rasgos característicos. El primero es que mide la autodeterminación por la distancia entre el control que la persona ejerce y el que desea ejercer, no por el control absoluto: una persona que prefiere que otros decidan determinadas cuestiones no carece de autodeterminación si así lo ha elegido. El segundo es que la autodeterminación depende de factores situados en distintos niveles del sistema ecológico, en la línea de Bronfenbrenner: las habilidades, actitudes y conocimientos de la persona; las relaciones con la familia, los profesionales y los compañeros; las organizaciones y servicios que la atienden, y los valores culturales y las políticas públicas.
La evidencia empírica apoya este planteamiento. Los estudios han mostrado de manera consistente que las personas con discapacidad intelectual que viven en entornos más pequeños, más integrados en la comunidad y más individualizados ejercen más elección y control que las que viven en instituciones o en residencias grandes, con independencia del nivel de discapacidad (Stancliffe, 2001). Wehmeyer y Bolding (2001) encontraron que la autodeterminación de adultos con discapacidad intelectual aumentaba cuando pasaban de entornos segregados a entornos comunitarios de trabajo o de vivienda. Estos resultados indican que la falta de autodeterminación no es solo un efecto de la discapacidad, sino también de los entornos en que las personas viven.
4.5 Evaluación y resultados
La investigación ha desarrollado instrumentos para evaluar la autodeterminación, entre los que destaca la Escala de Autodeterminación de The Arc (Wehmeyer & Kelchner, 1995), basada en el modelo funcional, que evalúa la autonomía, la autorregulación, la capacitación psicológica y la autorrealización. En España, Verdugo et al. (2014) desarrollaron la Escala ARC-INICO de Evaluación de la Autodeterminación para adolescentes, adaptada al contexto español. La autodeterminación se ha incorporado además como una de las dimensiones del modelo de calidad de vida de Schalock y Verdugo (2002), de amplio uso en los servicios para personas con discapacidad intelectual en España.
Los estudios longitudinales han mostrado que los jóvenes con discapacidad que terminan la escolarización con mayores niveles de autodeterminación tienen mejores resultados en la vida adulta, en particular en empleo y en vida independiente (Shogren et al., 2015b; Wehmeyer & Palmer, 2003; Wehmeyer & Schwartz, 1997). Las revisiones de intervenciones han encontrado que las habilidades componentes de la autodeterminación pueden enseñarse con eficacia (Algozzine et al., 2001), y el Modelo de Instrucción de Aprendizaje Autodeterminado, que enseña a los alumnos a fijar metas, planificar acciones y ajustar sus planes, ha mostrado efectos positivos en el logro de objetivos (Wehmeyer et al., 2000). Estos hallazgos tienen una implicación importante: la autodeterminación puede promoverse, y su promoción mejora la vida de las personas.
5. La autodeterminación en salud mental
5.1 El modelo de recuperación
En salud mental, la autodeterminación se ha incorporado sobre todo a través del modelo de recuperación. Frente a la concepción clínica de la recuperación como remisión de síntomas, el movimiento de personas usuarias propuso una concepción personal: la recuperación es un proceso por el que la persona reconstruye una vida con sentido, con o sin síntomas, y recupera el control sobre ella. Deegan (1988), psicóloga con diagnóstico de esquizofrenia, describió la recuperación como una experiencia vivida, una actitud y un modo de afrontar los desafíos de cada día, y no como un resultado que los profesionales producen. Anthony (1993) la definió como un proceso profundamente personal de cambio en las actitudes, valores, sentimientos, metas y roles de la persona, y propuso que se convirtiera en la visión orientadora de los servicios.
La revisión sistemática de Leamy et al. (2011) identificó cinco procesos de la recuperación personal: la conexión con otros, la esperanza en el futuro, la identidad, el sentido de la vida y el empoderamiento, que incluye la responsabilidad personal, el control sobre la propia vida y la atención a los propios puntos fuertes. La autodeterminación aparece así como un componente central de la recuperación y, a la vez, como una condición de ella: sin control sobre la propia vida, no hay reconstrucción de la identidad ni del sentido.
5.2 La decisión compartida
La decisión compartida es la expresión clínica más directa de la autodeterminación en salud mental. Deegan y Drake (2006) la propusieron como alternativa al modelo del cumplimiento terapéutico en el manejo de la medicación psiquiátrica. Sostuvieron que la medicación es solo una de las herramientas de que la persona dispone para su recuperación, junto con lo que llamaron «medicina personal», es decir, las actividades y estrategias que la propia persona ha descubierto que la ayudan, y que la decisión sobre la medicación debe tomarse en una relación entre dos expertos: el profesional, experto en la evidencia, y el paciente, experto en su experiencia, sus valores y sus prioridades.
Este planteamiento coincide con la teoría de Deci y Ryan. El modelo del cumplimiento busca que el paciente haga lo que se le indica y, por tanto, opera mediante regulación externa; la decisión compartida busca que el paciente haga suyo el tratamiento, y opera mediante internalización. La evidencia sobre el apoyo a la autonomía en contextos sanitarios (Ng et al., 2012) sugiere que el segundo camino es también el más eficaz a largo plazo.
5.3 La planificación anticipada de crisis
El problema específico de la salud mental es que la capacidad de agencia puede fluctuar. Una persona con trastorno bipolar o con psicosis puede atravesar episodios en los que su manera de percibir, valorar y decidir cambia de forma profunda, y en los que sus decisiones pueden contradecir los valores que mantiene cuando está estable. La planificación anticipada permite que la autodeterminación se ejerza también sobre esos episodios: la persona decide, en un momento de estabilidad, cómo quiere ser atendida si entra en crisis.
El plan conjunto de crisis es una de las formas mejor estudiadas. Lo elabora la persona con su equipo terapéutico y, si lo desea, con una persona de confianza, con ayuda de un facilitador independiente, y recoge los signos de alarma, los tratamientos preferidos y rechazados, las personas a las que avisar y las cuestiones prácticas que deben atenderse. En un primer ensayo aleatorizado, los planes conjuntos de crisis redujeron de forma significativa el uso de ingresos y tratamientos involuntarios (Henderson et al., 2004). Un ensayo posterior, de mayor tamaño, no confirmó esa reducción en el resultado principal, aunque los participantes valoraron positivamente el procedimiento y percibieron una mejor relación terapéutica, y los autores atribuyeron el resultado en parte a la escasa implicación de los profesionales en la aplicación de los planes (Thornicroft et al., 2013). La planificación anticipada es, por tanto, un instrumento prometedor cuya eficacia depende de que los servicios la integren en la práctica.
Las directivas de autovinculación, o acuerdos de Ulises, llevan esta lógica a su extremo: la persona solicita por anticipado que se la trate en determinadas circunstancias aunque en ese momento lo rechace. Gergel et al. (2021) encontraron que una amplia mayoría de las personas con trastorno bipolar que respondieron a una encuesta en el Reino Unido apoyaban estas directivas, y que su principal razón era que durante las crisis su pensamiento cambiaba de forma reconocible y distorsionada. Estos resultados muestran que muchas personas con experiencia directa de crisis no identifican su autodeterminación con la preferencia expresada en cada momento, sino con la coherencia de sus decisiones a lo largo del tiempo.
5.4 Coerción y autodeterminación
La intervención sin consentimiento es la negación más directa de la autodeterminación en el momento en que se aplica. Pero sus efectos no se limitan a ese momento. Desde la perspectiva de la teoría de Deci y Ryan, la experiencia de coerción frustra la necesidad de autonomía y puede dificultar la internalización del tratamiento y la relación con los servicios. Desde la perspectiva del modelo funcional, puede debilitar las creencias de control y la capacitación psicológica de la persona, es decir, su convicción de que sus acciones influyen en lo que le sucede. Desde la perspectiva de la recuperación, puede dañar la esperanza y la identidad. Un análisis de la coerción desde la autodeterminación obliga, por tanto, a considerar no solo si la medida está justificada en el momento, sino también cómo afecta a la capacidad futura de la persona para dirigir su vida.
6. La autodeterminación en el derecho
6.1 La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
La CDPD no usa la palabra «autodeterminación», pero el concepto atraviesa su texto. El preámbulo reconoce la importancia que tienen para las personas con discapacidad su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, y la conveniencia de que participen activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas que les afectan. El artículo 3 incluye entre los principios generales el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas (Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 2008).
Las tres dimensiones de la autodeterminación examinadas hasta aquí, la volición, el control sobre la propia vida y la participación colectiva, están presentes en estos textos.
Dos artículos concretan el concepto. El artículo 12 reconoce que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás y obliga a proporcionarles el apoyo que puedan necesitar para ejercerla. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2014) lo interpretó como un mandato de sustituir los regímenes de decisión sustitutiva por sistemas de apoyo que respeten la voluntad y las preferencias de la persona. Dhanda (2007) había subrayado que la Convención supone un cambio de paradigma, porque deja de vincular la capacidad jurídica a la capacidad mental. Bach y Kerzner (2010) propusieron, en la misma línea, un modelo de autonomía en la toma de decisiones que reconoce distintos estatus: la decisión independiente, la decisión con apoyo y la decisión facilitada para quienes no pueden expresar su voluntad de manera que otros la comprendan, en la que los apoyos interpretan esa voluntad a partir del conocimiento de la persona. Este último estatus traduce al lenguaje jurídico la idea de Wehmeyer (2005) de que se puede ser agente causal de la propia vida a través de otros.
El artículo 19 reconoce el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, lo que comprende elegir el lugar de residencia y dónde y con quién vivir, sin verse obligado a vivir con arreglo a un sistema de vida específico, y acceder a servicios de apoyo, incluida la asistencia personal. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2017) precisó que vivir de forma independiente no significa vivir solo ni hacer las cosas sin ayuda, sino tener libertad de elección y control sobre la propia vida, y que la institucionalización no se define por el tamaño del centro, sino por la pérdida de control sobre la vida cotidiana. Esta interpretación coincide con la del movimiento de vida independiente y con la evidencia sobre el efecto de los entornos en la autodeterminación.
6.2 El Convenio Europeo de Derechos Humanos
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha vinculado la autodeterminación a la vida privada protegida por el artículo 8 del Convenio. En el asunto Pretty c. Reino Unido, el Tribunal advirtió que ninguna sentencia anterior había afirmado la existencia de un derecho a la autodeterminación como tal en ese artículo, pero consideró que la noción de autonomía personal es un principio importante que subyace a la interpretación de sus garantías (Pretty c. Reino Unido, 2002). Desde entonces, la autonomía personal ha servido para examinar la legitimidad de las injerencias en las decisiones sobre la salud, el cuerpo y la forma de vida. El Tribunal, sin embargo, no ha considerado incompatible con el Convenio el internamiento involuntario de personas con trastorno mental cuando se cumplen las garantías del artículo 5.1.e, por lo que su jurisprudencia representa una concepción de la autodeterminación más moderada que la del Comité de la CDPD.
6.3 El derecho español
En el derecho español, el fundamento constitucional de la autodeterminación personal es el libre desarrollo de la personalidad que el artículo 10.1 de la Constitución sitúa entre los fundamentos del orden político. La reforma del artículo 49, aprobada en 2024, ha dado al concepto un anclaje específico en el ámbito de la discapacidad: las personas con discapacidad ejercen los derechos del Título I en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas, y los poderes públicos deben impulsar las políticas que garanticen su plena autonomía personal y su inclusión social (Reforma del artículo 49 de la Constitución Española, 2024).
La legislación ordinaria había incorporado ya el concepto con distintos nombres. El Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad define la vida independiente como la situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad (Real Decreto Legislativo 1/2013).
La Ley 8/2021 sustituyó la incapacitación por un sistema de apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica que deben respetar la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona, y que solo de forma excepcional pueden incluir funciones representativas, ejercidas teniendo en cuenta su trayectoria vital, sus creencias y sus valores (Ley 8/2021).
La Ley 4/2026 ha dado un paso más al introducir el término de forma expresa. Al modificar la Ley 39/2006, define la vida independiente como un derecho fundamentado en la autodeterminación, la igualdad de oportunidades y el control sobre la propia vida, que garantiza que las personas decidan cómo, dónde y con quién vivir, con los apoyos necesarios, personalizados y flexibles; incluye la autodeterminación entre los principios del sistema, y reconoce el derecho a la libre elección y a la capacidad de control, con los apoyos necesarios, sobre las decisiones que afectan a la propia vida con el máximo grado de libre determinación. El preámbulo expresa el propósito de superar la cultura asistencialista y orientar el sistema hacia un modelo basado en los derechos y en la vida independiente (Ley 4/2026).
En salud mental, la misma ley introdujo el artículo 13 bis en el Texto Refundido. Según la Fiscalía General del Estado (2026), el precepto reúne como principios aplicables a todas las intervenciones en salud mental el consentimiento libre e informado, la asistencia de los apoyos formales o informales de que la persona disponga y la consulta de las instrucciones previas o voluntades anticipadas cuando el paciente no pueda decidir, y prohíbe el internamiento involuntario por razón de discapacidad salvo en situaciones de urgencia vital. Estos principios son la traducción jurídica de los tres planos de la autodeterminación examinados en este trabajo: la elección en el presente, la elección con apoyo y la elección anticipada.
7. Críticas y tensiones
7.1 El sesgo individualista
La crítica más general es que la autodeterminación expresa un ideal individualista, propio de las sociedades occidentales liberales, que valora la elección personal por encima de los vínculos y que puede resultar ajeno a personas y culturas para las que las decisiones importantes se toman en familia o en comunidad. Kittay (2011), desde la ética del cuidado, ha advertido que una concepción de la persona centrada en la independencia y en la racionalidad deja fuera a quienes dependen de otros de forma permanente, y que la dignidad de las personas con discapacidad intelectual grave no puede fundarse en su capacidad de autodeterminarse.
La respuesta de la propia tradición es que esta crítica se dirige a una versión del concepto que sus principales autores rechazan. La teoría de Deci y Ryan distingue expresamente la autonomía de la independencia y del individualismo (Chirkov et al., 2003); Wehmeyer (2005) niega que la autodeterminación exija autosuficiencia; el modelo ecológico mide la autodeterminación por el control que la persona desea, que puede incluir delegar decisiones en otros (Abery & Stancliffe, 2003). La crítica conserva, sin embargo, su valor como advertencia: en la práctica, el lenguaje de la elección puede traducirse en una exigencia de independencia que penaliza a quienes necesitan más apoyo.
7.2 Elección sin opciones
Una segunda crítica señala que la autodeterminación puede reducirse a la elección entre opciones triviales o predeterminadas. Elegir el postre o la actividad de la tarde no equivale a decidir dónde y con quién vivir, en qué trabajar o qué tratamiento recibir. Los estudios sobre elección en servicios para personas con discapacidad intelectual han mostrado que las oportunidades de elección suelen ser mayores en los asuntos cotidianos que en las decisiones vitales (Stancliffe, 2001). Una política de autodeterminación que se limite a multiplicar las elecciones menores, sin cambiar las estructuras que determinan las decisiones importantes, es una forma de simulación.
A esta crítica se añade la de las preferencias adaptativas. Las personas que han vivido mucho tiempo en entornos restrictivos pueden haber dejado de desear lo que nunca han tenido a su alcance, y sus elecciones pueden reflejar esas limitaciones. Respetar su autodeterminación no consiste solo en aceptar sus preferencias, sino en ampliar las experiencias y las opciones a partir de las cuales se forman, como ya proponía Nirje (1972).
7.3 La transferencia de riesgos
Una tercera crítica se dirige a las políticas que han convertido la autodeterminación en un instrumento de gestión. Los presupuestos personales y los pagos directos, que permiten a las personas con discapacidad recibir el importe de sus apoyos y gestionarlos por sí mismas, son una conquista del movimiento de vida independiente. Pero Spandler (2004) advirtió que pueden servir también a una agenda de privatización y de reducción de la responsabilidad pública, al trasladar a las personas la carga de organizar sus apoyos en mercados precarios. La dignidad del riesgo puede convertirse en abandono cuando el riesgo se traslada a la persona sin los recursos necesarios para afrontarlo. En salud mental, la invocación de la autodeterminación para justificar la retirada de los servicios de quienes los rechazan, sin buscar activamente formas de mantener el contacto, es una versión de este problema.
7.4 La fluctuación de la agencia
La tensión más específica de la psiquiatría es la que plantea la fluctuación de la capacidad de agencia. Los modelos de autodeterminación se desarrollaron sobre todo para personas cuyas limitaciones son relativamente estables, y su pregunta central es cómo ampliar sus oportunidades y habilidades. En las crisis psicóticas o maníacas graves, en cambio, la persona puede expresar preferencias que contradicen de forma radical sus valores estables y que la ponen en grave peligro. ¿Respeta su autodeterminación quien atiende a la preferencia del momento o quien atiende a sus valores de siempre?
La respuesta no puede ser automática en ninguno de los dos sentidos. Atender siempre a la preferencia del momento ignora que la autodeterminación, en las definiciones examinadas, consiste en actuar según los propios valores y al servicio de metas libremente elegidas, y que esa conexión puede romperse en una crisis. Atender siempre a los valores estables, interpretados por otros, abre la puerta a que cualquier desacuerdo se califique de crisis y a que la voluntad de la persona se sustituya por la de quienes dicen conocerla. Szmukler (2019) ha propuesto que, cuando la voluntad estable y la preferencia expresada entran en conflicto, la mejor interpretación de la voluntad y las preferencias se oriente a la primera, siempre que pueda establecerse con fiabilidad. La planificación anticipada es el instrumento que mejor permite establecerla, porque deja constancia de lo que la persona quiere en sus propias palabras y en un momento en que puede expresarlo.
8. Discusión
8.1 Un concepto en tres niveles
El análisis anterior permite proponer una síntesis. La autodeterminación es la condición de quien es agente causal de su propia vida, de modo que sus valores, preferencias y metas determinan, directamente o a través de otros, lo que le sucede. Esta definición, que recoge la de Wehmeyer (2005) y la de Shogren et al. (2015a), es compatible con la dependencia y con los apoyos, no exige una capacidad cognitiva plena y no se mide por el número de decisiones que la persona toma sola, sino por la conexión entre su voluntad y su vida.
Así definida, la autodeterminación opera en tres niveles, que coinciden en lo esencial con las tres dimensiones de la autonomía distinguidas por Mackenzie (2014). En el nivel personal, depende de las habilidades, actitudes y creencias de la persona: su capacidad de elegir, de fijarse metas y de confiar en que sus acciones producen efectos. En el nivel relacional, depende de las relaciones con quienes la apoyan: de que reconozcan sus preferencias, le ofrezcan opciones, la ayuden a decidir y traduzcan sus decisiones en hechos. En el nivel estructural, depende de las oportunidades que ofrecen los servicios, las políticas y el derecho: de que existan opciones reales, apoyos suficientes y garantías frente a la sustitución. La tabla 1 resume estos niveles.
Tabla 1
Niveles de la autodeterminación y respuestas en salud mental
Nivel | Pregunta | Condiciones | Amenazas | Respuestas en salud mental |
Personal | ¿Puede la persona formar y expresar sus preferencias y actuar según ellas? | Habilidades de elección, decisión y autorregulación; creencias de control; autoconocimiento | Síntomas que alteran la valoración; desesperanza aprendida; preferencias adaptativas | Psicoeducación, entrenamiento en toma de decisiones, intervenciones orientadas a la recuperación |
Relacional | ¿Reconocen y apoyan los demás su voluntad? | Apoyo a la autonomía; comunicación accesible; personas de confianza elegidas | Paternalismo; injusticia epistémica; presión familiar o profesional | Decisión compartida, apoyos formales e informales, apoyo entre iguales |
Estructural | ¿Existen opciones, recursos y garantías? | Servicios comunitarios; vida independiente; capacidad jurídica con apoyos; control de la coerción | Institucionalización; escasez de recursos; transferencia de riesgos | Atención comunitaria, planes de crisis, voluntades anticipadas, garantías del artículo 13 bis |
Nota. Elaboración propia a partir de Abery y Stancliffe (2003), Mackenzie (2014), Shogren et al. (2015a) y Wehmeyer (2005).
8.2 La autodeterminación a lo largo del tiempo
La aportación que la psiquiatría puede hacer al concepto es su dimensión temporal. En la discapacidad intelectual, el tiempo aparece sobre todo como desarrollo: la autodeterminación se adquiere a lo largo de la vida. En la discapacidad psicosocial, el tiempo aparece también como discontinuidad: la persona puede perder temporalmente la conexión entre su voluntad y sus actos y recuperarla después. Una concepción de la autodeterminación adecuada para la salud mental debe dar cuenta de ambos fenómenos.
Esta concepción tiene tres consecuencias. Primera, la autodeterminación de una persona no se agota en lo que quiere ahora, sino que incluye lo que ha querido y lo que querrá cuando la crisis haya pasado; por eso las voluntades anticipadas y los planes de crisis son instrumentos de autodeterminación y no limitaciones de ella. Segunda, la intervención en una crisis debe valorarse también por su efecto sobre la autodeterminación futura: una medida que salva la vida pero destruye la confianza de la persona en los servicios y en su propio juicio tiene un coste que debe incluirse en la ponderación. Tercera, el objetivo de cualquier intervención no voluntaria debe ser restablecer cuanto antes las condiciones para que la persona vuelva a dirigir su vida, lo que exige que la intervención sea breve, revisable y orientada a la recuperación de la agencia.
8.3 Criterios para la práctica psiquiátrica
A partir de este análisis pueden proponerse seis criterios para una práctica psiquiátrica coherente con la autodeterminación.
La pregunta inicial ante cualquier decisión no es si la persona es capaz de decidir, sino cómo puede ejercer el mayor control posible sobre ella, directamente o con apoyos.
El apoyo a la autonomía es una competencia clínica. Reconocer la perspectiva del paciente, ofrecer opciones reales, explicar las razones de las recomendaciones y evitar el lenguaje controlador favorece la internalización del tratamiento y mejora los resultados.
La elección debe extenderse a las decisiones importantes: el tratamiento, el lugar de residencia, el trabajo y las relaciones. Las elecciones menores no sustituyen a las mayores.
La planificación anticipada debe ofrecerse de forma sistemática a las personas con riesgo de crisis, y sus resultados deben ser conocidos y respetados por los profesionales que intervengan en ellas.
Cuando la voluntad expresada en una crisis contradiga la voluntad estable de la persona, la decisión debe orientarse a esta última solo si puede establecerse con fiabilidad, preferentemente a partir de lo que la propia persona dejó expresado, y nunca a partir de la mera opinión de terceros.
La autodeterminación no justifica el abandono. Respetar la negativa de una persona a recibir un tratamiento no exime de mantener el contacto, ofrecer alternativas y garantizar que pueda volver a pedir ayuda.
8.4 Autodeterminación y artículo 13 bis
Estos criterios son especialmente pertinentes para aplicar el artículo 13 bis. Sus principios de consentimiento, apoyos y voluntades anticipadas protegen la autodeterminación en sus tres planos temporales: la decisión presente, la decisión asistida y la decisión anticipada. La excepción de la urgencia vital marca el límite en que la ley admite la intervención sin consentimiento, y su interpretación debe ser coherente con esos principios. Incluso en la urgencia, la autodeterminación exige buscar la participación posible de la persona y de sus apoyos, consultar sus voluntades anticipadas, documentar por qué las alternativas voluntarias no han sido suficientes y orientar la intervención a que la persona recupere cuanto antes el control sobre su vida.
8.5 Limitaciones
Este trabajo es una revisión narrativa y conceptual, no sistemática. La literatura sobre autodeterminación en el ámbito de la discapacidad procede mayoritariamente de Estados Unidos y del campo de la discapacidad intelectual, y su traslado a la discapacidad psicosocial exige cautela, porque los instrumentos de evaluación y los programas de intervención no se diseñaron para ella. La evidencia sobre la planificación anticipada de crisis es todavía heterogénea. Por último, la Ley 4/2026 es muy reciente y no existe todavía doctrina ni jurisprudencia consolidada sobre su interpretación.
9. Conclusiones
La autodeterminación procede del derecho de los pueblos a la libre determinación y llegó al ámbito de la discapacidad a través del principio de normalización. Nirje (1972) la formuló como el derecho de las personas con discapacidad intelectual a elegir y a participar en las decisiones que las afectan.
Se han desarrollado tres tradiciones principales: la psicológica, que la entiende como volición y la distingue de la independencia; la educativa, que la define como actuar como agente causal de la propia vida y la descompone en habilidades que pueden enseñarse, y la política, que la entiende como control de las personas con discapacidad sobre su vida y sobre los servicios que reciben.
La autodeterminación no es independencia, autosuficiencia ni control absoluto sobre todas las decisiones. Es compatible con la dependencia y con los apoyos intensos, siempre que la voluntad de la persona determine lo que le sucede.
Depende tanto de las capacidades de la persona como de las relaciones y los entornos. Los entornos comunitarios e individualizados la favorecen, y su promoción mejora los resultados en la vida adulta.
En salud mental, fundamenta el modelo de recuperación, la decisión compartida y la planificación anticipada de crisis. El apoyo a la autonomía por parte de los profesionales se asocia a mejores resultados.
La CDPD no usa el término, pero lo incorpora a través de la autonomía individual, la independencia, la capacidad jurídica y la vida independiente. La Ley 4/2026 lo introduce de forma expresa en la legislación española y el artículo 13 bis lo concreta en salud mental mediante los principios de consentimiento, apoyos y voluntades anticipadas.
El concepto puede degradarse en un ideal individualista, en una elección sin opciones reales o en una transferencia de riesgos a las personas sin los recursos para afrontarlos.
En psiquiatría, la autodeterminación debe entenderse a lo largo del tiempo, porque la capacidad de agencia puede fluctuar en las crisis. La planificación anticipada es el instrumento que mejor permite que la voluntad de la persona gobierne también esos momentos, y toda intervención sin consentimiento debe orientarse a restablecer cuanto antes su control sobre su propia vida.
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