Internamiento involuntario: el TEDH y el Comité CDPD de la ONU tienen posiciones opuestas ¿a quién hacemos caso los psiquiatras?

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (Comité CDPD) sostienen hoy posiciones estructuralmente incompatibles sobre el internamiento psiquiátrico involuntario. El TEDH, desde Winterwerp c. Países Bajos (1979), considera legítima la privación de libertad de una persona con trastorno mental siempre que se cumplan requisitos sustantivos (trastorno real, de gravedad suficiente y persistente, acreditado por pericia médica objetiva) y procesales (control judicial periódico), a los que ha añadido la exigencia de un entorno terapéutico adecuado (Rooman c. Bélgica, 2019). El Comité CDPD, en cambio, interpreta los artículos 12 y 14 de la Convención como una prohibición absoluta de cualquier internamiento basado, total o parcialmente, en una discapacidad real o percibida, aunque concurran criterios adicionales como la peligrosidad o la necesidad de tratamiento. Este artículo analiza la evolución de la doctrina de Estrasburgo, sistematiza la interpretación del Comité y examina los puntos de coincidencia —condiciones de internamiento, contención mecánica, garantías procesales, rechazo de la institucionalización prolongada— y de discrepancia —legitimidad misma del internamiento, papel de la capacidad, tratamiento forzoso—. Se estudian además el fallido Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo, rechazado por unanimidad por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en enero de 2026, y las implicaciones para el ordenamiento español (art. 763 LEC y Ley 8/2021) y para la práctica psiquiátrica. Se concluye que la divergencia no es meramente de grado sino de paradigma —regulación frente a abolición de la coerción—, aunque existe un terreno compartido, centrado en la reducción efectiva de la coerción, que ofrece una vía de trabajo realista para clínicos y legisladores.
1. Introducción: un conflicto normativo con consecuencias clínicas
Todos los Estados miembros del Consejo de Europa han ratificado tanto el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Ambos tratados obligan a los mismos Estados, se aplican a las mismas personas y a menudo a los mismos hechos: el ingreso de una persona en una unidad de hospitalización psiquiátrica sin su consentimiento. Sin embargo, sus órganos de interpretación han llegado a conclusiones opuestas sobre la cuestión central. Para el TEDH, el internamiento involuntario es una excepción legítima al derecho a la libertad, sometida a garantías. Para el Comité CDPD, es una forma de discriminación por motivo de discapacidad que debe abolirse (Fiala-Butora, 2024; Heuwing, 2026).
Esta tensión no es un debate académico abstracto. Afecta a la validez de la legislación de salud mental de casi todos los países europeos, a la orientación de las reformas legislativas en curso y, en último término, a la práctica diaria de los psiquiatras, que deben aplicar normas nacionales construidas sobre el modelo europeo mientras los informes periódicos de Naciones Unidas califican esas mismas normas como contrarias a los derechos humanos. En el caso de España, el Comité ha reiterado su preocupación por el régimen del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que autoriza el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico con autorización judicial (Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad [Comité CDPD], 2019).
La literatura ha descrito esta situación como un «impasse de Ginebra» (Martin & Gurbai, 2019) y ha generado un debate intenso entre quienes defienden la lectura abolicionista de la Convención (Minkowitz, 2007; Gooding, 2017) y quienes advierten de sus posibles consecuencias adversas para las personas con trastornos mentales graves (Appelbaum, 2019; Freeman et al., 2015; Scholten & Gather, 2018). Entre ambas posiciones se han propuesto modelos intermedios basados en la capacidad de decisión, como la denominada fusion law (Szmukler et al., 2014).
El objetivo de este artículo es triple. Primero, reconstruir la doctrina del TEDH sobre el internamiento involuntario, desde Winterwerp hasta la jurisprudencia de 2024-2025. Segundo, exponer la interpretación de los artículos 12 y 14 de la CDPD desarrollada por su Comité y por otros órganos de Naciones Unidas. Tercero, determinar con precisión en qué coinciden y en qué discrepan ambos sistemas, y qué consecuencias tiene esa relación para el legislador español y para el clínico. La tesis que se sostiene es que la divergencia es de paradigma y no de grado, pero que existe un espacio común —la reducción efectiva de la coerción— lo bastante amplio como para orientar la práctica sin esperar a que el conflicto doctrinal se resuelva.
2. Marco normativo: dos textos redactados con medio siglo de distancia
2.1. El artículo 5.1.e del CEDH
El CEDH, firmado en 1950, consagra en su artículo 5 el derecho a la libertad y a la seguridad. Tras enunciar que «nadie puede ser privado de su libertad», el apartado 1 enumera de forma tasada los supuestos en que la privación de libertad es admisible. La letra e) autoriza «el internamiento, conforme a derecho, de una persona susceptible de propagar una enfermedad contagiosa, de un "enajenado", de un alcohólico, de un toxicómano o de un vagabundo». La versión inglesa habla de persons of unsound mind. El texto refleja la concepción de posguerra, que agrupaba bajo una misma excepción a colectivos considerados peligrosos para sí o para la sociedad.
El apartado 4 del mismo artículo reconoce a toda persona privada de libertad el derecho a que un tribunal se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su detención y ordene su puesta en libertad si fuera ilegal. Junto al artículo 5, la jurisprudencia sobre psiquiatría se apoya en el artículo 3 (prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos o degradantes), el artículo 8 (respeto de la vida privada, que incluye la integridad física y psíquica y el derecho a rechazar tratamientos), el artículo 2 (derecho a la vida y obligaciones positivas de protección) y el artículo 14 (prohibición de discriminación). El texto del CEDH no contiene ninguna referencia a la discapacidad, cuestión que el Tribunal ha incorporado por vía interpretativa.
2.2. Los artículos 12 y 14 de la CDPD
La CDPD, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2006 y en vigor para España desde el 3 de mayo de 2008, responde a un paradigma distinto: el modelo social de la discapacidad, según el cual la discapacidad resulta de la interacción entre las deficiencias de la persona y las barreras del entorno. El artículo 1 incluye expresamente a las personas con deficiencias «mentales», lo que comprende la discapacidad psicosocial.
El artículo 14.1.b obliga a los Estados a asegurar que las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, no se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente, que cualquier privación de libertad sea conforme a la ley «y que la existencia de una discapacidad no justifique en ningún caso una privación de la libertad».
Durante la negociación se rechazó deliberadamente introducir calificativos como «exclusivamente» o «únicamente», que habrían permitido internamientos basados en la discapacidad combinada con otros criterios (Comité CDPD, 2015, párr. 7; Heuwing, 2026).
El artículo 12 reconoce que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás y obliga a proporcionar apoyos para su ejercicio, con salvaguardias que respeten «los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona». A estos preceptos se suman el artículo 15 (protección contra la tortura y los tratos crueles), el artículo 17 (integridad personal), el artículo 19 (vida independiente e inclusión en la comunidad) y el artículo 25.d (atención sanitaria basada en el consentimiento libre e informado).
2.3. Un problema de interpretación, no solo de texto
El texto del artículo 14 CDPD no prohíbe literalmente todo internamiento involuntario: admite privaciones de libertad conformes a la ley y no arbitrarias. La prohibición absoluta procede de la lectura que el Comité hace de la cláusula final en conexión con el artículo 12. Del mismo modo, el artículo 5.1.e CEDH no fija criterios de internamiento: estos son creación jurisprudencial. El conflicto se produce, por tanto, entre dos interpretaciones autorizadas, y su peso jurídico es distinto: las sentencias del TEDH son vinculantes para el Estado demandado (art. 46 CEDH), mientras que las observaciones generales y directrices del Comité carecen de fuerza obligatoria formal, aunque constituyen la interpretación más autorizada del tratado (Bartlett, 2012; Martin & Gurbai, 2019).
3. La doctrina del TEDH: de Winterwerp al requisito terapéutico
3.1. Los criterios Winterwerp
En Winterwerp c. Países Bajos (1979) el Tribunal sentó las bases que, con pocas modificaciones, siguen vigentes. Al no definir el Convenio qué es un «enajenado», el TEDH aceptó que el concepto evoluciona con el conocimiento psiquiátrico y que no puede utilizarse para internar a alguien por el mero hecho de que sus ideas o su conducta se aparten de las normas sociales dominantes. Fijó tres requisitos sustantivos (párr. 39): (a) que se haya demostrado de manera fiable, ante una autoridad competente y sobre la base de una pericia médica objetiva, la existencia de un trastorno mental real; (b) que el trastorno tenga un carácter o una magnitud que justifique el internamiento; y (c) que la prolongación del internamiento dependa de la persistencia de dicho trastorno.
La jurisprudencia posterior completó este esquema. X c. Reino Unido (1981) estableció el derecho a un control judicial periódico de la necesidad del internamiento y admitió que, en situaciones de urgencia, la pericia médica previa pueda no ser exigible. Varbanov c. Bulgaria (2000) precisó que, fuera de la urgencia, la valoración médica debe preceder a la decisión de internamiento. Johnson c. Reino Unido (1997) admitió que la constatación de que el trastorno ha remitido no obliga necesariamente a una excarcelación inmediata, siempre que el alta progresiva no se retrase indebidamente. En Hutchison Reid c. Reino Unido (2003) el Tribunal aclaró que el artículo 5.1.e no exige que el trastorno sea tratable: el internamiento puede justificarse por la necesidad de control y supervisión para evitar daños a la propia persona o a terceros.
3.2. El concepto autónomo de privación de libertad
Una aportación decisiva del Tribunal ha sido extender las garantías a situaciones que los ordenamientos nacionales no calificaban como internamiento. En H.L. c. Reino Unido (2004), el caso Bournewood, un hombre autista sin capacidad para consentir, que no se oponía activamente, fue mantenido en un hospital bajo control completo del personal; el TEDH consideró que había privación de libertad aunque el paciente fuera formalmente «voluntario» y que la ausencia de un procedimiento con garantías vulneraba el artículo 5. Storck c. Alemania (2005) definió la privación de libertad mediante un elemento objetivo (confinamiento en un espacio restringido durante un tiempo no despreciable) y otro subjetivo (falta de consentimiento válido), y estableció obligaciones positivas del Estado respecto de clínicas privadas. Stanev c. Bulgaria (Gran Sala, 2012) aplicó estos criterios a un hogar social para personas con discapacidad intelectual y psicosocial, y declaró vulnerados los artículos 3, 5 y 13, así como el artículo 6 por la imposibilidad de que la persona incapacitada accediera por sí misma a un tribunal.
3.3. Capacidad jurídica y garantías procesales
Shtukaturov c. Rusia (2008) es el punto de contacto más claro con el artículo 12 de la CDPD: el demandante, declarado incapaz sin haber sido oído, fue internado a petición de su tutora sin control judicial, lo que vulneró los artículos 5, 6 y 8. El Tribunal exige que la persona pueda participar en el procedimiento y disponer de asistencia letrada efectiva. En N. c. Rumanía (2017) declaró contraria al artículo 5 una privación de libertad de más de quince años sin revisión adecuada. Más recientemente, en H.H. c. Finlandia (2025), apreció violación del artículo 5.4 por no haberse celebrado una vista oral en el recurso contra la renovación del internamiento, aunque reiteró que estos procedimientos no requieren las mismas garantías que el artículo 6 exige para los litigios civiles o penales (Barnes, 2026).
3.4. Tratamiento forzoso, contención y condiciones de internamiento
El TEDH distingue entre la legalidad del internamiento (art. 5) y la del tratamiento (arts. 3 y 8). Herczegfalvy c. Austria (1992) fijó el criterio de que una medida terapéuticamente necesaria según los principios médicos establecidos no puede considerarse en principio inhumana o degradante, siempre que la necesidad médica se demuestre de forma convincente. Esta doctrina, criticada por su deferencia hacia el criterio clínico, ha sido matizada. En X c. Finlandia (2012) el Tribunal consideró que la medicación forzosa administrada sin salvaguardias suficientes —en particular, sin posibilidad de obtener una segunda opinión independiente ni de impugnar la decisión— vulneraba el artículo 8. En Plesó c. Hungría (2012) consideró que, en las circunstancias del caso, internar para tratar a una persona que no representaba un peligro inminente vulneraba el artículo 5: calificó la hospitalización de último recurso, invocó el derecho del paciente a la autodeterminación y reprochó que no se hubiera dado peso a su rechazo del tratamiento. Entre los materiales internacionales transcribió el artículo 12 de la CDPD, aunque su razonamiento se apoyó sobre todo en los Principios de Naciones Unidas para la protección de los enfermos mentales.
En materia de contención mecánica, Bureš c. República Checa (2012) y M.S. c. Croacia (n.º 2) (2015) establecieron que las sujeciones solo son admisibles como último recurso, para prevenir un daño inminente, durante el menor tiempo posible y con registro y supervisión estrictos. Clipea y Grosu c. Moldavia (2024) ha ido más lejos: además de condenar las condiciones de vida en un hospital psiquiátrico (art. 3), apreció discriminación por discapacidad (art. 14 en relación con el art. 3) en la falta de investigación efectiva de las denuncias de los pacientes.
3.5. El giro terapéutico: Rooman, Ilnseher y Denis e Irvine
En Ilnseher c. Alemania (Gran Sala, 2018) el Tribunal reafirmó que «enajenado» es un concepto autónomo, que puede abarcar trastornos menos graves que los que excluyen la responsabilidad penal, y vinculó la licitud del internamiento a que se produzca en un establecimiento adecuado. Rooman c. Bélgica (Gran Sala, 2019) convirtió esta idea en un requisito explícito: el internamiento solo es compatible con el artículo 5.1.e si se lleva a cabo en un entorno terapéutico apropiado y si la persona recibe un tratamiento individualizado que vaya más allá de la mera custodia (párrs. 208-209). En el párrafo 205, sin embargo, la Gran Sala dejó constancia de que no acogía la interpretación del artículo 14 CDPD propuesta por el Comité. Denis e Irvine c. Bélgica (Gran Sala, 2021) confirmó que el internamiento de personas inimputables tiene naturaleza preventiva y no punitiva.
Paralelamente, Fernandes de Oliveira c. Portugal (Gran Sala, 2019) precisó las obligaciones positivas del Estado para prevenir el suicidio de pacientes ingresados voluntariamente, lo que muestra que el Convenio también genera deberes de protección que pueden entrar en tensión con la libertad.
3.6. Síntesis cronológica
Año | Sentencia | Aportación principal |
2025 | H.H. c. Finlandia | Vista oral en la revisión del internamiento (art. 5.4); no cita la CDPD |
2024 | Clipea y Grosu c. Moldavia | Condiciones hospitalarias y discriminación por discapacidad (arts. 3 y 14) |
2021 | Denis e Irvine c. Bélgica (GS) | Internamiento de inimputables como medida preventiva |
2019 | Rooman c. Bélgica (GS) | Requisito de entorno terapéutico; distancia expresa del Comité CDPD |
2019 | Fernandes de Oliveira c. Portugal (GS) | Obligaciones positivas frente al suicidio de pacientes voluntarios (art. 2) |
2018 | Ilnseher c. Alemania (GS) | «Enajenado» como concepto autónomo; establecimiento adecuado |
2015 | M.S. c. Croacia (n.º 2) | Contención mecánica como último recurso (art. 3) |
2012 | Stanev c. Bulgaria (GS) | Privación de libertad en centros sociales; acceso a tribunal |
2012 | Plesó c. Hungría | Necesidad de tratamiento insuficiente sin peligro; menor restricción |
2012 | X c. Finlandia | Medicación forzosa sin salvaguardias (art. 8) |
2008 | Shtukaturov c. Rusia | Internamiento a instancia del tutor sin control judicial |
2005 | Storck c. Alemania | Elementos objetivo y subjetivo; clínicas privadas |
2004 | H.L. c. Reino Unido | Privación de libertad de pacientes «no opuestos» |
2003 | Hutchison Reid c. Reino Unido | El trastorno no ha de ser tratable |
1992 | Herczegfalvy c. Austria | Necesidad médica y artículo 3 |
1981 | X c. Reino Unido | Revisión judicial periódica; urgencia |
1979 | Winterwerp c. Países Bajos | Tres criterios sustantivos |
El balance es el de una jurisprudencia que ha endurecido progresivamente las garantías sin cuestionar el fundamento del internamiento. Como resume Fiala-Butora (2024), el Tribunal fue inicialmente receptivo a la CDPD, incluso a las llamadas del Comité a derogar la legislación de internamiento, para después distanciarse de ella en lo esencial, aunque la Convención ha influido en su tratamiento de la separación entre internamiento y tratamiento, de la contención y del maltrato institucional.
4. La interpretación del Comité CDPD: el paradigma abolicionista
4.1. Observación general n.º 1 (2014): capacidad jurídica
La Observación general n.º 1 sobre el artículo 12 es la piedra angular de la doctrina del Comité. Distingue entre capacidad mental —la aptitud de una persona para adoptar decisiones, que varía según las circunstancias— y capacidad jurídica —la condición de titular de derechos y de agente con facultad para ejercerlos—, y sostiene que los déficits, reales o percibidos, de la primera no pueden justificar restricciones de la segunda (Comité CDPD, 2014a, párrs. 13-15). En consecuencia, rechaza no solo los criterios basados en el diagnóstico (status approach), sino también los basados en el resultado de la decisión y los que se apoyan en una evaluación funcional de la capacidad, porque se aplican de forma discriminatoria a las personas con discapacidad (párr. 15).
Los sistemas de sustitución en la toma de decisiones deben reemplazarse por sistemas de apoyo, y cuando no sea posible determinar la voluntad de la persona tras esfuerzos considerables, debe aplicarse la «mejor interpretación posible de su voluntad y sus preferencias», no su «interés superior» (párr. 21). Respecto de la salud mental, el Comité afirma que el internamiento forzoso y el tratamiento sin consentimiento vulneran el artículo 12 y que las leyes de salud mental que los permiten deben derogarse (párrs. 40-42).
4.2. Directrices sobre el artículo 14 (2015)
Las Directrices sobre el derecho a la libertad y la seguridad de las personas con discapacidad, que desarrollan una declaración previa de 2014 (Comité CDPD, 2014b), formulan la prohibición en términos tajantes. El artículo 14 no admite excepciones que permitan detener a una persona por motivo de su deficiencia real o percibida (Comité CDPD, 2015, párr. 6). Las legislaciones que autorizan el internamiento cuando la deficiencia se combina con otros elementos —peligrosidad para sí o para terceros, necesidad de cuidados o de tratamiento— son igualmente incompatibles, porque esos criterios se aplican de forma discriminatoria (párrs. 6 y 13). El Comité añade que la detención involuntaria basada en el riesgo o la peligrosidad atribuidos a la deficiencia es contraria al artículo 14, que el internamiento psiquiátrico involuntario priva a la persona de su capacidad jurídica para decidir sobre su atención (párr. 10) y que las garantías procesales no subsanan la ilicitud de base.
Un aspecto relevante para el clínico es la respuesta a las crisis. El Comité no niega que existan situaciones de riesgo, pero sostiene que deben abordarse con los mismos instrumentos aplicables al resto de la población —por ejemplo, el derecho penal cuando se cometen delitos, con los ajustes de procedimiento necesarios— y mediante servicios de apoyo comunitarios, voluntarios y basados en derechos.
4.3. Desinstitucionalización y vida en la comunidad
La Observación general n.º 5 (2017) sobre el artículo 19 y las Directrices sobre la desinstitucionalización, incluso en situaciones de emergencia (Comité CDPD, 2022), extienden la perspectiva. La institucionalización se considera en sí misma una forma de discriminación y de violencia; los Estados deben dejar de invertir en instituciones, incluidas las unidades psiquiátricas de larga estancia, y redirigir recursos a servicios comunitarios. Las Directrices de 2022 piden expresamente derogar las leyes que permiten el internamiento y el tratamiento forzosos y prohibir la contención y el aislamiento.
4.4. Coherencia y divisiones dentro de Naciones Unidas
La posición del Comité ha sido respaldada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, cuyos Principios y Directrices Básicos de 2015 incorporan la prohibición del internamiento por motivo de discapacidad (Consejo de Derechos Humanos, 2015), y por el Relator Especial sobre la tortura, que calificó determinadas intervenciones psiquiátricas forzosas como posibles tratos crueles (Méndez, 2013). La guía conjunta de la Organización Mundial de la Salud y la Oficina del Alto Comisionado sobre legislación de salud mental también propone avanzar hacia la eliminación de la coerción (Organización Mundial de la Salud & Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [OMS & ACNUDH], 2023).
No todo el sistema universal coincide, sin embargo. La Observación general n.º 35 del Comité de Derechos Humanos sobre el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos admite el internamiento de personas con discapacidad cuando sea necesario y proporcional para protegerlas de daños graves o prevenir lesiones a terceros, como último recurso y con garantías (Comité de Derechos Humanos, 2014, párr. 19). Esta formulación es muy próxima a la del TEDH, lo que muestra que la fractura no enfrenta simplemente a Europa con Naciones Unidas, sino a dos concepciones dentro del propio derecho internacional de los derechos humanos (Martin & Gurbai, 2019).
4.5. Aplicación a los Estados: el caso español
En sus observaciones finales sobre España, el Comité ha recomendado derogar las disposiciones que permiten el internamiento involuntario por razón de discapacidad, incluido el artículo 763 LEC, y eliminar las prácticas de contención y tratamiento forzoso (Comité CDPD, 2011, 2019). La misma línea se ha seguido con otros Estados europeos; en 2025 el Comité expresó su preocupación por la falta de medidas en Finlandia para derogar las leyes que permiten la detención involuntaria por motivo de deficiencia (Barnes, 2026).
5. Análisis comparado: ¿coincidencia o discrepancia?
La respuesta corta es que ambos sistemas discrepan en la cuestión de principio y coinciden en buena parte de las cuestiones de aplicación. La tabla siguiente resume los principales ejes.
Cuestión | TEDH | Comité CDPD | Relación |
Legitimidad del internamiento por trastorno mental | Admisible (art. 5.1.e) si se cumplen los criterios Winterwerp | Prohibido cuando se basa total o parcialmente en la discapacidad | Discrepancia radical |
Peligrosidad como criterio adicional | Justificación válida; el trastorno no ha de ser tratable | Discriminatoria si se vincula a la deficiencia | Discrepancia |
Necesidad de tratamiento sin peligro | Insuficiente en el caso concreto (Plesó) | Inadmisible | Coincidencia parcial |
Papel de la capacidad de decisión | Relevante, no decisiva; admite sustitución con garantías | Irrelevante para restringir la capacidad jurídica | Discrepancia |
Tratamiento forzoso | Admisible con necesidad médica y salvaguardias (arts. 3 y 8) | Prohibido (arts. 12, 15, 17, 25) | Discrepancia |
Contención y aislamiento | Último recurso, mínimo tiempo, registro | Deben prohibirse | Coincidencia en el objetivo de reducirlos; discrepancia en el límite |
Garantías procesales y revisión judicial | Exigencia central | Necesarias pero no subsanan la ilicitud | Coincidencia instrumental |
Condiciones de vida en hospitales | Pueden vulnerar el art. 3 | Parte de la violencia institucional | Coincidencia |
Institucionalización prolongada | Vulnera el art. 5 si no hay revisión ni entorno terapéutico | Discriminatoria en sí misma; desinstitucionalización | Coincidencia parcial |
Discriminación por discapacidad | Aplicada a investigaciones y trato (Clipea y Grosu) | Fundamento de toda la doctrina | Convergencia incipiente |
5.1. El núcleo de la discrepancia: regulación frente a abolición
El TEDH parte de que el internamiento involuntario es una injerencia legítima en la libertad que hay que delimitar; el Comité, de que es una práctica discriminatoria que hay que eliminar. Esta diferencia no es de grado. Ninguna mejora de las garantías procesales, por exigente que sea, satisface al Comité, porque el problema no es cómo se interna sino por qué. A la inversa, el Tribunal no puede adoptar la lectura del Comité sin contradecir el tenor literal del artículo 5.1.e, que menciona expresamente a los «enajenados» (Heuwing, 2026).
La discrepancia se aprecia con nitidez en el tratamiento de la peligrosidad. Para el Tribunal, el riesgo de daño a la persona o a terceros, unido al trastorno, es la justificación paradigmática del internamiento. Para el Comité, el riesgo atribuido a la persona por su diagnóstico es precisamente el mecanismo discriminatorio, porque a las personas sin discapacidad no se les priva de libertad por un riesgo futuro sin haber cometido un delito. El Comité Director de Bioética del Consejo de Europa intentó tender un puente en 2011 al sostener que la discapacidad no puede justificar «por sí misma» una privación de libertad; pero, como observa Heuwing (2026), ese «por sí misma» equivale a los calificativos «únicamente» o «exclusivamente» que los redactores de la CDPD descartaron.
5.2. La capacidad como criterio: una divergencia dentro de la divergencia
Una parte relevante de la doctrina académica y de la psiquiatría ha propuesto que el criterio de internamiento no sea el diagnóstico ni la peligrosidad, sino la incapacidad para tomar la decisión concreta, aplicada con los mismos estándares que en el resto de la medicina (Szmukler et al., 2014; Scholten & Gather, 2018). Esta solución, adoptada parcialmente por Noruega en 2017, reduciría el carácter discriminatorio del internamiento. El Comité la rechaza, porque considera que las evaluaciones funcionales de la capacidad se aplican de forma desproporcionada a las personas con discapacidad. El TEDH, por su parte, nunca ha convertido la incapacidad en requisito del internamiento: admite internar a personas capaces si concurre el riesgo. Así, la propuesta intermedia se sitúa más cerca del Comité que el Tribunal, pero no satisface a ninguno de los dos.
5.3. Las zonas de coincidencia
Pese a la discrepancia de principio, la jurisprudencia de Estrasburgo ha recogido varias preocupaciones de la CDPD. El concepto amplio de privación de libertad (H.L., Stanev) protege a personas que antes quedaban fuera de toda garantía. La separación entre internamiento y tratamiento, con salvaguardias específicas para la medicación forzosa (X c. Finlandia), reconoce que estar internado no implica perder el derecho a rechazar un tratamiento. La exigencia de la alternativa menos restrictiva (Plesó) y de un entorno terapéutico (Rooman) responde, aunque desde otra lógica, a la crítica de la custodia sin tratamiento. Y la aplicación del artículo 14 CEDH a la discriminación por discapacidad en contextos psiquiátricos (Clipea y Grosu) introduce por primera vez el lenguaje de la igualdad en este ámbito (Fiala-Butora, 2024).
5.4. Una recepción selectiva e irregular
El uso que el Tribunal hace de la CDPD es intermitente. La cita en Glor c. Suiza (2009), Stanev (2012) o Plesó (2012), pero en otros asuntos similares la omite; en H.H. c. Finlandia (2025) ni siquiera la menciona entre los materiales internacionales relevantes, pese a que el Comité acababa de examinar a ese mismo Estado (Barnes, 2026). Parte de la doctrina sostiene que el Tribunal debería otorgar primacía interpretativa a la CDPD, como tratado posterior sobre la misma materia ratificado por todos los Estados parte (art. 31.3.c y 30.3 de la Convención de Viena) y en virtud del artículo 53 CEDH, que impide interpretar el Convenio limitando derechos reconocidos en otros tratados (Fiala-Butora, 2024). El Tribunal no ha aceptado ese razonamiento, y su cautela tiene también fundamento: el artículo 53 protege derechos reconocidos, pero la extensión de esos derechos depende de una interpretación del Comité que no es formalmente vinculante y que el Comité de Derechos Humanos no comparte.
6. El Consejo de Europa: el Protocolo de Oviedo como prueba de estrés
El conflicto doctrinal ha tenido su expresión institucional más clara en el proyecto de Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo sobre la protección de las personas con trastorno mental frente al internamiento y el tratamiento involuntarios. El Convenio de Oviedo (1997) ya permite, en su artículo 7, someter sin consentimiento a una persona con un trastorno mental grave a una intervención dirigida a tratarlo cuando, sin ella, exista riesgo de daño grave para su salud, y la Recomendación Rec(2004)10 del Comité de Ministros desarrolló los criterios de internamiento (Consejo de Europa, 1997, 2004).
Desde 2013, el Comité de Bioética trabajó en un Protocolo que codificara la jurisprudencia del TEDH y elevara el nivel de garantías en los Estados con legislación deficiente. El proyecto permitía el internamiento y el tratamiento cuando el estado de salud mental de la persona supone un riesgo significativo de daño grave para su salud —con la capacidad para decidir gravemente afectada— o para terceros, siempre con finalidad terapéutica y en ausencia de alternativas voluntarias suficientes, y regulaba el aislamiento y la contención (Heuwing, 2026).
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) se opuso al proyecto de forma reiterada. En su Recomendación 2091 (2016) pidió retirarlo, por considerar que mantener el trastorno mental como base del internamiento era incompatible con la CDPD y que, por tanto, no cumplía el requisito de oportunidad (APCE, 2016). En 2019 propuso reorientar los esfuerzos hacia la eliminación de la coerción en salud mental (APCE, 2019). En mayo de 2022 el Comité de Ministros suspendió su examen, ordenó elaborar una recomendación para promover las medidas voluntarias en salud mental y un informe sobre la jurisprudencia del TEDH, e impuso la participación de las organizaciones de personas con discapacidad (Alzheimer Europe, 2022). El 28 de enero de 2026, la APCE rechazó el proyecto por unanimidad (Heuwing, 2026).
El Comité CDPD intervino directamente en el proceso. En una carta abierta de 2026 calificó el proyecto de incompatible con la Convención y advirtió que los Estados parte en la CDPD que lo ratificasen incumplirían la obligación del artículo 4.1 de abstenerse de actos incompatibles con ella (Heuwing, 2026). El Comité de Ministros, por su parte, ha dado señales ambivalentes: el 17 de junio de 2026 adoptó una Recomendación sobre el respeto de la autonomía en la atención de salud mental, que reafirma el consentimiento libre e informado como regla aunque mantiene excepciones basadas en la capacidad, mientras que un estudio encargado por su secretaría habría concluido que el Protocolo no es contrario a la CDPD (Heuwing, 2026). A la fecha de este trabajo, la decisión final corresponde al Comité de Ministros, que no está vinculado por el dictamen de la Asamblea.
El episodio confirma tres cosas. Primero, que dentro del propio Consejo de Europa conviven el enfoque regulador del Tribunal y del Comité de Bioética y un enfoque más próximo a la CDPD en la Asamblea Parlamentaria. Segundo, que el rechazo del Protocolo no altera la jurisprudencia del TEDH ni las legislaciones nacionales, que siguen permitiendo el internamiento (Heuwing, 2026). Tercero, que existe una diferencia práctica entre la jurisprudencia, que puede evolucionar de forma incremental, y un tratado, que habría consolidado la divergencia de forma mucho más difícil de revertir.
7. Implicaciones para España y para la práctica clínica
7.1. El ordenamiento español entre ambos sistemas
El artículo 763 LEC regula el internamiento no voluntario «por razón de trastorno psíquico» de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí, con autorización judicial previa o, en caso de urgencia, con ratificación judicial en un plazo de 72 horas desde que el centro comunica el ingreso, que debe hacerse en 24 horas. Exige que el juez oiga a la persona, examine el informe de un facultativo y reciba informes periódicos semestrales sobre la necesidad de mantener la medida. Este diseño es plenamente coherente con la doctrina del TEDH: autoridad judicial, pericia médica, urgencia excepcional y revisión periódica.
El Tribunal Constitucional ha reforzado estas garantías. En la STC 132/2010 declaró inconstitucional, aunque sin nulidad, que el internamiento se regulase en una ley ordinaria, al tratarse de una privación de libertad que exige ley orgánica (art. 81 CE), e instó al legislador a corregirlo, lo que hizo la Ley Orgánica 8/2015, que atribuyó carácter orgánico al precepto. En la STC 141/2012 precisó las exigencias del internamiento urgente: el control judicial debe ser efectivo y los plazos son garantías esenciales, no meros trámites.
Por otra parte, la Ley 8/2021, de 2 de junio, reformó la legislación civil para adaptarla al artículo 12 de la CDPD: suprimió la incapacitación judicial y la tutela de adultos, priorizó las medidas voluntarias de apoyo y estableció que las decisiones deben respetar la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona. Sin embargo, la reforma mantuvo en lo sustancial el régimen del internamiento involuntario. España se encuentra así en una posición dual: alineada con el TEDH en materia de internamiento y en tránsito hacia la CDPD en materia de capacidad jurídica, lo que el Comité ha señalado como una incoherencia (Comité CDPD, 2019).
El criterio del artículo 763 LEC —que la persona «no esté en condiciones de decidirlo por sí»— merece una observación. A diferencia de muchas legislaciones europeas, no menciona expresamente la peligrosidad y se aproxima a un modelo basado en la capacidad. Esto lo sitúa más cerca de las propuestas intermedias que del modelo clásico de riesgo, aunque en la práctica judicial el riesgo sigue teniendo un peso considerable.
7.2. Qué significa para el psiquiatra
La divergencia doctrinal no paraliza la práctica, pero sí la orienta. El psiquiatra que aplica el artículo 763 LEC actúa conforme al derecho vigente y a la jurisprudencia del TEDH. Ahora bien, el estándar internacional se mueve, y los siguientes elementos son exigibles hoy desde ambos sistemas o desde el TEDH y se alinean además con la dirección que marca la CDPD:
Documentar la necesidad concreta. El informe debe justificar el trastorno, su gravedad actual, la razón por la que no basta una alternativa voluntaria o ambulatoria y, en su caso, el riesgo concreto, no genérico (Winterwerp, Plesó).
Separar internamiento y tratamiento. La autorización del internamiento no equivale a autorización para medicar sin consentimiento; el tratamiento forzoso requiere su propia justificación, registro y posibilidad de revisión independiente (X c. Finlandia).
Contención como último recurso. Cualquier sujeción debe ser excepcional, breve, supervisada y registrada (M.S. c. Croacia [n.º 2]); los programas de reducción de la coerción son compatibles con ambos sistemas (Sashidharan et al., 2019).
Garantizar el entorno terapéutico. El internamiento sin tratamiento individualizado es contrario al artículo 5 (Rooman).
Incorporar la voluntad y las preferencias. La planificación anticipada de decisiones, los planes de crisis acordados y el apoyo en la toma de decisiones responden al artículo 12 CDPD y a la Ley 8/2021, y reducen los ingresos involuntarios.
Revisar la necesidad de forma continuada. El alta debe producirse en cuanto desaparezcan los motivos, sin esperar al informe semestral (Johnson, N. c. Rumanía).
El punto en el que el clínico no encontrará orientación unívoca es el de las situaciones de alto riesgo en personas con su capacidad de decisión gravemente afectada. Aquí la CDPD, en la lectura de su Comité, exige respuestas sin coerción que todavía no existen de forma generalizada, mientras que el TEDH impone, en virtud del artículo 2, obligaciones positivas de protección de la vida (Fernandes de Oliveira). Las críticas de Freeman et al. (2015) y Appelbaum (2019) se centran precisamente en este punto: la abolición sin alternativas consolidadas podría trasladar a las personas con trastorno mental grave a la desatención o al sistema penal. La respuesta del Comité es que la ausencia de alternativas es una obligación de los Estados, no un argumento para mantener la coerción (Comité CDPD, 2022).
8. Conclusiones
La doctrina del TEDH sobre el internamiento involuntario discrepa de la interpretación del Comité CDPD en su núcleo: para Estrasburgo, el trastorno mental de gravedad suficiente, acreditado médicamente y sometido a control judicial, justifica la privación de libertad; para el Comité, cualquier internamiento basado total o parcialmente en la discapacidad es discriminatorio y debe abolirse. La divergencia es de paradigma —regulación frente a abolición— y no puede resolverse mediante mejores garantías procesales.
La discrepancia es menor con el texto de la CDPD que con su interpretación. El artículo 14 no prohíbe expresamente todo internamiento, y la Observación general n.º 35 del Comité de Derechos Humanos sostiene una posición próxima a la del TEDH. El conflicto enfrenta, por tanto, dos interpretaciones autorizadas del derecho internacional, no un tratado frente a otro.
Existe una amplia zona de coincidencia en el plano práctico: concepto amplio de privación de libertad, separación entre internamiento y tratamiento, alternativa menos restrictiva, exigencia de un entorno terapéutico, restricción severa de la contención, rechazo de la institucionalización prolongada y, desde Clipea y Grosu (2024), aplicación incipiente de la prohibición de discriminación por discapacidad.
La recepción de la CDPD por el TEDH es selectiva. Tras un periodo de apertura, el Tribunal declaró en Rooman (2019) que no adopta la interpretación del Comité, y en H.H. c. Finlandia (2025) prescindió de toda referencia a la Convención. No hay indicios de que vaya a modificar su posición a corto plazo.
El rechazo unánime del Protocolo de Oviedo por la Asamblea Parlamentaria en enero de 2026 es una señal política relevante, pero no cambia el derecho aplicable: el Convenio Europeo y su jurisprudencia siguen permitiendo el internamiento.
España ocupa una posición intermedia: el artículo 763 LEC es conforme con el TEDH, la Ley 8/2021 se aproxima a la CDPD en materia de capacidad jurídica, y el régimen del internamiento solo adquirió rango orgánico en 2015, tras la STC 132/2010. Para el psiquiatra, el camino más sólido no es esperar a que se resuelva el conflicto doctrinal, sino aplicar con rigor los estándares compartidos: justificar la necesidad concreta, minimizar la duración y la intensidad de la coerción, incorporar la voluntad y las preferencias de la persona, y contribuir a desarrollar las alternativas comunitarias sin las cuales el horizonte abolicionista de la CDPD no puede alcanzarse de forma responsable.
Referencias
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